El Gobierno le transmitió al Papa Francisco que ve con sumo agrado la causa de canonización –con vistas a declararlo beato y luego santo– que la Iglesia le inició el año pasado al teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) entre 1974 y 1975, durante la presidencia de Isabel Per
La posición le fue comunicada por el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Naheul Sotelo, durante la reunión que mantuvo el viernes con el pontífice y tiene que ver con lo constituye uno de más emblemáticos del accionar de la guerrilla, particularmente por las deplorables condiciones de su cautiverio de más de un año de Larrabure.
El apoyo se produjo en vísperas de que el Papa reciba este lunes a la vicepresidenta Victoria Villarruel que desde hacer años reivindica a las víctimas del terrorismo y la guerrilla, pero viene teniendo roces con el círculo más estrecho del presidente Javier Milei por su grad de independencia.
La Iglesia católica empezó a analizar si Larrabure fue un mártir y, por lo tanto, si lo declarará beato -el peldaño anterior a la proclamación de santo-, luego de que el Vaticano dio la autorización para iniciar la causa, que -por las exigencias de estos procesos qe requieren minuciosos estudios- puede demorar años.
El Papa Francisco con Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, durante un encuentro en el Vaticano.
Los impulsores de la causa -civiles y militares retirados- argumentan que Larrabure -un hombre de profunda fe que rezaba diariamente durante su secuestro- asumió su situación con heroicidad cristiana, ya que en las cartas escritas a sus familiares en su cautiverio les pedía no odiar y perdonar a sus íacaptores.
El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, cardenal Marcelo Semerano, confirmó dió el nihil obsta” (nada obsta) para comenzar la causa tras el pedido del obispo castrense argentino, monseñor Santiago Olivera, la autoridad eclesiástica competente porque el candidato era un militar.
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Olivera había recibido de los impulsores informes sobre la vida y el compromiso cristiano que llevaba Larrabure hasta su secuestro y una serie de documentos, principalmente las siete cartas que escribió el militar a su familia, que le sirvieron de fundamento para elevar la petición a la Santa Sede.
“Larrabure no se llenó nunca de odio, ni llamó al enfrentamiento, fue un hombre de paz y de perdón”, dijo entonces monseñor Olivera y señala que “al haber asumido su situación desde la fe y traducirla en valores cristianos como amar al enemigo llevan a considerar lo suyo un martirio”.
Larrabure nació en Tucumán en 1932. Estaba casado, tenía tres hijos y se había graduado como ingeniero. Cuando fue secuestrado tenía 43 años, contaba con el grado de mayor y era subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba.
En agosto de 1974 un comando de 70 guerrilleros del ERP tomó por asalto la y secuestró a Larrabure, quien fue encerrado un calabozo húmedo, sin luz y con escasa ventilación camuflado en el local de una mercería en el barrio Bellavista de Rosario.
Sus captores querían que les revelara las fórmulas para fabricar explosivos, a lo que Larrabure siempre se negó porque les decía que si lo hacía iba a poner en riesgo vidas humanas y que “la vida es sagrada y está en manos de Dios”.
Finalmente, luego de 376 días de encierro, Larrabure fue ejecutado y su cuerpo arrojado a una zanja.
Los intentos de juzgar a sus captores no prosperaron porque la Cámara Federal de Rosario consideró en 2018 que su crimen no fue un delito de lesa humanidad al no haber intervenido el Estado.
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El caso del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) entre 1974 y 1975, durante la presidencia de Isabel Perón, constituye uno de más emblemáticos del accionar de guerrilla, particularmente recordado por las deplorables condiciones de su cautiverio de más de un año.
A casi medio siglo de los hechos, la Iglesia católica empezará a analizar si Larrabure fue un mártir y, por lo tanto, si lo declarará beato -el peldaño anterior a la proclamación de santo-, luego de que el Vaticano dio la autorización para iniciar la causa de beatificación que -por las exigencias de estos procesos- puede demorar años.
Los impulsores de la causa -civiles y militares retirados- argumentan que Larrabure -un hombre de profunda fe que rezaba diariamente durante su secuestro- asumió su situación con heroicidad cristiana, ya que en las cartas escritas a sus familiares en su cautiverio pedía no odiar y perdonar a sus captores.
El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, cardenal Marcelo Semerano, confirmó recientemente el “nihil obsta” (nada obsta) para comenzar la causa tras el pedido del obispo castrense argentino, monseñor Santiago Olivera, la autoridad eclesiástica competente porque el candidato era un militar.
Olivera había recibido de los impulsores informes sobre la vida y el compromiso cristiano que llevaba Larrabure hasta su secuestro y una serie de documentos, principalmente las siete cartas que escribió el militar a su familia, que le sirvieron de fundamento para elevar la petición a la Santa Sede.
“Larrabure no se llenó nunca de odio, ni llamó al enfrentamiento, fue un hombre de paz y de perdón”, dice monseñor Olivera y señala que “al haber asumido su situación desde la fe y traducirla en valores cristianos como amar al enemigo llevan a considerar lo suyo un martirio”.
Larrabure nació en Tucumán en 1932. Estaba casado, tenía tres hijos y se había graduado como ingeniero. Cuando fue secuestrado tenía 43 años, contaba con el grado de mayor y era subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba.
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En agosto de 1974 un comando de 70 guerrilleros del ERP tomó por asalto la y secuestró a Larrabure, quien fue encerrado un calabozo húmedo, sin luz y con escasa ventilación camuflado en el local de una mercería en el barrio Bellavista de Rosario.
Sus captores querían que les revelara las fórmulas para fabricar explosivos, a lo que Larrabure siempre se negó porque les decía que si lo hacía iba a poner en riesgo vidas humanas y que “la vida es sagrada y está en manos de Dios”.
Finalmente, luego de 376 días de encierro, Larrabure fue ejecutado y su cuerpo arrojado a una zanja. El Papa recibió el año pasado en el Vaticano a familiares del militar.
Los intentos de juzgar a sus captores no prosperaron porque la Cámara Federal de Rosario consideró en 2018 que su crimen no fue un delito de lesa humanidad al no haber intervenido el Estado.
Monseñor Olivera cree que la canonización de Larrabure “puede hacernos mucho bien y servir al encuentro entre los argentinos.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ex funcionarios y dirigentes de ONG coincidieron en la importancia para cientos de miles de argentinos pobres de las obras en las villas de todo el país que se vienen llevando adelante en los últimos años en el marco del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la necesidad de que el Estado las siga financiando ante el severo ajuste que el Gobierno, a poco de asumir, le aplicó al presupuesto del programa.
Fue durante un coloquio realizado en el campus de Puerto Madero de la UCA, con motivo del sexto aniversario de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, sancionada con amplio consenso multipartidario en el que también expuso la ex secretaria de Integración Socio Urbana y referente de Argentina Humana durante el gobierno de Alberto Fernández, Fernanda Miño, muy cercana al dirigente social Juan Grabois; y el economista y ex secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Welisiejko,
Organizado por Cáritas y las ONG Fundar y TECHO, las exposiciones giraron en torno al tema “Políticas que trascienden, políticas que transforman”, con el objetivo de reflexionar acerca del impacto de la mencionada ley, una política que consideraron pionera en la región y que -destacaron- “permitió la ejecución de obras y la generación de empleo en cientos de barrios populares, mejorando significativamente las condiciones de vida de sus habitantes”.
García Cuerva destacó el impacto transformador de la ley en los barrios populares -cuya aplicación comenzó con un censo sobre la cantidad y dimensión de ellos en todo el país-, al afirmar que “por primera vez los más pobres comenzaron a sentarse a la misma mesa para discutir con políticos, referentes sociales, asociaciones civiles y la Iglesia. La política de integración socio urbana fue revolucionaria porque quiso cambiar una cultura y tender puentes”.
En cuanto a la presencia del Estado, el arzobispo dijo que “si se retira aparece el Estado narco; por experiencia lo digo porque en el barrio de La Cava (donde fue párroco cuando como sacerdote pertenecía a la diócesis de San Isidro) pasillo que dejábamos los catequistas lo agarraban los transas, que ejercen el poder de la violencia y, por tanto, el retraso de las obras genera la invasión del Estado narco que afecta a todos, incluso a los indiferentes”.
Por su parte, Carrió destacó la necesidad de que la integración socio urbana se convierta en una política de Estado el enorme crecimiento de la pobreza “Cualquiera sea el gobierno o la ideología, hemos profundizado la pobreza. No hay libertad sin el otro, y cuando hay libertad sin igualdad, es injusticia”, sostuvo y consideró que “la integración socio urbana debe ser parte de un acuerdo social más amplio».
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Desde el análisis socio-económico, Welisiejko advirtió sobre las consecuencias a largo plazo del desfinanciamiento del FISU. “Argentina es el único país en América Latina que se ha empobrecido en los últimos 20 años”, dijo y opinó que “no defender la política de integración socio urbana es rendirse, y el escenario de desintegración social no le sirve a nadie”.
A su vez Miño destacó que la Ley 27.453 contó con el impulso de las organizaciones social y “fue producto de un consenso con un gobierno de diferente signo político, pero que mostró madurez y amplitud. Sin embargo, proyectos importantes –señaló- han quedado truncos por decisiones recientes, y cuando el estado se retira, avanza el narcotráfico”.
El director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, dijo que “estamos atravesando uno de los años más difíciles de los últimos 20 en Argentina. Hoy, uno de cada dos argentinos no llega a fin de mes y el 18% de la población no tiene lo necesario para comer”.
“Detrás de estas cifras hay millones de personas viviendo en barrios populares sin acceso a servicios básicos”, afirmó y consideró que •esta política concreta, que trascendió en dos gobiernos, debe volver a visibilizarse para que toda la sociedad se movilice en torno a ella».
La directora de Integración Socio-productiva de Fundar y ex ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, dijo que la política de integración social urbana que se desarrolló a partir de la ley “demuestra que es posible construir de otra manera”.
Destacó que “hace seis años, la confianza que tenemos hoy entre nosotros era inimaginable, pero una causa común, la integración socio urbana nos unió. Ahora, añadió, debemos inspirarnos en esta experiencia para abordar otras causas pendientes en Argentina, como la economía, el crecimiento y la integración de los trabajadores de la economía popular”.
Los organizaciones subrayaron que la Ley 27.453 de «Régimen de Regularización Dominial» estableció un marco legal y creó el FISU posibilitó más de 1.270 obras, beneficiando a más de 1,3 millones de personas, incluyendo a más de 250.000 mujeres que mejoraron sus hogares a través del programa «Mi Pieza».
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En febrero pasado, el decreto 193/2024 redujo los fondos del Impuesto País destinados al FISU, pasando del 9% al 0,3%. “Este retroceso compromete no solo los logros alcanzados, sino también el futuro de comunidades que dependen de la implementación efectiva de la ley”, advirtieron.
POLITICA1 día ago
