Aunque la diputada nacional, María Eugenia Vidal, no participará en la votación para designar a juez Ariel Lijo como potencial juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su llamativo apoyo ha generado controversias.

Los vínculos entre Vidal y Lijo se remontan a la causa 3582/22, que investiga presuntos casos de enriquecimiento ilícito por parte de la exgobernadora y que se encuentra bajo la órbita del juzgado Federal Nro. 12, cuyo juez subrogante es Ariel Lijo. A pesar de no tener un rol directo en la votación del pliego, que será sometido al escrutinio del Senado de la Nación, su apoyo indirecto podría estar relacionado con dicha investigación.

La causa indaga la adquisición de un departamento valuado en 500 mil dólares por parte de Vidal, cuyo patrimonio declarado previo arroja dudas sobre la transparencia de la transacción. La compra, realizada por 340 mil dólares mediante una hipoteca y un pago en efectivo, plantea interrogantes sobre la autenticidad de la operación y la posible participación de un testaferro.

Brenda Biondi, presunta acreedora vinculada a la exgobernadora a través de su padre, Mario Biondi, exdirector del Banco Provincia, emerge como un actor clave en este entramado. El hecho de que compartan el mismo domicilio fiscal y mantengan otros lazos personales sugiere un posible conflicto de intereses, poniendo en tela de juicio la legitimidad de la transacción.

Las sospechas se agudizan con la revelación de un viaje conjunto de Vidal y Biondi a Estados Unidos en 2016, lo que alimenta especulaciones sobre la veracidad de la operación inmobiliaria. Estos descubrimientos plantean serias interrogantes sobre la integridad y legalidad de las acciones de la exmandataria y sus conexiones con el sistema judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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