Cuando se acerca fin de año, el Gobierno vuelve a tensionar con un adversario que le trajo problemas en abril y extrañamente algunos alivios posteriores, en septiembre: las universidades. La misma semana en la que la Justicia rechazó la posibilidad de que la SIGEN auditara a la UBA, la administración de Javier Milei busca confrontar con las casas de estudio.

Los ministerios de Capital Humano y de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger respectivamente, apuran tres decretos simples y un DNU que buscan -en palabras del Ejecutivo- «transparentar» las cuentas de las universidades, que se publicaron en la edición de este viernes del Boletín Oficial. Las autoridades de la UBA, que insume el casi el 20% de los recursos de las 62 universidades nacionales, por ahora no están al tanto de la letra chica, aunque hubo contactos de última hora.

El primer decreto con el que el Gobierno chocará con las casas de estudio obliga a las universidades a contratar obra pública y servicios a través de las plataformas oficiales ContratAr y CompAr, con las que la se manejan la mayoría de los entes estatales. Según los propios números del Gobierno, la mitad de las universidades ya utilizan esos mecanismos.

A la hora en la que el subsecretario de Política Universitaria Alejandro «Galleguito» Alvarez adelantaba las medidas a periodistas, en su despacho se encontraba Victor Moriñigo, a cargo del Consejo Interuniversitario argentino y que tiene bajo su tutela el SIU. Todo un gesto del académico que el mes pasado fue lapidario con la administración de Javier Milei y una de las voces más duras contra el ajuste en las universidades. «El Gobierno de Milei está buscando la muerte por inanición de la universidad pública”, declaró hace menos de un mes en una entrevista con el diario El País, de Madrid.

El segundo decreto que tiene en carpeta el Gobierno obliga a las universidades a informar sus pagos a través del Sistema de Integración Financiera Internet (e-Sidif) que se publica en la web.

Más ruido traerá el DNU que prohíbe que haya nuevos decretos interadministrativos que faciliten que entes públicos nacionales y subnacionales contraten directamente a las universidades. De ahora en más, según la perspectiva del Ejecutivo, las universidades correrán la misma suerte que empresas privadas, por ejemplo, para pujar en una licitación pública por una consultoría.

«Tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa. No tiene que existir la posibilidad de un camino indirecto que permita una vía de gasto de dinero poco transparente», señaló Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

Un decreto reglamentario para ajustar la normativa al nuevo DNU se publicará en las horas subsiguientes. En el Ejecutivo destacan que no hubo diálogo con la UBA, que tiene un peso específico capaz de inclinar la cancha en la discusión. En cualquier caso, en el Gobierno aclararon que las modificaciones no serán inmediatas y que la intención es que todas las casas de estudio puedan plegarse a la nueva normativa.

Desde el Gobierno reiteraron que no pretenden interferir en las decisiones autónomas de las universidades, sino garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas.

Frente al propio Moriñigo, Alvarez -que crece en la consideración de Milei por su estilo confrontativo– señaló que no hay oposición de las casas de estudio para avanzar en esa dirección y puso en duda los números oficiales de la UBA sobre su matrícula. «No hay una oposición del Consejo Interuniversitario a estas medidas. La auditoría de alumnos no les está dando 300 mil alumnos. No quiero dar datos sin fundamentos, pero nosotros tenemos que el 25% de la matrícula no tiene registro«, sostuvo el funcionario, que se transformó en uno de los gladiadores mediáticos de la gestión libertaria.

Consultado por Clarín, Moriñigo le bajó el tono a las iniciativas del Gobierno. «Es cierto que faltan 27 universidades (en el sistema de compras y contrataciones) y me parece totalmente justo que informen como corresponde también», señaló el titular del CIN, que añadió que el Ejecutivo se enteró de ese detalle cuando lo contactaron para la reunión.

Además, añadió que la limitación de las contrataciones directas a las universidades no tiene nada de novedoso, ya se había implementado en los ’90. «No habría inconvenientes para implementar el e-sedif. Ojalá que técnicamente nos dejen seguir usando nuestros sistemas y se le anexe lo que ellos requieran«, sostuvo.

Por último, el también rector de la Universidad de San Luis relativizó el impacto de las medidas siempre y cuando el Gobierno escuche a los rectores. «No ve que sea un tema para enfrentarnos si en la implementación se nos escucha», concluyó. Falta, por ahora, la voz de la UBA, principal blanco del Gobierno y Milei en la discusión por los recursos para la educación universitaria.