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POLITICA

El Gobierno aceptará cambios en la duración de la emergencia que establece la Ley Ómnibus

En la primera reunión del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, los funcionarios del Gobierno prometieron considerar modificaciones en la duración de las emergencias públicas y las facultades delegadas al Ejecutivo.

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Este martes, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó la discusión sobre la Ley Ómnibus. A lo largo del debate, como era de esperarse, el kirchnerismo expresó sus críticas y reproches, especialmente por la ausencia de los principales funcionarios del Gobierno, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A la sesión plenaria con los diputados asistieron el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el secretario de Energía y experto en reforma del Estado, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Luego de realizar una breve presentación, los tres funcionarios recibieron preguntas de diputados, tanto del kirchnerismo como de otros sectores aliados, como el PRO y la UCR. Lo saliente fue, de todos, las constantes críticas, quejas y chicanas lanzadas por dirigentes de Unión por la Patria, que rechazaron en la forma y el fondo a la iniciativa.

Durante la sesión, en medio de la expectativa sobre potenciales cambios para conseguir adhesiones, el Gobierno anunció que evaluará la posibilidad de reducir el plazo de dos años a uno para las emergencias públicas solicitadas; así como también las facultades delegadas al Ejecutivo.

Al hablar sobre la duración de las emergencias, Rodríguez Chirillo señaló: “Es un aspecto que estamos considerando incluirlo en la versión final”. Además, destacó que la ley de 2019, impulsada por el Gobierno kirchnerista, no declaraba 11 emergencias públicas, sino nueve, y que la diferencia no es tan sustancial.

Chirillo también explicó que las medidas solicitadas “establecen objetos y principios siguiendo la técnica legislativa, con objetivos y principios” que respetan la Constitución, así como las bases de las delegaciones de facultades del Congreso al Ejecutivo. En ese sentido, manifestó: “Una vez que se empezó a conocer el proyecto sugerían que fueran por un año, más otro de prórroga. Es un aspecto que estamos considerando incluirlo en la versión final”.

Otro de los expositores fue el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, trascendental para entender los andamiajes legales que procura asentar la Casa Rosada. En esa línea, el funcionario abordó la importancia de modificar la ley de procedimientos administrativos, destacando que fue dictada en 1972 y que la situación del país ha cambiado desde entonces.

“La ley de procedimientos es de 1972 y ha pasado mucha agua bajo el puente. La situación del país es otra. Fue dictada por el Gobierno militar y hoy podemos entender mejor la relación entre Estado y sociedad”, enunció. Además, recordó a Juan Bautista Alberdi sobre “situaciones de crisis” que “exigen decisiones de crisis”, y en cuanto a que “muchas de las facultades especiales pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución”.

En otro tramo de su disertación, el procurador del Tesoro aseveró que “la situación económica nos colocó con una deuda terrible, impresionante, y una deuda interna muy grande”. Y agregó: “El Estado es deudor de todos sus contratistas. Esto es algo que hay que intervenir y empezar a solucionarlo”.

El último funcionario que se presentó fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien explicó los detalles de las propuestas que están incluidas en la “ley ómnibus” y defendió tanto las reformas en materia de procesos judiciales, y en áreas como la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la disolución del INADI y aspectos más nimios como la obligación de los jueces de portar “toga y martillo”.

Desde la oposición, dirigentes kirchneristas como Germán Martínez y su colega y sindicalista bancario, Sergio Palazzo expresaron su rechazo a la iniciativa. A ellos también se sumó Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal). Por otro lado, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica le pidió al Gobierno que defina una “una hoja de ruta” junto a los “temas a resolver en la urgencia que hoy atraviesa la Argentina” y que, para el resto, no vaya “a las patadas con la no celeridad que puede tener el Parlamento”.

El debate continuará en los próximos días con la participación de otros funcionarios. Según adelantó José Rinaldi, vicejefe de Gabinete del Poder Ejecutivo –quien aparece designado ad honorem como secretario Ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete–; mañana se presentarán el ministro de Interior, Guillermo Francos; la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; y el equipo económico, aunque no se mencionó a Luis Caputo. Mientras que el jueves lo harán representantes de educación, niñez y familia; de cultura; y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

POLITICA

Acusan al ex presidente Jair Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictiva

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La Policía Federal de Brasil abrió una causa contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con diamantes no declarados que recibió de Arabia Saudita durante su mandato, según informaron fuentes familiarizadas con las acusaciones. 

Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no detalló los delitos específicos. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la falta de autorización para hacer declaraciones públicas al respecto.

El informe policial con las acusaciones aún no ha sido recibido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Una vez en posesión del tribunal, el procurador general del país, Paulo Gonet, revisará el documento y decidirá si presenta cargos contra Bolsonaro y lo lleva a juicio.

Bolsonaro y sus abogados negaron rotundamente haber cometido cualquier delito en relación con este caso y otras investigaciones en su contra. Además de estas acusaciones, enfrenta cargos por supuestamente ordenar a un asistente manipular registros de salud pública para falsificar su certificado de vacunación contra COVID-19, así como por su supuesta implicación en un intento de levantamiento en Brasilia en enero de 2023 para destituir a su sucesor.

El año pasado, la Policía Federal ya había acusado a Bolsonaro de intentar introducir de contrabando joyería con diamantes valuados en aproximadamente 3 millones de dólares, así como de vender dos relojes de lujo.

En agosto, la Policía reveló que Jair Bolsonaro recibió casi 70.000 dólares en efectivo por la venta de dos relojes de lujo que había recibido como regalos del gobierno de Arabia Saudita. Según la ley brasileña, los ciudadanos deben declarar bienes con un valor superior a 1.000 dólares al llegar al país desde el extranjero, y pagar un impuesto del 50% sobre cualquier cantidad que exceda esa exención.

Los relojes, que eran parte de la colección presidencial y no de propiedad personal de Bolsonaro, habrían estado exentos del impuesto si se hubieran destinado a Brasil como regalo oficial de Arabia Saudita. 

Sin embargo, un colaborador cercano de Bolsonaro, Mauro Cid, vendió en junio de 2022 un Rolex y un Patek Philippe por un total de 68.000 dólares a una tienda en Estados Unidos. Ambos relojes habían sido regalados por Arabia Saudita en 2019. Cid admitió su culpabilidad y colaboró con las autoridades en la investigación.

A pesar de las acusaciones y las investigaciones en su contra, Bolsonaro mantiene un fuerte apoyo político entre su base, como se demostró en una gran protesta en febrero, donde aproximadamente 185.000 personas bloquearon la principal avenida de Sao Paulo en señal de respaldo al expresidente, a quien consideran víctima de persecución política.

En contraste, sus detractores, especialmente del Partido de los Trabajadores de su rival Luiz Inácio Lula da Silva, han celebrado cada avance en las investigaciones y han pedido en repetidas ocasiones su arresto.

El año pasado, el Tribunal Electoral Supremo de Brasil dictaminó que Bolsonaro abusó de sus poderes presidenciales durante su campaña de reelección en 2022, lo que le impide postularse para cualquier cargo hasta 2030. El caso se centró en una reunión donde Bolsonaro utilizó recursos del gobierno y la televisión estatal para afirmar a embajadores extranjeros que el sistema electoral brasileño estaba manipulado.

En otra línea, se espera que Bolsonaro se reúna este fin de semana con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una conferencia conservadora en Balneário Camboriú, al sur de Brasil.

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