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El escándalo por la visita de diputados libertarios a represores en Ezeiza finalizará sin investigación y con una posible sanción leve

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Con el guiño de la UCR y de Pro, el oficialismo truncó la intención del kirchnerismo y la izquierda de someter a investigación el escándalo que desató la visita de seis diputados libertarios a represores detenidos por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. El episodio, que escaló con la divulgación de chats privados que dan cuenta de presuntos proyectos para beneficiar a los condenados, se cerraría la semana próxima con una declaración de repudio o, a lo sumo, un apercibimiento.

Esta cuestión fue motivo de un acalorado debate de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. El kirchnerismo denunció, en el arranque, que detrás de este episodio hay “un plan de impunidad con el objetivo de liberar genocidas” y que esto amerita una investigación por parte de los diputados que debería, al menos, incluir la citación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante las sospechas de que habría facilitado el ingreso de los seis libertarios al penal de Ezeiza.

“Lo único que pretenden es montar es un circo político”, enfatizó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien leyó en voz alta la posición de su bloque.

Pese a los gestos de acercamiento, sigue el malestar en Pro por el juego ambivalente de Milei

“No hay un plan secreto ni conspiración para garantizar impunidad, ya lo aclaró Javier Milei públicamente –enfatizó–. Se puede valorar una visita, se la puede repudiar. Pero imponer sanciones o expulsiones es otra cosa, sería crear antecedentes muy peligrosos. En esta Cámara hubo diputados que compartieron fotos con dictadores como Nicolás Maduro o Fidel Castro, con dictadores de otros países también condenados por delitos de lesa humanidad, fotos que también son reprochables. Imaginen diputados que sean expulsados por esas fotos”.

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Desde el kirchnerismo, los diputados Vanesa Siley, Paula Penacca, Cecilia y Leopoldo Moreau y, por último, Germán Martínez, insistieron a coro que no basta una declaración de repudio o, como calificó Martínez, una “sanción light”. Martín Soria fue más allá e incluso advirtió que en la visita a Ezeiza habrían concurrido delitos como abuso de poder, tráfico de influencias, cohecho y, por si fuera poco, asociación ilícita.

“Esto no fue solo una visita, una visita aislada. Hubo otra anterior, el 11 de marzo. En los chats aparecen más nombres de diputados, además de los que fueron a Ezeiza. Uno de ellos [el entrerriano Beltrán Benedit, el organizador de la visita] comenta que le pidió a la ministra [Bullrich] que se eliminen los procedimientos habituales y legales para el ingreso al penal. ¿O habrá sido la ministra la que le propuso facilitarle el ingreso al diputado? ¿No les genera ninguna pregunta esto?”, acicateó la diputada Penacca.

“Por eso hay que investigar y no sancionar a la marchanta. Payasada es pretender cerrar el tema rapidito con un apercibimiento, un ´chas chas en la cola´ y sin investigar”, agregó Penacca. Cecilia Moreau asintió. “Sí hay un plan, un plan que confesaron los propios diputados con genocidas. No lo decimos nosotros: si esto llegó a los medios fue porque los propios diputados lo hicieron público”, aguijoneó.

Paula Penacca

Pese a la insistencia de los kirchneristas, tanto el oficialismo como los diputados de Pro y la UCR no mostraron entusiasmo alguno por iniciar una investigación. Todo lo contrario. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, fue clara: su comisión no tiene facultades investigativas. “Solo la tiene la Comisión de Juicio Político”, enfatizó.

Lospennato agregó que si bien la Cámara baja puede crear una comisión investigadora, esta tiene que crearse por ley, es decir, con el aval del recinto. El kirchnerismo y la izquierda no tienen la mayoría para imponer este criterio, y el oficialismo como sus aliados lo saben.

De allí a que la intención del oficialismo sea cerrar el episodio la semana próxima. A propuesta del diputado radical Fernando Carbajal se acordó citar para la semana próxima a los seis diputados libertarios a que formulen su descargo antes de definir una eventual sanción, una facultad que sí tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Siempre un organismo con potestad sancionatoria debe tener que garantizar el derecho a ser oído. Desde nuestro bloque queremos asegurar este derecho”, enfatizó Carbajal.

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Habrá que ver si los seis libertarios concurrirán a dar su descargo; podrán hacerlo en persona o por escrito, sugirió Lospennato. Posteriormente se dictaminará, indicó. Esta instancia también promete desatar un fuerte debate: varias son las voces que creen que los legisladores involucrados no cometieron ninguna falta.

Aquí no hubo delito, tampoco una falta de decoro. Nosotros no somos quiénes para decirle a un diputado qué proyecto puede presentar o no. Yo no votaría una amnistía para los represores, pero un diputado tiene todo el derecho a presentarlo como yo tengo todo el derecho a no votarlo. El que juzga es el voto popular”, enfatizó Alejandro Finocchiaro, de Pro.

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La oposición se activa en Diputados y explora las opciones para investigar el escándalo cripto

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Diputados de los bloques de la oposición junto al kirchnerismo exploran las distintas alternativas que tiene el Congreso para investigar el escándalo de $LIBRA, que tiene a Javier Milei como el principal señalado por haber promocionado la criptomoneda. En principio, después del 1ro. de marzo, cuando el Presidente dejará inaugurado el período ordinario de sesiones, solicitarán una sesión especial para emplazar el tratamiento en comisión de distintos proyectos que ya fueron presentados para determinar la responsabilidad del líder de La Libertad Avanza.

Lo que está claro es que el Presidente no quedó blindado luego del bochorno que se dio este jueves en la Cámara Alta, donde a partir de una maniobra que dejó expuesta a la UCR se bloqueó el proyecto de creación de una comisión investigadora de la presunta estafa que era impulsado por el mismo bloque.

Incluso, el jefe de la bancada, el correntino Eduardo Vischi, junto a otros cinco senadores que responden a sus gobernadores, dio el voto para que se trate el tema sobre tablas pero a la hora de apoyar su propia propuesta terminó votando en contra.

Fuentes legislativas anticiparon a Clarín que después del feriado de Carnaval, la oposición apurará una sesión para emplazar al oficialismo a que se traten los proyectos vinculados con el caso de la memecoin. Los contactos entre los distintos bloques comenzaron esta semana tras estallar el escándalo, pero las acciones habían quedado a la espera de lo que podría ocurrir en el Senado, donde la presión de los gobernadores fue más fuerte que las intenciones de investigar el hecho que golpea a la Casa Rosada.

El bloque de Miguel Angel Pichetto busca las interpelaciones de distintos funcionarios por el criptogate.
Foto Federico López Claro.

Tres líneas de acción

En Diputados se manejan hasta el momento 3 líneas de acción. El kirchnerismo ya anticipó que va por el Juicio Político aún sin tener los dos tercios para avanzar en el recinto. La lectura que hacen en el bloque que conduce Germán Martínez es clara: la única comisión que tiene «potencia investigativa» es la de Juicio Político, independientemente de si al final del camino se consiguen los dos tercios en el recinto para avanzar con la destitución.

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Sin embargo, la cuestión de fondo es que Martín Menem desconoce la conformación de Juicio Político, que para la oposición es presidida por Marcela Pagano (LLA) por lo aprobado en una reunión de abril del año pasado.

Según pudo averiguar este diario, el presidente de la Cámara ya comenzó a operar para conseguir los apoyos y convocar a una reunión constitutiva de la comisión. Así busca desplazar a la periodista que es resistida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pagano, mientras tanto, no cede a las presiones.

Pero volviendo a las estrategias que se perfilan en Diputados, los radicales díscolos de Democracia para Siempre presentaron tres proyectos pidiendo la interpelación de Francos, un pedido de informes del Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora. Esta última opción es la que buscan apuntar en la negociación con el resto de la oposición.

Mientras que Encuentro Federal, el espacio que comanda Miguel Angel Pichetto, quiere avanzar con las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Karina Milei; al ministro de Justicia, Marinao Cúneo Libarona; y al vocero presidencial Manuel Adorni.

En el bloque de la UCR analizaron la situación Rodrigo De Loredo, Karina Banfi y Soledad Carrizo. En principio, la conclusión a la que llegaron es que no se van a prestar a «la cacería de brujas desestabilizante del kirchnerismo».

«Vamos a diferenciarnos del Senado, donde se fueron de boca y quedaron como unos ridículos», indicó un operador radical, quien no descartó la posibilidad de que un sector adhiera a la interpelación de Francos.

La Coalición Cívica, por su parte, se mantiene con los pedidos de informes al Ejecutivo y la presentación en la justicia penal, mientras que la izquierda ya presentó un proyecto pidiendo la interpelación de Milei.

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El PRO emitió este viernes un comunicado en el que rechaza toda intervención del Congreso y fundamenta que por tratarse de un delito debe ser investigado por la Justicia. El oficialismo, en tanto, busca evitar que avance estos temas y desde la última sesión, en la que se aprobó Ficha Limpia, transmitió a su tropa la intención de mantener inactivo el parlamento.

La oposición pedirá una sesión para emplazar al oficialismo

Con las cartas sobre la mesa, la oposición espera definir en los próximos días la fecha en la que solicitará una sesión especial con el objetivo de emplazar el tratamiento en comisión de los tres temas. Pero primero deberá juntar el quórum y entre los tres espacios llegan a 126 diputados. Hay que tener en cuenta que los gobernadores también van a jugar en esta partida. Por lo que deberán buscar apoyo en la izquierda y en Innovación Federal, que según lo ocurrido en el Senado estuvieron divididos.

En el PRO rechazan la intervención del Congreso y fundamentan que lo debe resolver la Justicia. Foto: Federico López Claro.En el PRO rechazan la intervención del Congreso y fundamentan que lo debe resolver la Justicia. Foto: Federico López Claro.

En el caso de reunir los 129 para el quórum y conseguir los apoyos, el cuerpo tendrá que emplazar, en el caso de las interpelaciones, a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz.

Mientras que por la comisión investigadora se debería hacer un plenario con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que está a cargo de Silvia Lospennato. Y por la propuesta de Unión por la Patria sólo se emplaza a Juicio Político, que primero deberá resolver el conflicto de su integración.

En el caso de las interpelaciones y la comisión se podrá dictaminar con la mayoría simple, pero deberá pasar por el recinto para su aprobación, donde también pasarán con el voto de mitad más uno de los presentes.

Pero en el caso de Juicio Político, la investigación se inicia sólo con la aprobación de la admisibilidad, es decir, que el apoyo de la mayoría simple de la comisión y no necesita ser avalada por la totalidad del cuerpo. Sólo después de emitir el despacho acusatorio tendría chance de llegar al recinto, donde se requieren los dos tercios para solicitar al Senado que se convierta en tribunal para juzgar la acción del Presidente.

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