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POLITICA

El Gobierno avanza sobre Aerolíneas Argentinas: la declaró “sujeta a privatización” y debe tratarse en el Congreso

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En medio del conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, el Poder Ejecutivo dio un nuevo paso y declaró a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización”. La medida fue publicada mediante el decreto 873/2024, en el Boletín Oficial, y debe ser tratada en el Congreso de la Nación.

El Gobierno se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte en general y aéreo en particular, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos; ello con la perspectiva de contribuir al incremento de la competitividad de la economía y al mejoramiento de la calidad de los servicios”, se expresó en el documento.

Dentro de las justificaciones, el presidente Javier Milei presentó datos proporcionados por la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. “En el año 2023, solamente siete de las empresas estatales obtuvieron ganancias y únicamente cuatro no requirieron el aporte de fondos del Tesoro”, señaló. A su vez, también pluralizó: “Con miras a la racionalización de los recursos y con la finalidad de solucionar la actual crisis económica que atraviesa el país, se torna necesaria la transferencia al sector privado de aquellos entes cuya actuación en el ámbito estatal ya no encuentra sustento”.

Además, el Gobierno consideró: “A pesar de las buenas intenciones que podrían haber sustentado, luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados”.

También se argumentó que el Tesoro Nacional no está en condiciones de ocuparse de una empresa “altamente deficitaria” y adjudicó que quienes la mantiene son los argentinos a través de un aporte de más de cientos de millones de pesos.

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La decisión la había anticipado una semana atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, en la cual advirtió que, con el aval de la Ley de Reforma del Estado, se designaría a la línea aérea sujeta a privatización y sostuvo: “Arrastra un déficit catastrófico, a raíz de las desastrosas gestiones”.

En tanto, el Gobierno citó ejemplos sobre cómo funcionan las líneas aéreas privadas en otros países: “El Estado canadiense cuenta con solo el 7% de participación accionaria en Air Canada, mientras que Qantas Airlines Limites (Australia), Air India Limited (India) y Deutsche Lufthansa (Alemania) no cuentan con actividad en su capital accionario”.

“En esa línea, el sobredimensionamiento de la estructura de Aerolíneas Argentinas surge con claridad de su comparación con compañías aéreas de la región; mientras que la empresa argentina cuenta con un promedio de 125 empleados por aeronave, Gol Linhas Aéreas Inteligentes (GOL) dispone de 97 y la Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines), de 70″, analizó en relación a sus pares de la región.

En paralelo, dentro del Boletín Oficial también se publicó un decreto a cargo de la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Se autorizó aerocomercialmente a Aerolíneas Argentinas a explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de cargar de forma exclusiva. En tanto, dictaminó: “La compañía ajustará su actividad y la prestación de los servicios conferidos a las normas reglamentarias vigentes y las que se dicten durante su ejercicio”.

POLITICA

Milei arremetió contra Cristina Kirchner y Martín Lousteau por la marcha universitaria

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Este miércoles, Argentina vive una jornada de intensas protestas en el ámbito universitario, donde miles de estudiantes, docentes y representantes del sector educativo se manifestarán contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo.

En medio de la controversia, el mandatario no perdió oportunidad de apuntar a figuras de la oposición, señalando en particular a Cristina Kirchner y Martín Lousteau como los responsables de agitar las aguas detrás de las movilizaciones.

La ley de financiamiento educativo, que buscaba asegurar un presupuesto garantizado para las universidades públicas, fue sancionada hace unas semanas en el Congreso con amplio apoyo, tanto del oficialismo como de sectores de la oposición. Sin embargo, el mandatario libertario anunció rápidamente su intención de vetarla, argumentando que el proyecto es insostenible para las finanzas públicas en el contexto de un déficit fiscal que su administración busca revertir.

El rector de la UBA confirmó la adhesión a la marcha del 2 de octubre

Protestas y polémicas

Estudiantes, docentes, gremios y gran parte de la sociedad prometieron asistir hoy a los alrededores del Congreso de la Nación en defensa de la educación pública y el salario percibido en las distintas casas de Altos Estudios.

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Según lo anunciado, a partir de las 14, las distintas columnas comenzarán a congregarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo cerca del escenario que estará ubicado sobre la plaza, a la altura de Paraná y Sáenz Peña, para que el acto central comience a las 17 horas.

 

El rol de Cristina Kirchner y Lousteau en la narrativa oficial

En su mensaje, Milei dejó en claro que considera que la protesta no es un reclamo genuino por la educación, sino una maniobra política orquestada por la oposición. “Esto no es por la educación, es por el poder”, afirmó el presidente en uno de sus mensajes más resonantes. En ese sentido, acusó a Cristina Kirchner y a Martín Lousteau de estar utilizando a los estudiantes y docentes para atacar su gestión y socavar su programa de ajuste económico, que busca reducir el gasto público de manera drástica.

Esta postura se alinea con la narrativa que el gobierno de Milei ha sostenido desde que asumió el cargo: que gran parte de las críticas y protestas que enfrenta no son más que intentos de desestabilización política liderados por sectores que no aceptan el cambio que propone. En este contexto, la marcha universitaria se presentó como otro frente de batalla en una disputa mayor entre el oficialismo libertario y las fuerzas opositoras.

La ley de financiamiento educativo y sus implicancias

El veto de Milei a la ley de financiamiento educativo es un tema que ha generado amplio debate. El proyecto original, impulsado por sectores de la oposición y aprobado en ambas cámaras, establecía un incremento gradual del presupuesto destinado a las universidades públicas, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentaron que este incremento es inviable en un contexto de ajuste fiscal, donde el gobierno busca reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.

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Milei defendió su decisión de vetar la ley, calificándola como “populista” y señalando que incrementaría el gasto sin garantizar una mejora real en la eficiencia del sistema educativo. De hecho, el Ministerio de Educación difundió un informe en las últimas horas que cuestiona la eficiencia del gasto en universidades y señala que, pese a las crecientes inversiones de años anteriores, los resultados en términos de calidad educativa y graduación de alumnos no han mejorado significativamente.

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