El Gobierno enviará una reforma laboral reducida y trabajada por la UCR al Congreso. Según pudo saber TN, estará dentro de la Ley Ómnibus y será propuesta en el plenario de comisiones que el Ejecutivo espera que sea la semana del 17 de abril. El oficialismo quiere llegar al recinto el 24.

La Casa Rosada postergó la presentación proyecto completo de las modificaciones en el régimen del trabajo -tal como está en el DNU 70/2023- y buscará aprobar los puntos propuestos por el jefe del bloque del radicalismo en Diputados, Rodrigo de Loredo.

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El Gobierno no recibió el documento todavía, pero espera que incluya los puntos de “flexibilización laboral”, como la eliminación de multas por trabajo mal registrado previstas por la ley 27.430, el blanqueo de contrataciones informales previas y la derogación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Estarían también en la lista la modificación del sistema de indemnizaciones por un fondo de cese de desempleo y la extensión del período de prueba a 8 meses.

Lo que quedaría afuera por el momento es la prohibición de los bloqueos en las empresas y la optatividad del pago de la cuota solidaria de los afiliados de los sindicatos, medida que afectaría su recaudación. Hay dudas sobre la limitación al derecho a huelga con la declaración del servicio esencial del 50% de las áreas de salud, transporte y educación.

La línea que mantiene el Gobierno es acelerar el tratado de la Ley Ómnibus y el pacto fiscal para llegar al pacto de mayo con proyectos sancionados por el Congreso. Es por eso que no insistirán con los puntos polémicos de las modificaciones laborales.

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Un funcionario le expresó a TN que “la idea es que se aprueben puntos urgentes, como la simplificación laboral, para que las PyMes no se fundan y pueda haber un rebote de la economía. Es una parte chica de la reforma que queremos impulsar”.

El Ejecutivo cree que con el impulso de una parte del radicalismo -los diputados afines a Facundo Manes y Martín Lousteau no están en buenos términos con el oficialismo- tienen una base de respaldo a la Ley Ómnibus. En el poroteo, cuentan a los legisladores del PRO, Innovación Federal y algunos de Hacemos Coalición Federal.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya inció además la agenda paralela de negociaciones y conteo de votos para el Senado en caso de que la Ley Ómnibus sea aprobada en la Cámara Baja. Desde la Casa Rosada sostienen que “no es la tarea de Villarruel” y respaldan al integrante del gabinete.

El jueves tendrá una reunión con los 10 goberandores de Juntos por el Cambio y no descartan que haya encuentros “uno a uno” con algunos mandatarios de la liga patagónica. Lo mismo aplica para los bloques de Diputados.

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El Gobierno quiere tratar los puntos de la reforma laboral que queden afuera del tratado de la Ley Ómnibus luego del pacto de mayo junto con una reforma previsional de fondo, que incluye la baja de los jubilados que entraron en las últimas moratorias, la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres y la implementación de un esquema similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

El plan del Ejecutivo es reformar la legislación laboral en línea con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras. Quieren darle prioridad a los ejes que tengan incidencia directa en la economía.

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