POLITICA
El gobernador de Chubut no descarta ir a la Justicia por el nuevo recorte de fondos a las provincias
Crece la tensión entre el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres y el de Javier Milei. En esta ocasión, por el nuevo recorte de fondos a las provincias que se hizo mediante el DNU 280, en el que amplió el Presupuesto.
El mandatario de Chubut no descartó ir a la Justicia por la quita de las transferencias a las cajas jubilatorias de 13 provincias: “Va a terminar judicializado. Esto es ganar para tiempo y va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional, porque los fondos son de las provincias”.
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En este sentido, Torres enfatizó en que el Estado nacional debe cubrir el déficit de las cajas previsionales que no fueron trasladadas a Nación por ley. “En el caso de Chubut, el déficit no es tan grande como en otras provincias, pero tuvimos que intervenir el instituto por muchas irregularidades, normalizar la caja y hay un reclamo administrativo donde Nación reconoce la deuda, con lo cual debe cumplir”, expresó en diálogo con radio Mitre.
Asimismo, planteó que la decisión “es otra medida inconsulta que va a terminar (con la Justicia) dándoles la razón a las provincias”. Y manifestó: “Lo veo más como una torpeza que como una provocación”.
El conflicto entre el gobierno de Milei y los mandatarios provinciales inició con el decreto 28, donde se establece la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y del Fonid. En esta línea, Torres calificó que dicha medida “no ayuda en las formas” y afirmó que “no es plata para la provincia, los gobernadores o rentas generales”, sino que “es dinero de los jubilados”.
Por último, en la previa a la reunión con Francos, enfatizó que participaron en la redacción de la nueva Ley Ómnibus y que “hay muchas medidas que promueven la inversión”. A su vez, expresó: “Necesitamos que salgan porque hoy están paralizadas”.
Dichas declaraciones se dieron después de que, desde la provincia de Santa Fe, se manifestara el rechazo ante el recorte de fondos para los jubilados provinciales.
“Las cajas de jubilaciones no son casta. Las cajas de jubilaciones es el ahorro de aportes de los trabajadores durante toda una vida para que llegados al límite de la edad y requisitos puedan vivir dignamente el resto de sus vidas”, sostuvo el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso, en declaraciones a Cadena 3, A su vez, remarcó que Nación le debe a Santa Fe aproximadamente $700.000 millones.
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En su momento, Pullaro advirtió que una de las condiciones para contar con su firma en el Pacto de Mayo era que se pagaran esas obligaciones. “Se debe aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir, que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”, agregó el secretario.
ignacio torres, DNU, Javier Milei
POLITICA
La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
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