En medio de las tensiones por el paro del 24 de enero, el Gobierno busca negociar financiamiento con gremios neutrales para intentar dividir a la Confederación General del Trabajo (CGT). Según pudo saber TN, en el oficialismo estarían dispuestos a revisar el límite a la cuota solidaria de cada sindicato.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasin, llevarían a cabo las negociaciones y analizaría caso por caso la repercusión que genera en los trabajadores de cada organización y su posible modificación.

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La idea sería que se dialogue de forma unipersonal, como lo hizo la funcionaria con el titular Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, que luego respaldó la integración hacia el sistema de indemnizaciones ligadas al Fondo de Cese de Desempleo basado en la UOCRA.

Al respecto, un funcionario del Gobierno le expresó a este medio: “Nosotros queremos llegar a puntos de acuerdo con el sector gremial y estamos trabajando para eso. Vamos a hacer lo posible para frenar el paro”.

La cuota solidaria es un aporte que se determina en las convenciones colectivas de trabajo y se trata de acuerdos entre empresas y sindicatos en los que se establece un descuento del sueldo de los trabajadores no afiliados por la representación colectiva que reciben.

En el artículo 73 del DNU de desregulación económica que impulsó Javier Milei, se definió que esos aportes se realicen solo si existe un consentimiento expolítico del empleado autorizando el mismo. Se trata de un recorte de las cajas de los sindicatos.

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En el Gobierno, aseguran que mantienen diálogo con diferentes actores del sindicalismo y que nunca se cortó, más allá del desencuentro entre el cotitular de la CGT Héctor Daer y el ministro del Interior, Guillermo Francos, por la letra chica de la reforma laboral.

Además, señalan que estarían dispuestos a retroceder en otras disposiciones de la reforma que se nucleó en el DNU 70/2023 y en la ley ómnibus por un apoyo parlamentario, además del factor de gobernabilidad.

En los términos de la negociación, en el oficialismo entienden que lo que preocupa a los gremialistas es el límite de la cuota solidaria, junto con la declaración de servicio esencial de la educación y del transporte, de forma que obliga a que funcione siempre en un 75%. Las quejas argumentan una limitación al derecho a huelga.

Creen que no tendrán problema en mantener el Fondo de Cese de Desempleo al estilo UOCRA y repiten que “es lo que le conviene a los sindicatos”. Además, sostienen que en los próximos días adherirán más gremios.

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Rechazan la idea de retroceder en el nuevo régimen del período de prueba de ocho meses y en la eliminación de las multas por trabajo mal registrado.

“Nosotros vamos con todo y después vemos qué se da y qué se quita, pero se negocia desde esa posición. Entendemos la prórroga del paro hasta el 24 de enero como una dilatación para poder sentarnos a hablar mejor. Vamos a intentar hacerlo y evitarlo”, expresaron desde el Gobierno sobre la estrategia de negociación con los sindicalistas.