Una joven de dieci´seis años de Rauch que necesitaba un traslado urgente a un hospital pediátrico fue rechazada la institución platense. Las denuncias por la situación crítica de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina se multiplican. Tampoco se están autorizando medicamentos de alto costo.

A dos semanas de que la superintendencia de Servicios de Salud haya intervenido la obra social OSPRERA de los trabajadores rurales, se acumulan denuncias por cortes en los servicios prestacionales, interrupciones en la entrega de medicamentos a pacientes con cáncer y abandono de las familias rurales.

El sábado 26 de octubre la superintendencia de Salud emitió una resolución, Nro. 3.948/24, mediante la cual dispusó sustituir al consejo directivo de la obra social OSPRERA. El mismo estuvo en funciones sólo 28 días, tras quince meses de una intervención judicial, y había sido aprobado su mandato por cuatro años por el propio ente.

Más allá de las irregularidades en las que se formalizó la intervención -fuera de horario administrativo, impidiendo el derecho a la defensa- a dos semanas de formalizada, se puso en riesgo la salud de los más de 700 mil afiliados que OSPRERA tiene a lo largo y ancho del país.

A lo largo de estos últimos quince días se recibieron denuncias por cortes generalizados de servicios médicos, luego de que, con fecha del 31/10/2024, hayan caducado los convenios prestacionales afectando la cobertura de los beneficiarios.

Asimismo, luego de la intervención de la obra social, se bloquearon las cuentas bancarias de las delegaciones de OSPRERA, en todo el país, interrumpiendo la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de los beneficiarios. Se han dejado de autorizar, y por ende de liberar las compras, de medicamentos de alto costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves. 

Entre los casos más graves resuena uno particular, el de Magdalena Gonzalez, paciente oncológica de dieciséis años, oriunda de Rauch, quien requirió un traslado urgente a un centro de complejidad pediátrica y fue rechazada en dos instituciones (IPENSA en La Plata y Sanatorio Güemes en CABA) por “corte de servicios” por parte de la obra social. La familia terminó pagando 70 millones de pesos para que la acepten, cifra millonaria de la que se hizo cargo UATRE.

Ipensa.

La situación se agrava a medida que pasan los días, ante la inacción de la intervención dispuesta por la superintendencia de Servicios de Salud que controla Gabriel Oriolo. Los prestadores dejaron de recibir los pagos programados para garantizar la continuidad de los servicios a los beneficiarios. La suspensión de pagos generalizada genera además intereses, multas, punitorios y mayores costos, lo que traerá consecuencias doblemente graves, y que no encuentra justificación alguna ya que la obra social cuenta con todos los recursos de ingresos inmovilizados que se vienen acumulando en las cuentas bancarias. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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