En un nuevo avance judicial, el Ministerio de Capital Humano presentó ante el juzgado federal de Ariel Lijo documentos que revelan graves irregularidades en la entrega de alimentos y subsidios a comedores y merenderos que no existirían.

La documentación aportada incluye detalles sobre la inscripción en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), donde se encontraron inconsistencias que no permitieron verificar la existencia de varios de estos centros.

Según los archivos proporcionados, dirigentes sociales de siete organizaciones estarían involucrados en la firma de convenios millonarios, retirando alimentos y subsidios monetarios para comedores que, tras ser auditados, no pudieron ser localizados. Las auditorías revelaron que en varios casos, las direcciones proporcionadas no coincidían con los registros y, en algunas ocasiones, los vecinos afirmaron no conocer de la existencia de estos lugares.

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Las pruebas, presentadas por la subsecretaria legal Leila Gianni y el director de asuntos jurídicos Ariel Romano, incluyen formularios y convenios firmados bajo el programa “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”. Estos documentos fueron entregados al juzgado de Lijo, que delegó la investigación a la fiscalía liderada por Ramiro González. Uno de los puntos más alarmantes es la falta de documentación que respalde la entrega de miles de kilos de alimentos, cuyo destino final se desconoce.

Una de las organizaciones señaladas es la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que en 2022 recibió más de $178 millones en subsidios para 142 comedores. La auditoría interna del Ministerio cuestionó la rendición de cuentas de esta federación, detectando que algunos números de transacciones bancarias se repetían en los comprobantes presentados, lo que levantó sospechas. Además, las autoridades señalaron la falta de extractos bancarios que respalden las transferencias y la falta de sellos en los recibos presentados.

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Otra organización involucrada, Amanecer de los Cartoneros, recibió más de $1.124 millones en subsidios en los últimos años. En una revisión reciente, la auditoría del Ministerio de Desarrollo Social objetó la falta de claridad en varios comprobantes, además de cuestionar la veracidad de las facturas presentadas. Según el informe, se detectaron “reimpresiones” de facturas originales y la ausencia de varios documentos clave para justificar los gastos.

Juan Grabois, abogado y referente social vinculado a algunas de las organizaciones investigadas, respondió a las acusaciones calificándolas de infundadas. Afirmó que el relevamiento realizado por el Ministerio de Capital Humano se basa en datos erróneos y que varios de los comedores denunciados sí existen. Según Grabois, muchos de estos centros funcionan en viviendas particulares o en zonas de difícil acceso, lo que dificulta su verificación. También aseguró que varios comedores fueron dados de baja correctamente durante la pandemia y que otros dejaron de funcionar debido a la falta de entrega de alimentos por parte del Ministerio.

Además de las organizaciones ya mencionadas, otras entidades, como la Asociación Civil La Salud en Comunidad y la Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social, también están siendo investigadas por haber recibido alimentos para comedores que no pudieron ser verificados durante las auditorías. En algunos casos, se constató que los remitos y facturas no coincidían con las transacciones bancarias reportadas.

Por el momento, el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González continúan avanzando en la investigación. Se espera que en las próximas semanas se citen a los dirigentes de las organizaciones involucradas para que brinden explicaciones sobre las irregularidades detectadas y presenten la documentación necesaria para aclarar el destino de los fondos y alimentos otorgados.