El jefe de gobierno, Jorge Macri, inició hoy una negociación compleja con la administración de Javier Milei con el objetivo de lograr la restitución de fondos coparticipables para financiar la Policía porteña y destrabar el conflicto por una deuda de $350.000 millones. El alcalde quedó satisfecho tras reunirse esta tarde con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el Palacio de Hacienda: es que el funcionario nacional reconoció el reclamo de la Ciudad y se comprometió a buscar un camino para cumplir el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2022, cuando Alberto Fernández estaba al frente del Ejecutivo.

Jorge Macri llegó a la primera cumbre con Caputo con la expectativa de que Milei comience a depositar el 2,95% de los recursos que fijó el máximo tribunal en su medida cautelar. Además, la Ciudad pretende que el Estado nacional asuma la deuda de 350 mil millones de pesos que se acumuló desde hace un año debido a la decisión de Fernández de no acatar la orden judicial.

Apenas concluyó el encuentro en el Palacio de Hacienda, los voceros de Caputo y Jorge Macri confirmaron que la gestión de Milei “no desconoció la situación legal existente”. Además, anunciaron la conformación de una mesa de trabajo, que estará integrada por representantes de equipos técnicos de ambas administraciones, para hallar un esquema financiero que permita a la Nación cumplir con el fallo e incrementar el reparto de fondos. “Vamos a buscar la manera, en este contexto de grave situación fiscal del país, de vehiculizar que se cumpla el fallo y se pase del 1,4% de coparticipación al 2,95%”, explicó una fuente porteña al tanto de las tratativas.

Tanto Caputo como Jorge Macri calificaron de “buena” la primera reunión para desactivar el conflicto y evitar que la Corte intervenga y dicte una sentencia en la causa de fondo. Es decir, enviaron señales al máximo tribunal de que explorarán una salida política. El ministro de Economía de Milei estuvo escoltado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la subsecretaría de Relaciones con las Provincias, Valeria Sánchez; y el Asesor del Ministerio de Economía, Diego Aduriz. En un comunicado escueto, Caputo dijo que su cartera “se comprometió a interiorizarse en los detalles técnicos” del reclamo del gobierno porteño.

Por su parte, Jorge Macri destacó que la gestión de Milei haya reconocido el “derecho” que tiene la Ciudad de que se aumenten los fondos que recibe para solventar la Policía Porteña. Pese a que celebró el cambio de actitud respecto de la gestión del Frente de Todos, fue cauto respecto de las chances de que la Casa Rosada ejecute el pago en el corto plazo. “Esperamos que se pueda cumplir con el fallo de la Corte, entendiendo las limitaciones que el Gobierno nacional tiene hoy: las de un país que lo han dejado en una situación muy débil”, puntualizó.

El jefe de gobierno llegó al Palacio de Hacienda acompañado por un scrum de colaboradores: concurrieron Néstor Grindetti, ministro coordinador; el titular de la cartera de Hacienda, Gustavo Arengo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Guillermo Romero.

Jorge Macri reclama que Milei cumpla con la medida cautelar que dictó el máximo tribunal del país a favor de la Ciudad, cuando Fernández estaba en el poder. En ese fallo, la Corte dispuso que, hasta que resuelva la cuestión de fondo en la causa por la quita de fondos de un punto que activó Fernández, en 2020, el Estado Nacional debía pagarle a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable. El gobierno del Frente de Todos no solo recusó a los jueces por el fallo, sino que optó por no acatar la sentencia.

Por lo tanto, Fernández siguió depositando en las arcas de la Ciudad el 1,4% de los fondos coparticipables. Ese era el porcentaje que había sido fijado a través de la ley 27.606, que fue sancionada en el Congreso con el impulso del kirchnerismo en pleno conflicto político por la poda inconsulta.

Tras su asunción, Milei mantuvo el esquema de reparto de fondos coparticipables que heredó de Fernández. Dicho de otro modo: hasta ahora le transfirió el 1,4% al Ejecutivo porteño y no, el 2,95%. Por la diferencia entre el monto que pagó el Estado Nacional desde diciembre pasado y la cifra que había establecido la Corte se acumuló una deuda de alrededor de 350 mil millones de pesos.

“El gobierno nacional no desconoce nuestro reclamo y estamos muy tranquilos con el concepto. Se habló de la deuda y el flujo de lo que viene. Ahora hay que trabajar”, dijo Grindetti apenas salió de la reunión. El jefe de Gabinete porteño aseguró que la Ciudad le dará “tiempo” a la administración de Milei para que cumpla con el reclamo y analice los números. A su vez, celebró la predisposición de ambas partes de buscar un acuerdo y coordinar el trabajo. Fuentes del Ejecutivo porteño deslizan que tienen en cuenta la situación de crisis económica y financiera que atraviesa el Estado nacional.

“No se desconoció nuestro reclamo y estamos muy tranquilos. Hay que darles el tiempo para analizarlo”, repitió Grindetti.

El capítulo judicial

Frente a la decisión de Fernández de no cumplir con lo establecido por la Corte en la medida cautelar, Horacio Rodríguez Larreta motorizó el año pasado una serie de presentaciones ante los jueces para pedir embargos de bienes de la Nación. Tras el cambio de mando en la Casa Rosada y en la Ciudad, Jorge Macri, sucesor de Larreta, ratificó que le solicitaría a Milei que cumpla con la sentencia y corrija la situación. Ese había sido uno de sus compromisos de campaña para fortalecer la “autonomía” porteña.

Me reuní con Luis Caputo, ministro de Economía del Gobierno Nacional, para pedirle que respetara la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de restituir a la Ciudad los recursos de Coparticipación Federal, que el kirchnerismo nos sacó a todos los porteños de forma… pic.twitter.com/c0z4aiQFKZ

— Jorge Macri (@jorgemacri) January 4, 2024

A fines de noviembre, tras el balotaje, la Corte rechazó las excusaciones y recusaciones que presentó la administración de Fernández contra los jueces antes de dejar el poder. Y quedó en condiciones de resolver la cuestión de fondo en la causa y los pedidos de embargo que presentó la Ciudad en los últimos meses.

No obstante, la Corte apuesta ahora a que, con el recambio de autoridades en el gobierno nacional y el Ejecutivo porteño, Milei y Jorge Macri encuentren una solución consensuada. De esa forma no sería necesario que ellos intervengan para resolver el conflicto. Incluso los jueces podrían volver a convocar a las partes a una audiencia. En la cúspide de la jefatura porteña pretenden llegar a esa eventual instancia en la Corte con un acuerdo político ya cerrado con Milei.

En el Gobierno son cautos porque Milei afronta reclamos de los gobernadores, quienes se quejan por el recorte de fondos que implicó la reforma de Ganancias de Massa en plena campaña -una medida celebrada y apoyada por los mandatarios del PJ- o la decisión del Presidente de disminuir “al mínimo” de las transferencias discrecionales a las provincias” o paralizar la obra pública.

En el oficialismo, sobre todo, remarcan que deben hacer equilibrio a la hora de abordar el caso porteño porque el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también reclama al Estado nacional por el reparto de la coparticipación.

Tres claves del conflicto

• La disputa se originó después de que Fernández recortara los fondos de la Ciudad con el argumento de que Macri le había transferido un excedente de coparticipación a Larreta cuando traspasó la Policía Federal a la órbita del gobierno porteño, en 2016. En ese momento, Macri subió el coeficiente de la Capital del 1,4% al 3,75%. Luego, se redujo al 3,5% con el pacto fiscal de 2017.
• El 10 de septiembre de 2020, Fernández le quitó por decreto un 1,18%. Después lo redujo al 1,14% cuando el kirchnerismo aprobó por ley un nuevo esquema de financiamiento de la Policía porteña. En esa normativa, Fernández añadió que, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, la Nación le transferiría una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional.
• Larreta recurrió a la Corte. El 21 de diciembre de 2022, los jueces, por unanimidad, dictaron una medida cautelar a favor de la Ciudad. Ordenaron que Fernández le transfiera el 2,95% hasta resolver la cuestión de fondo. La Capital aporta a la masa coparticipable entre el 22% y el 25% del total y ahora percibe el 1,4%.

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