El decreto de necesidad y urgencia que Javier Milei firmó la semana pasada quedó atravesado por una lucha interpretativa y una disputa política, sirvió a la CGT de excusa para llamar a su primer paro en más de 4 años, tensionó la relación entre oficialismo y oposición, incluso entre los sectores más colaborativos y recién comienza a regir en estas horas.

La suerte del DNU quedó, en parte, en manos de la Justicia, y, en parte, en manos del Congreso. Pero el tratamiento parlamentario sumó incertidumbre en las últimas horas: el Gobierno incluyó el decreto como un artículo dentro de la Ley Ómnibus que envió a Diputados. ¿Un guiño a la oposición o un intento por blindarlo?

Este miércoles, el Poder Ejecutivo presentó en la Cámara Baja la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, que incluye 664 artículos de reformas profundas en materia económica, tributaria, energética, política, social, penal, educativa, de defensa y seguridad, entre otras áreas, además de delegación de facultades legislativas al Presidente. El artículo 654 reza: “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23″. La incorporación de ese punto generó distintas reacciones entre las bancadas, incluso diferencias de interpretación entre legisladores del mismo bloque.

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Como se informó, según la ley que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, el DNU debería ser enviado la semana que viene a la Bicameral de Trámite Legislativo (hasta ahora no ha sido constituida), que debe emitir un dictamen dentro de los 10 días. El despacho debe ser tratado tanto en el recinto del Senado como en el de Diputados: la única forma que el DNU sea rechazado es si las dos cámaras lo rechazan. Cualquier otro escenario supone que el decreto sigue vigente.

Hasta antes del miércoles, en el Congreso se asumía que el decreto -aunque se conformara la Bicameral- recién podría llegar al recinto en marzo, porque Milei no lo había incluido en la lista de temas del llamado a extraordinarias. Ahora, en ambas cámaras del Congreso, incluso en el oficialismo, interpretan que con la incorporación del artículo sobre el DNU en la Ley Ómnibus, queda habilitado su tratamiento durante el periodo de extraordinarias, que finaliza el 31 de enero.

Bloques opositores, como la UCR o espacios federales, que han planteado predisposición para “colaborar”, negociar leyes y dar “gobernabilidad”, habían pedido que el Gobierno mande como proyectos de ley, a modo de “espejo”, lo mismo que decidió a través del decreto. El argumento fue que el DNU, una vez en la Bicameral, no puede ser dividido, debe aprobarse o rechazarse íntegramente, todos sus artículos. Es decir, no había forma de acompañar una parte sin acompañar todo.

Tras la inclusión del DNU en la Ley Ómnibus, en algunos bloques como la Coalición Cívica hicieron una curiosa lectura: “Con su inclusión, el presidente reconoce que el contenido de su decreto podría haber sido promovido a través del proceso normal de formación y sanción de las leyes y de esta manera es posible que podamos ratificar tema por tema del DNU haciendo un estudio serio, riguroso y responsable de la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo”, dijo en Twitter su presidente, Maximiliano Ferraro, mano derecha de Elisa Carrió.

Es decir, si fuera así, los bloques opositores podrían “ratificar” los artículos del decreto que consideren válidos y no ratificar los que no quieren acompañar. La interpretación, sin embargo, por el momento, no fue acompañada por otras bancadas, y tampoco por el oficialismo.

“La lectura que se puede hacer es que en alguna medida se está incorporando el DNU al temario de extraordinarias. Si eventualmente se constituyera la comisión de DNU y se tuviera un dictamen antes del 31 de enero, el Congreso estaría habilitado para tratarlo en las dos cámaras. Pero igual no hay chance de que esto vaya a suceder antes de que termine enero”, advertía una importante fuente legislativa de La Libertad Avanza.

“Es bastante común que una ley ratifique un DNU previo. Si Diputados la aprobara mañana, no tendría sentido que pase por la Bicameral. Pero siempre se ratifica un decreto entero o no se ratifica entero. Parece muy forzado interpretar que ahora se puede dividir en artículos”, dijo a TN Pablo Tonelli, exdiputado del PRO durante 15 años y abogado constitucionalista.

“Ratificarlo, aunque sea por una sola cámara, te da más argumentos en la Justicia, es como un refuerzo de validez”, agrega Tonelli. El DNU viene acumulando desde antes de su entrada en vigencia numerosas impugnaciones judiciales y precautelares, incluidas la de la Confederación General del Trabajo (CGT). Es decir, ratificarlo supondría un intento por blindarlo ante la Justicia, donde la prueba podría ser más difícil que en el Congreso.

Entre disputas interpretativas, el decreto parece destinado por el momento a tener un tratamiento lento en el Congreso. Para empezar, debería conformarse la Bicameral de Trámite Legislativo. La comisión está compuesta por 8 senadores y 8 diputados, pero venía trabada en la Cámara Baja.

Según informaron en el Senado, la Bicameral estará presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Los otros siete miembros por la Cámara Alta serán: 1 de la UCR (Victor Zimmermann); 1 del PRO (Luis Juez); 1 de Cambio Federal (Juan Carlos Romero); 1 por Unidad Federal (Carlos Camau Espínola) y 3 de Unión por la Patria.

Por si faltaran “luchas interpretativas”, en Diputados, la discusión pasaba por cuántos miembros deberían quedar para UxP, que pretendía tener 4 integrantes, pero en el resto de los bloques y en el nuevo oficialismo estimaban que le correspondía lo mismo que en el Senado: 2 para LLA, 1 para PRO, 1 de UCR, 1 de “Hacemos Coalición Federal” y 3 UxP. Hay quienes, sin embargo, advierten que el Gobierno estaría dilatando la discusión por la integración adrede.

En La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques federales admitían que, más allá de las discusiones reglamentarias, probablemente el DNU no llegaría a estar listo para ir al recinto antes de marzo, siempre que no ocurra nada que modifique demasiado el clima político actual. Algunos se encargaron en las últimas semanas de recopilar información.

“Desde el 2004 al 2006, hubo 448 decretos que no tuvieron tratamiento parlamentario. Desde 2007 a 2023, hubo 177 decretos sin tratamiento. No es que hay una tradición de desesperación por tratar decretos, no vengan ahora a apurar algo que nunca se encargaron de discutir”, concluyó, en diálogo con este medio, un legislador que no pertenece ni al oficialismo ni al kirchnerismo.

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