POLITICA
El controversial vínculo entre María Eugenia Vidal y el juez Ariel Lijo
Aunque la diputada nacional, María Eugenia Vidal, no participará en la votación para designar a juez Ariel Lijo como potencial juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su llamativo apoyo ha generado controversias.
Los vínculos entre Vidal y Lijo se remontan a la causa 3582/22, que investiga presuntos casos de enriquecimiento ilícito por parte de la exgobernadora y que se encuentra bajo la órbita del juzgado Federal Nro. 12, cuyo juez subrogante es Ariel Lijo. A pesar de no tener un rol directo en la votación del pliego, que será sometido al escrutinio del Senado de la Nación, su apoyo indirecto podría estar relacionado con dicha investigación.
La causa indaga la adquisición de un departamento valuado en 500 mil dólares por parte de Vidal, cuyo patrimonio declarado previo arroja dudas sobre la transparencia de la transacción. La compra, realizada por 340 mil dólares mediante una hipoteca y un pago en efectivo, plantea interrogantes sobre la autenticidad de la operación y la posible participación de un testaferro.
Brenda Biondi, presunta acreedora vinculada a la exgobernadora a través de su padre, Mario Biondi, exdirector del Banco Provincia, emerge como un actor clave en este entramado. El hecho de que compartan el mismo domicilio fiscal y mantengan otros lazos personales sugiere un posible conflicto de intereses, poniendo en tela de juicio la legitimidad de la transacción.
Las sospechas se agudizan con la revelación de un viaje conjunto de Vidal y Biondi a Estados Unidos en 2016, lo que alimenta especulaciones sobre la veracidad de la operación inmobiliaria. Estos descubrimientos plantean serias interrogantes sobre la integridad y legalidad de las acciones de la exmandataria y sus conexiones con el sistema judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Un sector de la CGT irá a la Justicia por la restitución de Ganancias y marchará a Tribunales
Un sector de la CGT judicializará la restitución del Impuesto a las Ganancias y marchará al Palacio de Tribunales en los próximos días. Así lo definieron el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, en un encuentro realizado este jueves en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).
Sin embargo, no se trató de una decisión unánime en el sindicalismo: no participaron de la reunión el líder de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), ni su adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). Ambos -al igual que otros- eligieron tomar distancia a la espera de que la CGT defina en conjunto su estrategia contra Ganancias.
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Se espera que los abogados de la central obrera definan un curso de acción en los próximos días. Es la misma forma de proceder que llevaron a cabo con el mega DNU de Javier Milei, que terminó con el apartado de la reforma laboral judicializada.
Este jueves se decidió también crear una “mesa técnica” con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias. Además, acordaron realizar asambleas informativas una vez que se haga la presentación ante la Justicia.
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“Ganancias es un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios”, aseguró Pablo Moyano en el encuentro. Además, consideró que hay una “contradicción” por parte del Gobierno porque “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.
En la misma línea, el líder de Camioneros confirmó que habrá una protesta con movilización a Tribunales a fines de julio o principios de agosto “para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia”.
En tanto, la mesa chica de la CGT volverá a reunirse la semana próxima con una cuestión central por encima de todos los temas de la agenda sindical: cómo seguirá la relación con el Gobierno. Allí se discutirá también la estrategia judicial en torno a Ganancias. De momento, la intención es que las denuncias judiciales no sean impulsadas desde la central obrera, sino desde los sindicatos.
En este sentido, el Ejecutivo busca acordar con los gremialistas la reglamentación de la modernización laboral. De esta manera, intentan reducir los efectos de algunos artículos para evitar impugnaciones judiciales.
GANANCIAS, CGT, Gobierno
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