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POLITICA

El Gobierno echó a dos funcionarios de la Secretaría de Turismo que trabajaban en Miami y en París

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El Gobierno anunció el despido de dos funcionarios de la secretaría de Turismo que trabajaban fuera del país. La decisión fue comunicada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En el primer caso, se trata de una persona que vive en Miami y que percibía un salario mensual de US$13.000, desde hace 31 años. El otro, que vive en París, “percibía desde hace 11 años US$9000 por mes”, indicó el portavoz.

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“No sé si se entiende la magnitud de los que estoy contando. Es parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina”, dijo Adorni.

La semana pasada, el vocero ya había anunciado el cierre de otros dos organismos como parte del plan de reducción del gasto público. Adorni explicó entonces que el ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, dispuso la disolución del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, lo que implicará el despido de 900 empleados públicos.

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Adorni dijo que se encontraron con “datos calamitosos y profundamente desoladores” en ambas reparticiones del Estado: “Con un total de 964 empleados y 164 delegaciones, el organismo se va a reducir a una Dirección con 64 empleados, lo que va a significar un ahorro de $9 mil millones, se van a reducir 900 puestos de no trabajo”.

El vocero presidencial argumentó la medida con fuertes críticas a lo que denominó “la fiesta que había del gasto público” y explicó que el INAFCI “tenía dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

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Adorni dijo que el organismo recibía “fondos discrecionales, donde actuaban organizaciones sociales y municipios, en estas transferencias”, y planteó: “La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo, el instituto no estaba cumpliendo con la esencia en la que se había basado para su creación”.

La medida anunciada se sumó al cierre de otros organismos como la agencia oficial de noticias Télam y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), entre otros.



Manuel Adorni, Javier Milei, Secretaría de Turismo de la Nación

POLITICA

La Corte Suprema declaró constitucional la ley que obliga a usar cinturón de seguridad en todo el país

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes por unanimidad el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todo el país. El incumplimiento del mismo será sancionado como una falta vial, es por ello que quienes no lo utilicen podrán ser multados.

En noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo a un conductor, llamado por sus siglas D.S.G, cuando circulaba por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento mendocino de Las Heras. Tal como indica la norma provincial, al advertir que no llevaba puesto el cinturón, el oficial de tránsito le hizo una multa.

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Es por ello que D.S.G planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a usar cinturón cuando se desplazaba en la calle como único ocupante del vehículo. Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Los conductores que no utilicen cinturón de seguridad serán multados. Es una norma que rige para todo el país. (Foto: GCBA)

Por unanimidad, la Corte rechazó este planteo de D.S.G y convalidó hoy la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón. Con diferentes votos, los jueces coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

En el caso puntual, señalaron que el uso obligatorio del cinturón se justificaba en la prevención de un riesgo a terceros. En el caso de si se produce un accidente, la falta del conductor puede aumentar las probabilidades de pérdida de control de su auto y, por ende, afectar directamente a terceros.

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En su sentencia, la Corte reafirmó su línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero indicó que el planteo de D.S.G se encuentra por fuera de la citada protección.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin cinturón y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”. También, que “la tutela de la salud en el específico ámbito vial, el problema de la indiferencia o de la atención jurídica por las consecuencias de la actividad ha tenido distintas etapas de regulación”.

La defensa del conductor que inició el reclamo y la contundente respuesta de la Corte

En su examen, el Máximo Tribunal dijo que D.S.G, en su presentación, sostiene que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

En ese marco, la Corte recorrió su doctrina relativa a los alcances del artículo 19 que “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida”. Asimismo, remarcó que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

La Corta, además, explicó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, ya que lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

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El recurrente, señaló el Máximo Tribunal, “sostiene que el uso obligatorio del cinturón agravia sus convicciones liberales –incluso cuando otros las reputen imprudentes- pero en su presentación no refuta el riesgo a terceros en que la sentencia del tribunal local justifica la validez de ese deber”. Se trata, de acuerdo a lo que apuntó la Corte, de “terceros que también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Corte Suprema, cinturón de seguridad, Ley

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