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El Gobierno prepara un decreto para vender más de 370 terrenos y edificios públicos a US$1000 millones

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El Gobierno trabaja en un decreto para vender más de 370 terrenos y edificios públicos a US$1000 millones. El Ejecutivo quiere desligarse de las propiedades en desuso y busca sumar dólares a las cuentas públicas, que se encuentran en US$28.000 millones.

El equipo del titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, se encuentra trabajando en el proyecto que le va a presentar al jefe de gabinete, Guillermo Francos, y a la mesa compuesta por el vicejefe, José Rolandi, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

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Javier Milei quiere avanzar con la venta de inmuebles desde diciembre de 2023 y los primeros pasos del proceso los llevó a cabo el exministro coordinador Nicolás Posse. Es por eso que impulsaron una auditoría general de bienes del Estado, que identificó por el momento alrededor de 40.000 propiedades.

El decreto le llegará al Presidente en unos meses porque los técnicos de la AABE están preparando la presentación de papeles para poder ejecutar la venta de cada una de las más de 370 propiedades.

Javier Milei junto a su gabinete en la Casa Rosada (Foto: Gobierno).

Se trata de la identificación de cada propiedad -croquis con la fachada del inmueble- junto con las características de su ubicación, superficie, estado de ocupación, tasación y los pliegos de bases y condiciones de cada proceso.

El director de Compras, Contrataciones y subastas de la AABE es Ignacio Esteban Klubus, que fue nombrado en 2022 bajo la administración del exjefe de gabinete, Juan Manzur.

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Las ventas de terrenos y edificios se formalizan a través del portal “Comprar” de la AABE y se rigen por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001. El reglamento además establece una garantía de cumplimiento del pliego, que no puede ser menor al 1,5% del valor base de la subasta.

En el portal de ventas inmuebles hay solo dos propiedades: una casa de la avenida Salvador María del Carril al 3774 -que cotiza US$974.416- y un departamento de la calle Andonaegui al 1966, que está tasado en US$146.290.

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Según pudo saber TN, la semana que viene sale un decreto que le daría mayores facultades a Pakgojz para agilizar los procesos internos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como la firma y baja de contratos. El mantenimiento, reparación y limpieza de los edificios del Estado tienen un costo de $177.000.000 millones en 2024, según el Presupuesto Abierto. No se ejecutó todavía más del 20%.

En la Casa Rosada dieron la orden de recortar todo lo posible y apuntan a mejorar las cuentas con las privatizaciones y concesiones de las empresas públicas. En Balcarce 50 sostienen que ahorrarían US$1.000.000 si no tuvieran que pagar el costo anual de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).

Gobierno, decreto

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Luis Caputo quedaría este año a un paso de lograr una de las metas del ajuste

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Artículo publicado originalmente en Ámbito

Según un informe de la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encaminaría a conseguir este año un superávit financiero del 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese contexto, el reporte dice que quedaría a un paso de conseguir el objetivo de reducir el gasto público de la Nación y las provincias a un 25% del PBI, meta incluida en el Pacto de Mayo.

“El año 2024 podría terminar con un superávit financiero equivalente a 0,6% del PBI, contra un déficit del 6% observado en 2023”, dice el informe. Se trata de una mejora del 6,6% respecto del año pasado. Las proyecciones se lograrían en función de que el gasto y los ingresos se sigan comportando con la estacionalidad habitual.

El trabajo advierte, no obstante, que el gasto típico de los últimos meses del año podría verse alterado en función de posibles concesiones que habría hecho el Poder Ejecutivo a los gobernadores, para la aprobación de la Ley Bases.

“Es probable que en la negociación para la aprobación de la Ley Bases hayan surgido algunos compromisos para morigerar el ajuste fiscal en algunas partidas, especialmente las relacionadas con los gobiernos provinciales, lo que podría redundar en un gasto en el período agosto–diciembre superior al que indica la estacionalidad típica de las erogaciones para ese sub período del año”, indica el estudio.

Por otro, lado el trabajo dice que “en 2024 caerían en forma importante los intereses por deudas, no sólo por la eliminación del déficit fiscal y una menor necesidad de endeudamiento público, sino también porque en el año que corre se han emitido instrumentos de deuda del Tesoro que capitalizan intereses y se registran como gasto recién en el período en que vence finalmente el capital de la deuda”.

A un paso de cumplir con el Pacto de Mayo

El reporte agrega que con el ajuste fiscal que se observa en la Nación y las provincias “el año actual podría terminar con un gasto consolidado en torno a 32% del PBI, similar a lo que se observaba entre 1996 y 1998, en plena década del noventa con el Plan de Convertibilidad, o en el año 2007, en la siguiente década”.

“Así, en un año se habrá bajado un 70% del aumento del gasto observado entre 2004 y 2023. El peso del gasto público consolidado pasó de 27% del PBI en 2004 a 47% en 2016. Subió 20 puntos del PBI en 12 años. Entre 2016 y 2022 bajó 5 puntos del PBI”, dice el trabajo.

La Mediterránea plantea que “si el resto de 2024 las erogaciones se ejecutan como en los primeros meses del año, el gasto consolidado podría bajar a 32% del PBI”. Y señala que “en promedio, entre 1996 y 2024, el nivel del gasto representaría 37,5% del PBI”.

No obstante, el estudio elaborado por los economistas Marcos Capello y Nicolás Cámpoli señala que lo más probable en el caso de las provincias, es que a medida que avanza el año 2024 disminuya el ritmo del ajuste del gasto, respecto a lo observado en el primer trimestre, especialmente en materia de licuación salarial.

“La meta de alcanzar un gasto equivalente a 25% del PBI que se incluyó en el Pacto de Mayo implicaría, a su vez, volver al nivel de erogaciones que se observaba en Nación y Provincias en 2004, año con el menor peso del gasto público ejecutado en las últimas décadas”, explica el estudio.

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