El nuevo régimen penal juvenil, sancionado por el Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:

-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su fi­nalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de dere­chos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asisten­cia legal, eficaz e idónea.

-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.

-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las pe­nas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.

-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la liber­tad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos ter­cios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá dis­poner que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acon­dicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.

-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.

Javier Milei convenció a la mayoría de los actores políticos que son lo que él decía que eran: oportunistas que se mueven por ambición personal o instinto de supervivencia antes que por valores o vocación institucional. Así logró, con particular éxito, acelerar la descomposición del sistema en el que le toca operar.

El mundo opositor es hoy un valle de resignación. Todos actúan como si la reelección de Milei en 2027 fuera un hecho inevitable.

La estrategia libertaria aprovecha esa ventaja para intentar un cambio de régimen que implica el desguace del modelo económico y social en el que prosperaron sus rivales. Navega en aparente tranquilidad incluso cuando el presente discurre entre incertidumbres materiales, como la inflación que no termina de ceder, la actividad estancada y el cierre de empresas. Tiene a su favor un período prolongado de calma cambiaria y viento a favor financiero.

La crisis peronista simboliza la época. No hay liderazgos que se postulen para suceder a Cristina Kirchner, presa en su casa y en un declive difícil de torcer.

Los más férreos antagonistas internos a su conducción prefieren abrazar a Milei antes que proponer una oposición diferente. Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) hicieron campaña por Sergio Massa en 2023 y enfrentaron a La Libertad Avanza (LLA) el año pasado. Ahora han sido vitales para que el gobierno libertario consiguiera una reforma laboral que presentó como un acto de antiperonismo explícito.

Se sumaron en el Senado a la ofensiva con la que Patricia Bullrich despojó al bloque peronista de todos los cargos institucionales. Y prometen fidelidad en las reformas sucesivas siempre que se mantenga el precio acordado por la subordinación: transferencias de fondos y leyes que fortalezcan las cajas de sus provincias.

La lógica de ese peronismo del interior se basa en que no tiene capacidad de pelear hoy el poder nacional, pero sí de blindar el territorio conquistado. Describen al PJ de Cristina como un partido del conurbano, que ya no los interpreta. Apuestan a que Milei los va a necesitar en 2027. Que no le irá tan bien como para plantarles un sucesor en la provincia ni tan mal como para que su ayuda de hoy les pase factura con su electorado. Es un fino equilibrio: la hegemonía libertaria que hoy facilitan puede ser la espada que los decapite el año que viene.

El Senado alumbró esta semana un frente no kirchnerista de 47 bancas, una menos que el límite de dos tercios que se requiere para nombrar un juez de la Corte. Bullrich y la Casa Rosada retribuyeron el gesto a los gobernadores amigables con la designación de la jujeña Carolina Moisés como vicepresidenta de la Cámara. Otra ultrakirchnerista reciente a la que se le abrieron las aguas del Mar Rojo.

El gran drama peronista transcurre en Buenos Aires, donde Axel Kicillof construye su plataforma presidencial. El proyecto, por mucho que disimule, lo pone enfrente de Cristina Kirchner, su antigua mentora. Su posibilidad de éxito depende de la virtud para saltar los límites de la provincia, encontrar un discurso de futuro para los perdedores del modelo libertario y tomar distancia del pasado kirchnerista. Es una operación compleja, que requiere editar su ADN.

Cuando Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, lo empujó a aceptar la presidencia del PJ bonaerense también pareció acomodarse al clima de resignación opositor. Kicillof puede ocupar el lugar del perdedor ideal en la carrera a la Presidencia, mientras la verdadera disputa de poder se libra por la gobernación de Buenos Aires.

El kirchnerismo actúa como una fuerza conservadora. A Kicillof le espera una larga temporada de fuego amigo, mientras la familia Kirchner resuelve el dilema existencial en el que se encuentra.

Milei festeja. Necesita vivo el recuerdo del gobierno de Alberto Fernández, la última experiencia fallida del kirchnerismo. Lo ayudan extravíos como el del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que fantaseó esta semana con la caída anticipada del Gobierno.

El “riesgo kuka” es una estridencia conveniente que tapa los ruidos propios. Con ese recurso, además, el Gobierno mantiene bien trazada una grieta ideológica que diluye al Pro y al radicalismo.

Los dos socios del viejo Juntos por el Cambio vieron huir en estampida a diputados, senadores y dirigentes de toda clase hacia el calor de los bloques libertarios. Los pocos que se quedaron con la camiseta puesta acompañan a Milei con sutiles matices, esperanzados en salvar algo de su identidad ante la ola violeta.

El Pro se concentra en fortalecer la administración porteña de Jorge Macri. Cuidar la ciudad es el objetivo detrás del amago de presentar una candidatura presidencial amarilla en 2027. Una carta para negociar sin claudicar de antemano.

Los hermanos Milei contraatacan. Mandaron a Manuel Adorni a mostrarse como una usina de proyectos en la Ciudad y a fundar una escuela de dirigentes políticos como señal de que tienen un potencial candidato para la sucesión de Macri. De paso le ponen un límite a la ambición de Bullrich, que presume de ser la gestora de las asombrosas mayorías filolibertarias en el Senado. El bastión porteño despierta también interés en Victoria Villarruel, la vice desterrada del cielo mileísta.

El radicalismo intenta rearmarse desde el interior, pero sus gobernadores juegan sin coordinación, atentos a sus urgencias locales. El termómetro les recomienda apoyar, como demostró el santafesino Maximiliano Pullaro. Después de que el Gobierno en pleno lo maltrató en público por no cambiar a pesos un préstamo de 800 millones de dólares que tomó para su distrito, ordenó a sus legisladores aprobar completa la reforma laboral. Y también vendió los dólares, como querían Milei y Luis Caputo.

En Córdoba, Martín Llaryora también concede. En la Casa Rosada agradecen la ausencia a la sesión de la reforma laboral de Juan Schiaretti y otros dos diputados que en teoría estaban en contra de capítulos vitales de la ley, como el fondo para las indemnizaciones.

Pullaro y Llaryora parecen haber archivado el sueño nacional que nació bajo el nombre Provincias Unidas y que tuvo un desempeño electoral decepcionante en octubre. La prioridad pasa por no perder sus provincias.

Hijo de una crisis que heredó, Milei trabajó la conciencia de quienes lo precedieron en el negocio del poder. Pudo subsistir en minoría gracias a opositores que, en muchos casos, se sintieron obligados a darle las herramientas para gobernar con su receta y se reservaron apenas el consuelo de quejarse en Twitter de sus consecuencias.

La ilusión hegemónica se interrumpió el año pasado en vísperas de las elecciones, cuando el programa económico trastabilló y la ambición territorial de los libertarios desató la rebeldía de los aliados. La ayuda de Donald Trump, primero, y la victoria en las legislativas de octubre, después, reavivaron la dinámica de colaboración.

El Gobierno prepara ahora una reforma electoral para eliminar las PASO y el financiamiento estatal de las campañas. De lograrlo, pondría un obstáculo más a la construcción de una alternativa en 2027. ¿Le darán sus potenciales rivales semejante ventaja? ¿A cambio de qué?

Hoy Milei se deleita con el sueño tan argentino del poder sin límites ni discusión. Uno de sus propagandistas con cargo estatal, Juan Pablo Carreira, alienta sin que nadie lo corrija una reforma constitucional como la que impuso en Perú el expresidente Alberto Fujimori después de un autogolpe que cerró el Congreso.

“Milei eterno” se permiten pregonar los más fanáticos, siempre sensibles al eco del kirchnerismo que tanto desprecian.

El jefe necesita enemigos simbólicos para alimentar la épica del bien contra el mal. Debilitados los políticos, toca exponer y denunciar a los empresarios que no aplauden la apertura comercial que el Gobierno defiende como una religión. No temen a las contradicciones: los liberales antiestado, convertidos en funcionarios públicos, celebran el cierre de empresas privadas porque eso expone la visión equivocada de sus dueños. ¡Principio de revelación!, claman.

El periodismo con sentido crítico es otro blanco de la maquinaria de desprestigio. La oficina que conduce Carreira para denunciar noticias falsas se va quedando sin ideas, pero Milei hace del castigo al disenso una gimnasia cotidiana. Pasa a menudo de los dichos a los hechos: se ha naturalizado el trato violento de la policía contra los reporteros en la cobertura de protestas.

Tampoco perdona a los economistas que encienden alertas. El relato oficial describe a un líder que no pifia un pronóstico. Es el mismo Milei que en septiembre de 2024 dijo: “La recesión se terminó. De acá en adelante son todas buenas noticias”. Al que se le vence el plazo para cumplir la promesa de que la inflación mensual empezará con 0. El que en campaña decía, antes de ser presidente, que si abría la economía antes de hacer las reformas laboral e impositiva podía provocar un “industricidio”.

Entre tener razón y conseguir sus objetivos políticos Milei siempre ha elegido lo segundo. Derrocha pragmatismo mientras se presenta en público como un dogmático dispuesto a matar y morir por sus ideas.

Las encuestas de opinión pública muestran a Milei con una imagen positiva consolidada, sin competencia aparente, pero también que son mayoría quienes se sienten disconformes con la gestión libertaria.

El Gobierno persiste en su lucha para eliminar la inflación a costa de perjudicar la recuperación de la actividad, el empleo y el salario. Actúa bajo la premisa de que las ventajas de la estabilidad de precios y el dólar quieto tienen un impacto inmediato, mientras que el deterioro industrial, en el peor de los casos, provoca un desgaste lento, como un goteo.

En esa carrera contra el tiempo se juega Milei su destino. Por ahora el economista antipolítica sufre con la economía y celebra con la política. Sus rivales aún no salen del asombro, ocupados como están entre la obsesión por retener el poder que les queda y la esperanza oscura del próximo estallido argentino.