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POLITICA

El gobernador de Chubut no descarta ir a la Justicia por el nuevo recorte de fondos a las provincias

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Crece la tensión entre el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres y el de Javier Milei. En esta ocasión, por el nuevo recorte de fondos a las provincias que se hizo mediante el DNU 280, en el que amplió el Presupuesto.

El mandatario de Chubut no descartó ir a la Justicia por la quita de las transferencias a las cajas jubilatorias de 13 provincias: “Va a terminar judicializado. Esto es ganar para tiempo y va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional, porque los fondos son de las provincias”.

Leé también: Javier Milei profundizó el recorte de fondos a las provincias y Santa Fe ya alertó que irá a la Justicia

En este sentido, Torres enfatizó en que el Estado nacional debe cubrir el déficit de las cajas previsionales que no fueron trasladadas a Nación por ley. “En el caso de Chubut, el déficit no es tan grande como en otras provincias, pero tuvimos que intervenir el instituto por muchas irregularidades, normalizar la caja y hay un reclamo administrativo donde Nación reconoce la deuda, con lo cual debe cumplir”, expresó en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, planteó que la decisión “es otra medida inconsulta que va a terminar (con la Justicia) dándoles la razón a las provincias”. Y manifestó: “Lo veo más como una torpeza que como una provocación”.

Ignacio Torres en Somos Buenos. (Foto: captura TN)
«Va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional», expresó Ignacio Torres sobre la advertencia de ir a la Justicia por el recorte de fondos. (Foto: captura TN)

El conflicto entre el gobierno de Milei y los mandatarios provinciales inició con el decreto 28, donde se establece la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y del Fonid. En esta línea, Torres calificó que dicha medida “no ayuda en las formas” y afirmó que “no es plata para la provincia, los gobernadores o rentas generales”, sino que “es dinero de los jubilados”.

Por último, en la previa a la reunión con Francos, enfatizó que participaron en la redacción de la nueva Ley Ómnibus y que “hay muchas medidas que promueven la inversión”. A su vez, expresó: “Necesitamos que salgan porque hoy están paralizadas”.

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El encuentro entre Guillermo Francos y los gobernadores será el próximo miércoles. (Foto: @madorni).
El encuentro entre Guillermo Francos y los gobernadores será el próximo miércoles. (Foto: @madorni).

Dichas declaraciones se dieron después de que, desde la provincia de Santa Fe, se manifestara el rechazo ante el recorte de fondos para los jubilados provinciales.

Las cajas de jubilaciones no son casta. Las cajas de jubilaciones es el ahorro de aportes de los trabajadores durante toda una vida para que llegados al límite de la edad y requisitos puedan vivir dignamente el resto de sus vidas”, sostuvo el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso, en declaraciones a Cadena 3, A su vez, remarcó que Nación le debe a Santa Fe aproximadamente $700.000 millones.

Leé también: Antes de la reunión con Francos, los gobernadores afinan sus reclamos y suman algunas objeciones a la Ley Ómnibus+

En su momento, Pullaro advirtió que una de las condiciones para contar con su firma en el Pacto de Mayo era que se pagaran esas obligaciones. “Se debe aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir, que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”, agregó el secretario.



ignacio torres, DNU, Javier Milei

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Argentina defendió a Israel tras las órdenes de arresto contra Netanyahu emitidas por la CPI

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La reciente orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, provocó un contundente rechazo del gobierno argentino. En un comunicado oficial, el presidente Javier Milei calificó la medida como una distorsión de la justicia internacional y reafirmó el respaldo incondicional de Argentina al derecho de Israel a protegerse de los ataques de Hamas y Hezbolá.

Un mensaje de apoyo firme
“Israel enfrenta agresiones incesantes, una toma de rehenes inhumana y ataques indiscriminados contra civiles. Criminalizar su defensa legítima mientras se ignoran estas atrocidades no es justicia, sino una grave tergiversación del derecho internacional”, expresó Milei a través de un mensaje difundido en redes sociales y medios oficiales.

El comunicado oficial del Gobierno también llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, exigir la liberación inmediata de rehenes y respaldar la soberanía de Israel en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Hezbollah atacó con drones la residencia del primer ministro israelí

 

La Corte Penal Internacional ordenó la detención de Netanyahu y Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con las operaciones en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. Esta decisión también incluyó a Mohammed Deif, líder de la rama militar de Hamas, aunque su fallecimiento en un ataque israelí no ha sido confirmado oficialmente.

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Las órdenes posicionan a los líderes israelíes como sospechosos internacionales, un movimiento que podría complicar los esfuerzos diplomáticos en curso para un alto el fuego en un conflicto que ya lleva más de 13 meses. Sin embargo, el impacto práctico de la resolución podría ser limitado, dado que ni Israel ni Estados Unidos —dos de los principales actores en el conflicto— son miembros de la CPI, y la corte depende de la cooperación de sus estados miembros para ejecutar órdenes de arresto.

Un respaldo en línea con la política internacional de Argentina

El rechazo de Argentina a la medida de la CPI subraya el alineamiento geopolítico de la administración Milei con Israel. Este posicionamiento también es coherente con las críticas de otros líderes internacionales, como el presidente estadounidense Joe Biden, quien calificó la decisión de la CPI como injusta y reiteró su apoyo al derecho de Israel a defenderse de las acciones de Hamas.

Por su parte, Netanyahu y otros funcionarios israelíes han rechazado categóricamente las órdenes de arresto, calificándolas de antisemitas y políticamente motivadas. El gobierno de Israel asegura que sus acciones son una respuesta legítima a las agresiones de Hamas y subraya que el país no reconoce la jurisdicción de la CPI.

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