El Gobierno expresó su preocupación por el pedido del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de arrestar a los líderes de Israel y Hamas, incluyendo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusados de crímenes de guerra y presuntos delitos de lesa humanidad durante los siete meses de la Guerra en Medio Oriente.

Mediante un comunicado difundido por la Cancillería, a cargo de Diana Mondino, la administración de Milei afirmó: “La Argentina considera equivocada y rechaza la equiparación que realiza el Fiscal entre autoridades legítimas de un Estado democrático con líderes de una organización terrorista responsable de crímenes brutales”.

Karim Khan señaló que Netanyahu, su ministro de defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamas –Yehya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh– son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel.

El pronunciamiento argentino coincide con el del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, que también cuestionó al fiscal de la Corte Penal Internacional con el mismo argumento y rechazó la caracterización de lo que Israel está haciendo en Gaza como genocidio.

Comunicado de prensa sobre la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar el arresto de altos funcionarios del Gobierno de Israel

📎 https://t.co/igE5b6kXRU pic.twitter.com/XJIHTaN5cQ

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) May 22, 2024

“Permítanme ser claro: independientemente de lo que este fiscal pueda dar a entender, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas. Siempre estaremos junto a Israel frente a las amenazas a su seguridad”, sostuvo la administración de Biden.

En esta misma línea, Netanyahu consideró: “Es un escándalo. Esto no nos detendrá ni a mí ni a nosotros”. Por su parte, el exjefe del ejército y miembro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, criticó duramente el anuncio de Khan y dijo que Israel lucha con “uno de los más estrictos” códigos morales y tiene una justicia sólida capaz de investigar sus propias acciones.

El comunicado argentino, en tanto, sostuvo: “El Gobierno argentino expresa su preocupación por la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar el arresto de altos funcionarios del Gobierno de Israel. En particular, Argentina considera equivocada y rechaza la equiparación que realiza el Fiscal entre autoridades legítimas de un Estado democrático con líderes de una organización terrorista responsable de crímenes brutales”.

“Asimismo, la decisión pone en cuestión el derecho a la legítima defensa que ejerce Israel, reconocido por el Derecho Internacional y que Argentina reivindica. También, el Fiscal parece haber ignorado el trabajo de los tribunales israelíes abocados a las investigaciones de los hechos que se le atribuyen, así como no haber dado oportunidad al sistema judicial local de realizar su tarea con todas las garantías del caso”, continúa.

Y enfatiza: “El Gobierno argentino estima que la actitud del Fiscal no contribuye a mejorar la situación en el conflicto y, por el contrario, agrega obstáculos a los esfuerzos para conseguir la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás, la llegada de ayuda humanitaria y una solución de largo plazo a la crisis”.

Anteriormente, Netanyahu declaró que Israel “nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa”. Según él, cualquier intervención de la CPI “sentaría un peligroso precedente que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión gratuita”.

La CPI se trata del único tribunal internacional permanente del mundo con competencias para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Aunque no puede juzgar a los acusados en rebeldía, sus órdenes de detención pueden dificultar los viajes internacionales de los acusados. 

El tribunal no tiene fuerzas policiales, por lo que depende de sus Estados miembros para efectuar las detenciones. De esta manera, los sospechosos detenidos suelen ser trasladados a La Haya para comparecer ante el tribunal.

En caso de que la CPI emita una orden de captura, cualquier Estado miembro de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si se desplaza a su territorio. Esto podría complicar algunos viajes del mandatario al exterior, pero el tribunal internacional no dispone de una fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, por lo que esto depende de sus Estados miembros.