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El Gobierno demora la reglamentación del RIGI y afina su estrategia para atraer las inversiones

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La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, dijo este miércoles en el salón de los Escudos de la Casa Rosada que la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) estaba atrasada.

Estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con sus vicejefes, Lisandro Catalán y José Rolandi, y participaron también los jefes de los bloques aliados en la Cámara de Diputados: Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (HCF).

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Según pudo saber TN, la mesa técnica del Ejecutivo está tardando en reglamentar el RIGI porque trabaja en el articulado para que los empresarios con inversiones previas puedan adherir al régimen de 30 años sumando capital para llegar al piso de US$200 millones.

Ofrece el pago de una alícuota del 25% del Impuesto a las Ganancias y la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos y partes. Los de exportación se liberarán luego de tres años desde la incorporación al sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (Fuente: REUTERS/Matias Baglietto).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este sábado en Radio Mitre que el titular de Economía, Luis Caputo, tendrá a cargo la aplicación del RIGI dentro de la órbita de Infraestructura, que absorbió tras la salida del exministro Guillermo Ferraro.

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Según pudo saber TN, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también quiere tener inferencia en el diálogo con los empresarios en el proceso de adhesión al régimen.

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Es por eso que le quitó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AACI) a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y le pidió la renuncia a Julio Cohen, que estaba a cargo del organismo. Nombró en su lugar a Diego Sucalesca para impulsar a la par la Marca País.

“La mayoría de los empresarios grandes quieren hablar con Milei o con alguien de su círculo cercano. Necesitan confianza para invertir y por eso entra en juego Karina”, expresó a TN un funcionario.

La secretaria de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, en la conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA (Foto: Leandro Heredia/TN).
La secretaria de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, en la conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA (Foto: Leandro Heredia/TN).

Otro cercano a Karina Milei es el titular del Consejo de Asesores del presidente, Demian Reidel, que en la Casa Rosada denominan como “canciller de inversiones”. Participa de la comitiva en los viajes oficiales y se encarga del diálogo con el sector de la inteligencia artificial.

Habla con Milei de economía y sobre las posibilidades de la salida del cepo a corto plazo y su influencia en las inversiones. En Balcarce 50 sostienen que están negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que habiliten un nuevo acuerdo por US$10.000 millones y que esperan US$2000 millones del Banco Mundial.

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El Ejecutivo también pone la mira en las modificaciones de las leyes de Hidrocarburos (17.319), de Concesiones (17.520) y de Gas Natural (24.076). La primera establece que el Gobierno no pueda intervenir o fijar precios de comercialización en el mercado interno.

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Determina además que los concesionarios puedan exportar libremente -sujeto a la no objeción de la secretaría de Energía- e impulsa que los titulares de permisos de exploración paguen anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado.

Gobierno, RIGI, inversiones

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Milei vs. Villarruel: internas y contactos cercanos con la casta

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Columna publicada originalmente en La Nación

El importante funcionario no puede ocultar su preocupación: “No podemos estar tres años más con esta situación de conflicto. Hay que resolverla”. La frase pertenece a uno de los principales colaboradores del presidente Javier Milei, que mira con más inquietud que su jefe la aguda escalada de la disputa con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El problema más complejo no parece ser la posibilidad de una fractura definitiva, de una renuncia o de que se logre estructurar algún tipo de conspiración efectiva contra el Presidente, a pesar de lo que digan los comunicadores presidenciales como parte de la guerra dialéctica.

El dilema por estas horas para el Presidente, y aún más para su hermana Karina Milei y su asesor Santiago Caputo, que tienen tanta o más inquina con Villarruel, es cómo evitar que este conflicto fortalezca la sospecha de que el Gobierno está pactando con exponentes destacados de “la casta” y encontrar cómo neutralizar el daño que eso puede causarle.

Por las dudas, la vicepresidente sacó un tuit para tratar de descomprimir. Su público posicionamiento diferenciado en cuestiones sensibles podría impactar sobre uno de los principales activos del Presidente, a quien las encuestas le sonríen, muy especialmente, por haber honrado el contrato electoral. Es decir, por haber hecho o estar haciendo lo que había prometido que iba a hacer.

El éxito electoral y del primer año de gestión de Milei se sostuvo y se sigue sosteniendo en la impugnación que él hizo al sistema en dos dimensiones: funcional y moral. Eso implicó e implica la descalificación a sus oponentes y al Estado por no resolver los problemas de la sociedad, tanto por ineficacia como por corrupción. Asuntos muy caros a una ciudadanía hastiada de los fracasos y de las obscenidades de una dirigencia lejana y alejada.

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Bajar la inflación y romper el statu quo político fueron y son los puntos de convergencia entre la oferta de Milei a sus votantes, la demanda social que llevó al libertario al poder y los resultados de los primeros 365 días de Gobierno. En eso radica el éxito y la popularidad reflejada en los sondeos que le dan mayoritariamente un apoyo que ronda el 56%, el mismo que obtuvo en el balotaje.

“Una de las cosas que la gente más apoya es el combate a ‘la casta’. El problema es que el escándalo del Senado reinstaló ese tema y nosotros quedamos pegados y no enfrentados con los que la representan”, admiten en el entorno presidencial.

Por eso, los ruidos de estos días exceden la cuestión de la relación personal con la vicepresidenta y la desconfianza que sienten tanto el Presidente, como su hermana Karina y el supergurú Santiago Caputo. Aunque estos son aspectos extremadamente relevantes, que agravan el problema y dificultan su solución.

Si se concretara en los próximos días, como dejan trascender desde la Casa Rosada, la designación por decreto para integrar la Corte del supercuestionado Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, que no logra sumar adhesiones, se potenciaría la disputa interna y la percepción negativa.

Para muchos observadores, esa decisión le daría sustento a la instalación en la opinión pública de que cuando lo necesita y le conviene el Gobierno tienen connivencia con elementos nucleares de “la casta”, lo que pasaría a ser un hecho y no una mera acusación o una suposición para descalificarlo.

El nombramiento del polémico juez federal, a quien se considera el mayor garante de los poderes reales que operan bajo el radar, llegaría luego de la decisión oficial de no llevar su candidatura al recinto, a pesar de contar con el número de aprobaciones requeridas en la Comisión de Acuerdos. Y, sobre todo, se daría tras una quincena en la que el oficialismo quedó en el Congreso a contramano de iniciativas que procuraban avanzar sobre la corrupción política, tanto en lo particular (caso Edgardo Kueider) como en lo general (proyecto de ley de “ficha limpia”).

En casi todas estas situaciones, Villarruel se ha diferenciado del Presidente y de la orientación bajada por la Casa Rosada. De allí el encono creciente y la distancia aparentemente insalvable con ella, convertidos en un círculo vicioso que termina complicando al propio Presidente y exponiéndolo. Se vio el jueves pasado en la sesión del Senado en la que se decidió la expulsión del cuerpo del ahora exsenador entrerriano. Por eso, el sector más político del Poder Ejecutivo busca recomponer, aunque sea mínimamente, ese vínculo. Pero sin demasiadas expectativas y a la espera de que baje la espuma de estos días turbulentos.

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“Si Javier y Victoria hubieran tenido un diálogo mínimo difícilmente se hubiera llegado a la sesión de esa manera y mucho menos se habría dado el resultado que se dio”, dicen fuentes de la Casa Rosada.

De esa manera, avalan el desconocimiento que alega Villarruel de un dato tan elemental como que Milei viajaría a Italia y que ella quedaría a cargo del Poder Ejecutivo. No se trataba de un secreto de Estado imposible de compartir con nadie, sino apenas de una comunicación burocrática y obligatoria. Más excentricidades del gobierno libertario.

Los antecedentes cuentan. La vicepresidenta se había manifestado desde un principio en contra de la postulación de Lijo y había tenido varias acciones diferenciadoras que le valieron la exclusión hasta de actividades protocolares. Pero la semana pasada se terminó de ganar todo el desprecio del triángulo de hierro, expresado por el Presidente con sus referencias a “traidores” así como en la advertencia de que no tolerará ningún tipo de “desobediencia”.

Tras eso llegó una andanada de ataques contra Villarruel de la milicia digital mileísta, completada por una grave acusación como es la de haber conspirado en el extranjero contra Milei, publicada en el órgano paraoficial La Derecha Diario, lo que volvió a demostrar la aceitada coordinación y verticalidad de esa organización comunicacional.

“Tienen todo el poder del Estado para saber qué estamos haciendo. Victoria no se mueve sin custodia, que es de la Policía Federal. No hace nada que no se sepa. Mientras gastan energía en nosotros, hay algunos que crecen a la sombra”, le han dicho allegados de Villarruel a interlocutores oficiales para rechazar las acusaciones y, al mismo tiempo, sugerir que provienen de interesados en posicionarse en el armado interno.

La construcción electoral de LLA está en marcha y cruje por muchos lados. Militantes, influencers y dirigentes de la primera hora compiten por estar en la góndola en octubre. Pero habría algunas fallas de mercado y, por lo que se ve, las autoridades estarían interviniendo sin disimulo, a pesar del dogma libertario.

En ese escenario, el caso Kueider fue y seguirá siendo un problema mayúsculo de consecuencias aún imprevisibles. Que el cristicamporismo sume en su reemplazo a una camporista pura y esté más cerca del quorum de la Cámara es una obviedad, que apenas potencia la debilidad parlamentaria oficialista.

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Interpretaciones y suspicacias

“Sin Kueider no hubiéramos tenido Ley de Bases”, dicen en el entorno de Milei, en lo que es una admisión seguida de muchos puntos suspensivos, que dan lugar a muchas interpretaciones y suspicacias.

Entre ellas sobresale la que ha instalado el kirchnerismo en el sentido de que el adinerado mochilero detenido en Paraguay habría engrosado su patrimonio (no declarado) por haber dado su voto al proyecto legislativo mayor del gobierno. Aunque Kueider ya viniera siendo investigado por anteriores mejoras patrimoniales de cuando todavía era fiel a su peronismo original.

Las investigaciones del lado paraguayo están en una etapa más preliminar que las abiertas en la Argentina, a las que también les faltan varias piezas. Pero con la expulsión del Senado podría empezar a completarse el rompecabezas.

La extrema vulnerabilidad en la que Kueider ha quedado por la pérdida de los fueros y de todo apoyo político eficaz abre el más inquietante de los interrogantes para sus viejos y nuevos aliados. Si las causas avanzaran, ¿el exsenador dejaría de negar lo innegable y estaría dispuesto a colaborar con la Justicia?

Al respecto, en el Senado destacan que el cambio del voto de Kueider sobre la Ley de Bases no lo gestionó Villarruel sino la Casa Rosada. Sobran motivos para la desconfianza, la preocupación y la irritación. La psicología dice que detrás del enojo está el miedo. Por eso, buscan atenuar los efectos del trauma.

Podría ser un problema mayor que esta disputa interfiera en el vínculo del Gobierno con la sociedad, que le reconoce estar cumpliendo el contrato electoral establecido, según una reciente encuesta de las consultoras Trespuntozero y GOP, que dirigen Shila Vilker y Raúl Timerman. Y en ese contrato electoral está la lucha contra la casta.

Los números del sondeo son elocuentes. Un 46,4% de los consultados dice que Milei está cumpliendo con lo que prometió, a lo que se suma un 9,2% que dice que lo “está cumpliendo, pero no lo está logrando”. Por lo tanto, para el 55,6% honra sus promesas, más allá del resultado.

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Detrás de esos números se advierte que la polarización sigue vigente, así como que el polo oficialista es más grande. Para el 82% de los votantes de La Libertad Avanza en primera vuelta, “Milei está cumpliendo lo prometido” y solo el 12,9% de los votantes de Massa considera que el Presidente es consecuente.

Las expresiones en los grupos focales reflejan, además, el grado de adhesión y rechazo frente a esa realidad. “Casi todo lo que prometió en la campaña ya lo hizo o lo está haciendo. Le falta lo de dolarizar”, es la afirmación representativa del universo de votantes oficialistas.

En cambio, la opinión que mejor resumió la posición de los opositores fue: “Para mí cumplió con muchas de las cosas que dijo en campaña. Yo no estaba de acuerdo y por eso no lo voté. Pero hubo gente que votó al loco de la motosierra y acá lo tenés. Bajaron el gasto público, pero matando a los viejos, lo mismo con la inflación, que bajó, pero los precios quedaron altísimos y los salarios no aumentaron como los precios.”

Según los autores de la encuesta, el cumplimiento de las promesas es un gran soporte de la adhesión y de la paciencia social, sobre todo, de aquellos que no sienten mejoras en su situación personal. “Veo avances, hay que darle tiempo”; “le daría tiempo hasta que termine lo que está haciendo”, y “el gobierno debe saber en cuánto tiempo se deberían ver los resultados. Veo que están cumpliendo […]. En cuanto ordenen todo tiene que empezar a dar resultados, pero no sé cuánto tiempo es eso”, dicen.

A eso se suma la creencia mayoritaria (57,2%) de que muchas o algunas “de las cosas que hace este gobierno, alguien las tenía que hacer”. Entre las medidas con más del 60% de apoyo, aparecen por orden de adhesión la suspensión por un año de la publicidad oficial, la boleta única papel, el déficit cero, la reducción de los ministerios, la eliminación de las PASO y la duplicación del monto de la Asignación universal por hijo.

Las más rechazadas (con más del 52% de oposición y por orden de rechazo) son el veto a la ley de movilidad jubilatoria, la privatización de YPF, el veto a la ley de financiamiento universitario, la suspensión de la obra pública, la quita de subsidios y aumento de las tarifas en los servicios públicos y el transporte y la liberación del precio del combustible.

La consistencia y el impacto en la economía parecen ser las variables que más pesan. “Todas las que tienen alta adhesión son medidas anticasta, y los temas que peor recepción generan son los relacionados con la retracción del Estado (como el veto a la ley previsional y a la de financiamiento educativo o la privatización de YPF). Como si la gente dijese contra la casta sí, contra el Estado no. La batalla cultural está en ciernes”, concluye Shila Vilker.

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No extraña así la profundización de la guerra comunicacional por la pureza ideológica. Tanto como el malestar y la preocupación que generan los hechos que muestran contactos demasiado cercanos con “la casta” o las disputas en la cima del poder, propios del establishment político. Principio de revelación.

Por eso, el Gobierno aspira a cerrar el año con anuncios de inversiones y algunos otros resultados positivos en el plano de la macroeconomía, para disimular los tropezones políticos y aventar los nubarrones.

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