El Gobierno planea avanzar con desregulaciones e impulsar las leyes Anticasta y Antimafia en el Congreso tras la votación de las modificaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados.

La Casa Rosada sostiene que una de sus prioridades es sancionar los proyectos de ley que anunciaron en marzo los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), como la reforma de la Ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas calientes.

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Contiene modificaciones en el Código Penal sobre la unificación de condenas y el concurso de delitos, además de cambios en el marco de la legítima defensa que contemplen respuestas de fuego en casos de agresores desarmados o con armas falsas.

Incluye también la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales y la incorporación del concepto de reiterancia, de forma que se considere reincidente a toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva.

El Gobierno planea además enviar al Congreso una ley para eliminar más de cien regulaciones, que la mesa chica llama “Ley Hojarasca”. El autor es el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, que debe definir las condiciones de su desembarco en el gabinete con Javier Milei en las próximas semanas.

“Son en gran parte normas que quedaron obsoletas y que no tienen ningún tipo de practicidad en la actualidad. Incluye varios permisos burocráticos y trámites que traban la actividad económica, como por ejemplo que le tengas que pedir permiso a Nación para poner un mapa en un mate”, expresó a TN un funcionario.

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El Ejecutivo define también los detalles de la Ley Anticasta, que el presidente anunció en la apertura de sesiones ordinarias. El borrador es del autor del DNU 70/2023 y lo está ultimando la mesa técnica, que se compone del vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

Propone la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente junto con la prohibición de la presentación a elecciones nacionales de personas condenadas por corrupción en segunda instancia y la pérdida de beneficios de exfuncionarios con condenas firmes.

Incluye, además, la penalización a legisladores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria” y la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, de forma que tendrían que sustentarse con aportes voluntarios.

Impulsa la reducción de los contratos de los asesores de diputados y senadores y la pérdida de privilegio para el estacionamiento, además de la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitaría sus mandatos a cuatro años y establecería un tope de una sola reelección.

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El Gobierno también planea avanzar con una reforma fiscal y tributaria similar a la que presentó en enero dentro del primer proyecto de la Ley Bases, que contenía más de 600 artículos. Tiene en agenda además la reforma política que propone aplicar circunscripciones uninominales para las elecciones.

Pone la mira además en la votación de la semana que viene de las modificaciones en Diputados de los proyectos que logró sancionar en el Senado. El Ejecutivo afirma que llegó a un acuerdo con la oposición aliada para restituir Ganancias, Bienes Personales y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina.

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