Después de que Cristina Kirchner informó que sus planes son presentarse el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena por corrupción, el Partido Justicialista(PJ) aceleró la organización de una movilización de respaldo para acompañar a la expresidenta con la adhesión de gremios, piqueteros y la izquierda. En principio, las columnas partirán desde la esquina de San José y Avenida San Juan, en Constitución, a las 10, en una caminata de ida y vuelta hasta la sede judicial ubicada en el barrio de Retiro.

La movilización aún no tiene un recorrido definido, según dijeron a fuentes partidarios y del Ministerio de Seguridad.

A cargo de la organización están, entre otros dirigentes, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza (secretaria de Organización del Partido Justicialista), y la senadora bonaerense Teresa García (secretaria general del PJ), junto con intendentes, gremios y agrupaciones kirchneristas como La Cámpora.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno está a la espera de una decisión judicial para avanzar con el operativo de seguridad. “La Justicia tiene varias cosas que resolver y estamos todos esperando ver cómo lo hace, si toman la decisión que más convenga a la tranquilidad social”, dijo Francos a la señal de noticias TN. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, decidió reforzar la presencia policial en Comodoro Py, Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación y Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema.

Hay expectativa en el oficialismo para que se evite el traslado de Cristina Kirchner a los tribunales de Retiro y, de esa manera, desactivar la manifestación. Sin embargo, en el PJ aceleran con la organización y desafían con convocar a una multitud. “Patricia Bullrich está intentando atacar la marcha con el mismo modus operandi que usa en la marcha de los jubilados: usar infiltrados que justifiquen la represión policial. Están preparando ese escenario”, sembró dudas el senador José Mayans, vicepresidente primero del PJ y uno de los que está a cargo de la organización de la protesta. Mayans, de hecho, será este martes el anfitrión del encuentro en la sede del partido de una comitiva de la CGT, primero, y de un grupo de gobernadores, después. Del último encuentro se espera la participación del bonaerense Axel Kicillof, que también prepara una

La movilización, de la que serán parte los partidos que integran Unión por la Patria, contará con respaldo de varios gremios, algunos que ya comprometieron su participación, como el de los camioneros. Pablo Moyano, número dos de esa organización, visitó el viernes pasado a la expresidenta en su departamento de Constitución y garantizó acompañamiento.

La actitud de la CGT quedará definida luego de la reunión programada para mañana con las autoridades del PJ, aunque algunos sindicatos que integran la central obrera ya adelantaron su adhesión a la marcha. El sindicato de canillitas, que conduce Omar Plaini, será parte de la movilización, según adelantó esta mañana su titular en declaraciones a la radio digital Futuröck. La Bancaria, el sindicato liderado por Sergio Palazzo, es otro de los gremios cegetistas que ya han mostrado presencia en apoyo de Cristina.

Las dos vertientes de la CTA (cuyos líderes son Hugo “Cachorro” Godoy, y Hugo Yasky) ya anunciaron una huelga para el miércoles y movilizarán a la militancia de sus gremios. El paro de las dos CTA tendrá impacto, sobre todo, en el sector público.

Este lunes, la sede del PJ nacional, en Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera, será el núcleo de varias actividades. Desde las 14, se realizaba un encuentro de mujeres peronistas; a partir de las 16, habrá un acto que rememorará los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955, en el que participará Máximo Kirchner.

En algunos municipios alineados con Cristina y Máximo Kirchner, como Lomas de Zamora, el peronismo desplegó mensajes intimidatorios contra Héctor Magnetto (Clarín) en pasacalles instalados sobre los puentes que cruzan el Camino Negro a la altura de Villa Fiorito.

También hubo contacto con la izquierda a través de Andrea D´Atri, legisladora porteña del PTS, que se acercó a una reunión la semana pasada a la sede del PJ. Ya había habido gestos de apoyo a través de Nicolás del Caño y Myriam Bregman, referentes nacionales del Frente de Izquierda, quienes también garantizaron su apoyo y presencia.

Unas horas antes, en la mañana del sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en una entrevista radiofónica que su posición personal era que Cristina debía ser beneficiada con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de mayor de setenta años y exvicepresidente de la Nación, además de cuestiones de orden público, aunque dejó en claro que el gobierno no intentaría involucrarse en una decisión que correspondía al poder judicial.

Ambos hechos reflejan con claridad las dos posiciones preponderantes dentro del oficialismo, el establishment y la derecha argentina: Cristina presa sin domiciliaria, con una detención que incluya escenas de escarnio, es el escenario preferido por el macrismo, el poder económico liderado por Clarín y Techint y Patricia Bullrich y sus mandantes. También lo es el de los mercados, siempre y cuando pueda garantizarse el orden social. El problema es que el gobierno no puede asegurarlo, y ha sido un convidado de piedra en la resolución de una larga disputa en la que no se le permitió ser más que un espectador, habida cuenta su nula influencia sobre el arco judicial. Aunque en la práctica libertarios y kirchneristas vienen trabajando conjuntamente en la agenda legislativa, Santiago Caputo pretende “despegarlo” de la trama, aunque reclamando el mérito falaz de que Javier Milei fue el presidente en cuya gestión Cristina fue presa, sumando así a la domesticación de la inflación su exitosa lucha contra la corrupción. De ahí la intervención mediática de Francos.

El temor a que la situación se desmadre en caso de concretarse una marcha multitudinaria de acompañamiento a la exvicepresidente a su entrega en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles causa urticaria dentro de un gobierno nacional que parece desaparecido de la escena política desde hace diez días. Javier Milei pasea por el mundo sin razón oficial alguna, prácticamente al margen del desenlace del affaire Cristina, y ya ha sido advertido en las páginas de Clarín de que no debe involucrarse en la cuestión, a riesgo de ser el próximo condenado. Pese a eso, la tensión en la derecha subsiste y alcanza alto voltaje. Por lo pronto ya han conseguido victimizar a Cristina sin quererlo, han propiciado un acercamiento de las diversas tribus del panperonismo que desde hace años no paraban de confrontar, y han conseguido que decenas de intendentes de todo el país, gobernadores, movimientos sociales y gremios hayan anunciado públicamente su participación activa en la marcha, incluso disponiendo medidas de fuerza sindicales. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por su parte, señaló que no convocaría a un paro, pero que activaría su capacidad de movilización en caso de que se le negara la reclusión domiciliaria. En síntesis, en lugar de conseguir la demonización definitiva de la exvicepresidente terminaron empoderándola, con su domicilio como templo de referencia de una especie de religión civil que reconoce en el local del Partido Justicialista (PJ) su centro operativo.

Mirando los hechos con raciocinio desapasionado, cabría preguntarse si una decisión tan polémica como la que adoptó la Corte Suprema en tiempo récord podría haber generado otro resultado. El camino adoptado, bajo la presión de los plazos electorales, fortaleció en cambio la interpretación sobre la proscripción y lawfare, a punto tal que, si bien más de la mitad de los argentinos la considera culpable, un 42 por ciento no duda de su inocencia. Una nueva grieta que nada contribuye a consolidar la convivencia democrática.

El gobierno nacional, aliado del kirchnerismo, y algunos sectores de la Justicia, prefieren la asignación de prisión domiciliaria y el cumplimiento de los trámites administrativos de manera virtual, para evitar el desplazamiento físico de Cristina e impedir una marcha que se presume como multitudinaria. Para la paz social sería la solución más madura, pero no parece ser la posición de los sectores de la derecha más extrema. Mucho menos pueden aceptar las imágenes de una Cristina sonriente, en el balcón de su departamento, exhibiéndose ante sus seguidores y tuiteando con generosidad sus críticas sobre los “tres monigotes” de la Corte Suprema, sus mandantes y sobre un gobierno que estaría conduciendo a la Argentina a un nuevo salto al vacío, repitiendo recetas económicas que demostraron sus consecuencias, desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta acá.

Para la ministra Patricia Bullrich y para muchos de los ultras, una movilización masiva con aplicación de su protocolo anti-piquetes generaría las condiciones adecuadas para una batalla campal de consecuencias impredecibles. Para la gobernabilidad de la sociedad y para la vigencia de la convivencia democrática eso tendría consecuencias letales. Para los más sobrios, “Cristina lo hizo de nuevo”, ya ganó aunque a costa de la pérdida de su libertad formal y su exclusión definitiva de la vida institucional, a punto tal que la confrontación entre el cristinismo y el kicillofismo se procrastinó, aunque sus fundamentos subsistan.