POLITICA
El Gobierno despedirá cerca de 5 mil empleados públicos para profundizar el ajuste del Estado
Javier Milei sigue avanzando con el “plan motosierra” y prepara otra ronda de despidos en el Estado. Según pudo saber TN, al menos 5 mil trabajadores perderán sus empleos en distintas áreas de la administración nacional este domingo a partir del vencimiento de sus contratos de planta transitoria.
Los nuevos cesanteados son parte de los 50 mil agentes públicos cuyos contratos habían sido prorrogados a fines de marzo, cuando se produjo la ola de despidos más grande de la gestión libertaria (unos 15 mil). En ese entonces, el Gobierno había anunciado una “auditoría permanente”.
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Según pudo saber este medio, la nueva ronda de despidos afectará principalmente a trabajadores de ministerios y secretarías ya eliminadas, como la de Mujeres y Géneros, pero también a organismos autárquicos como el INTI.
Más allá de que esta tanda de cesanteos no sea tan masiva como las anteriores, el objetivo a mediano plazo de Milei es eliminar la planta total de contratados en la Nación de forma progresiva.
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TN pudo acceder días atrás al informe de los despidos que hicieron los integrantes del gabinete en sus ministerios y a los detalles que recibió la mesa chica del Ejecutivo: los números indican que el Gobierno ya echó a 18.019 contratados estatales en los primeros seis meses de gestión y redujo su planta de 72.000 trabajadores a 53.981.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la funcionaria que más recortó: dio de baja 4930 contratos ligados a su ministerio, que incluye las secretarías de Trabajo, Educación, Cultura y Niñez y Familia.
El titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, aparece en el segundo lugar: despidió a 3195 trabajadores, que se compone de 15 secretarías como la de Transporte, Energía, Obras Públicas, Finanzas e Industria. También absorbió la mayoría de las dependencias del exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro.
La reducción de personal abarcó por ahora solo a trabajadores con contratos anuales, que el Gobierno extendió por tres meses en dos tandas en diciembre y marzo. Las bajas de planta permanente se ejecutaron en mucha menor magnitud.
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Es por eso la Ley Bases incluyó en su artículo número 52 un marco normativo para la reducción de los empleados de planta permanente de la Administración General de Nación: en concreto, propone que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados en el caso de estar sujetos a organismos eliminados o modificados. Y habilita también al Ejecutivo a no pagar a indemnizaciones en casos en que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas.
Este cambio contempla además que puedan ser cedidos de Nación a provincias y ofrece una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.
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POLITICA
Qué dicen los primeros datos de la autopsia de Sofía Delgado, la joven asesinada en Santa Fe
En medio de la conmoción en la provincia de Santa Fe por el asesinato de Sofía Delgado, la joven de 20 años que estaba desaparecida desde hacía más de dos semanas, se conocieron este sábado los primeros datos de la autopsia luego de que su cuerpo fuera hallado el viernes en una zona rural de Ricardone. Por el crimen hay cinco detenidos, apuntados por la Justicia por tener vínculo con la víctima.
Voceros del Ministerio Público de la Acusación indicaron a los medios locales que el cuerpo de Delgado -cuya autopsia fue realizada en el Instituto Médico de Rosario- arrojó como posible causa de muerte una posible asfixia mecánica. Este dato se conoce a 24 horas del hallazgo del cadáver por parte de la Policía, que lo encontró en avanzado estado de putrefacción, dentro de un bolsón de los utilizados para trasladar arena, cubierto con un aislante térmico, y atado de pies y manos.
El procedimiento se realizó bajo un protocolo especial que se activa en casos de muertes violentas de mujeres. El término “asfixia mecánica” refiere a un impedimento irreversible de la función respiratoria. Sin embargo, estos resultados son preliminares y resta que sean confirmados con exámenes forenses.
La investigación
La denuncia por la desaparición de Sofía se realizó el 31 de octubre y la investigación de la Fiscalía Regional 2 comenzó al día siguiente, pero el caso no obtuvo pistas firmes durante por lo menos 10 días.
En ese marco, hace tres días personal de la Policía de Santa Fe secuestró ropa con manchas de sangre en una casa al norte de Rosario, donde vive un allegado a Delgado. Asimismo, se montó otro procedimiento en la ciudad bonaerense de Pergamino, donde se detuvo a una pareja, identificados como Alejandro Bevilacqua, de 35 años, y Miranda Leguizamón, de 29. Allí fueron secuestrados dos teléfonos celulares, varios pendrives, discos rígidos, dos notebooks y juguetes sexuales.
Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes se realizaron cinco allanamientos más dispuestos por el fiscal Carlos Ortigoza, de la sede de Fiscalía de San Lorenzo, según informaron a LA NACION fuentes del caso. Según los primeros informes que trascendieron, la pista firme la dio uno de los allanamientos, donde perros rastreadores permitieron localizar prendas de vestir envueltas en una sábana, aparte de otras sábanas con restos biológicos que serían de la joven buscada desde el 30 de octubre pasado.
A raíz de esto las autoridades arrestaron a tres personas más: Eduardo Morini, un hombre de 47 años; Brian Bauman, de 34; y Natalia Palavecino, 46. Se desconoce qué tipo de relación tenían con la víctima ya que estos datos son preservados por la Justicia a la espera de las declaraciones.
En tanto, el Ministerio Público de la Acusación confirmó el secuestro de un automóvil Peugeot 308 gris. Este vehículo fue detectado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal de San Lorenzo frente al domicilio de Delgado en el momento de su desaparición y fue hallado en un galpón que supuestamente alquilaba uno de los sospechosos.
Tal como publicó LA NACION, se sospecha que detrás del crimen se podría esconder un trasfondo de trata de personas en una “zona roja”, que se consolidó como una de las tantas cajas negras de la policía de la región.
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