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POLITICA

El Gobierno quiere privatizar AySA y que los extranjeros paguen por atenderse en hospitales públicos

Son iniciativas que quiere impulsar el Ejecutivo en línea con la idea de que se arancelen los estudios universitarios a los no residentes y la privatización de Aerolíneas.

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Luego de oficializar la intención de que los extranjeros no residentes paguen por su educación en las universidades públicas y privatizar Aerolíneas, el Gobierno de Milei quiere pisar el acelerador en estas cuestiones, es decir, busca profundizar su orientación a que el estado deje de subsidiar a personas físicas no radicadas en el país y, a su vez, se desprenda de empresas públicas que son deficitarias, tocando por un lado el delicado tema de la atención en hospitales públicos a extranjeros y una nueva privatización, este caso de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA).

Extranjeros y hospitales públicos

Respecto a la atención en hospitales públicos a extranjeros, algo en lo que ya venia trabajando el Gobierno, el jefe de gabinete Guillermo Francos dijo hoy que “Tenemos que ser justos con los argentinos a los que le debemos dar todos los servicios que se puedan y a los extranjeros abrirles las puertas, pero que se hagan cargo del costo de su educación y de su salud, porque hemos sido muy generosos” y fue más allá: “Si estamos viviendo en un país con 53% de pobres y los chicos en 70% de pobreza, ¿es justo que estemos dando servicios a extranjeros cuando no podemos asistir a los propios? Tenemos que ser más conscientes. El tema se está analizando y vamos a hacer una propuesta concreta”.

El ministro de Salud reveló que trabaja en un proyecto de ley para cobrar la atención médica a extranjeros

Si bien el arancelamiento a extranjeros ya es una realidad en el sistema de salud pública de varias provincias, el Gobierno busca darle un marco nacional y unificado a esta tendencia. Jujuy fue la última provincia en sumarse a los distritos que ya comenzaron a cobrarle a los extranjeros. Ya lo hacían Salta, Mendoza y Santa Cruz, y lo evalúan en Río Negro. Salta fue la primera provincia en tomar la decisión de cobrarle a los extranjeros, en marzo pasado y a través de un DNU que exige el pago por atenciones sanitarias a extranjeros con residencia transitoria o precaria en los hospitales de la provincia. Sin embargo,la atención de urgencias y emergencias sigue siendo gratuita para todos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

Posible privatización de AySA

En cuanto a la intención de privatizar AySA, el Ejecutivo tiene planeado desprenderse en marzo del paquete accionario de la empresa. En ese marco, evalúan ponerla en licitación o bien lanzarla a la bolsa para que el mercado financiero fije su valor. La excusa del Gobierno de Milei es que se encuentra en un estado de balance deficitario con perdidas que, en el presente año, alcanzaron los 70 millones de pesos. Además, hubo ya unas 1314 desvinculaciones.

Aysa acelera el plan para abrirse al capital privado

El desprendimiento de la compañía sería, en principio, parcial. Es decir, para empezar quieren deshacerse de una parte del 90% del capital que controla. El 10% restante es del personal de la empresa. A propósito, en el sector sindical manifestaron su interés en mantener ese porcentaje y la participación del personal en el directorio. También expresaron su preocupación por los planes que tiene el Ejecutivo respecto al futuro de AySA y en cómo se brindará el servicio del agua ya que consideran que el mismo constituye un “derecho universal”.

El telón de fondo detrás de la potencial privatización son los números de la empresa pública: con más de 70 mil millones de pesos en rojo acumulados solo en 2024, AySA se subió al podio con la bronce en materia de malos resultados financieros, pues tiene un déficit general que asciende a los 384 mil millones de pesos. Asimismo, desde el Gobierno ubican a la compañía como un mal ejemplo ligado al uso político que se puede hacer del estado por medio de la creación de cargos y ubicación de personal por intereses partidistas que no obedecen a necesidades reales, en relación a la gestión llevada a cabo por Malena Galmarini, la esposa del ex ministro de Economía y candidato presidencial por el peronismo en las elecciones de 2023.

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Presión a Javier Milei: la oposición prepara una sesión especial para limitar los DNU del Presidente

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La oposición apuesta a asestarle un golpe a Javier Milei y prepara una sesión especial para el martes que viene darle media sanción al proyecto que modifica la ley de DNU y limitar el poder de los decretos que no tengan aval del Congreso.

Por manda constitucional, la modificación de esta norma requiere mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Es decir, 129 votos afirmativos. Los números están justos y todavía quedan temas por limar.

El bloque de Encuentro Federal, que motorizó la movida con el cordobés Oscar Agost Carreño a la cabeza, está inmerso en el poroteo fino antes de presentar el pedido de sesión.

El texto, tal como salió de la comisión, modifica apenas dos cuestiones pero trascendentales: establece que el rechazo de una sola cámara alcanza para voltear un DNU y fija un plazo de vigencia (de 90 días) para que, si en ese tiempo el Congreso no lo avala, se caiga automáticamente.

El grueso de esa bancada que conduce Miguel Angel Pichetto está a favor de la modificación. Solo los legisladores que responden a gobernadores siembran dudas o no terminan de confirmar. Podrían sumar 12 votos.

También a favor cuentan a Unión por la Patria, que si bien siempre obstruyó los posibles cambios a la norma sancionada durante el kirchnerismo ahora que gobierna Milei están de acuerdo y suman 99 votos. La Izquierda aporta otros 5.

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El nuevo bloque radical -Democracia para Siempre- suman otros 12 avales, aunque ellos habían firmado en disidencia el dictamen porque a instancia de Carla Carrizo insisten en mantener el rechazo de ambas cámaras para tirar abajo un decreto.

Los 6 de la Coalición Cívica también quieren modificar la ley, pero si bien acompañan el rechazo con una sola cámara no quieren que se fije un plazo de vigencia.

«Veremos en el recinto cómo votaremos cada uno de los artículos«, apuntó un «lilito» que teme que la ley salga con los números justos, Milei la vete, y no cuenten con el número para insistir sobre el veto.

Los que están en duda

La bancada de la UCR que conduce Rodrigo De Loredo tiene que definirlo y no será fácil porque hay diferencias. Los cinco «radicales peluca» y otros muy cercanos al oficialismo van por el rechazo.

«Hace tiempo vengo hablando de la idea de golpe que le quisieron hacer al Gobierno ya con las cuestiones fiscales y esta institucional porque si le sacan la posibilidad de decreto le impiden gobernar directamente a Milei que no tiene mayoría y que se caigan los DNU con el tiempo podría ser un conflicto institucional», aseguró Mariano Campero ante Clarín.

Y agregó: «Si bien es una norma de Cristina Kirchner la usaron todos los presidentes y en este contexto cambiarla podría ser un golpe a la línea de flotación del Gobierno. Propusimos hacer la reforma pero a partir de 2027 pero nadie quiso, por eso vamos a rechazar».

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Pero otros en la bancada sí quieren acompañar alguno de los textos. De hecho Karina Banfi había presentado un dictamen propio que no fijaba plazo pero sí avalaba el rechazo de una sola cámara para dejarlo sin efecto.

En el PRO, que siempre militaron la causa, ahora presentan reparos y también tendrán que sortear diferencias internas aunque la idea de la bancada es respaldar a Milei en este tema también. «¿Por qué ahora?», repiten con suspicacia.

«Porque ahora están los votos», aseguran los promotores de la modificación. Y señalan, además, que ningún presidente usó un solo DNU para modificar o derogar decenas de leyes como hizo Milei.

«Cualquier presidente entonces que venga después podrá derogar las leyes que hoy aprueba Milei con otro decreto. Así nunca van a venir inversiones porque no hay seguridad jurídica», señala un diputado federal de peso.

La oposición analizaba también incorporar en el temario de la sesión especial la derogación del DNU 846 de Milei que a autorizó al Ejecutivo a llevar adelante un canje de deuda sin pasar por el Congreso y sin cumplir con el artículo de la Ley de Administración Financiera (LAF) que obliga a, en una renegociación, obtener mejoras en al menos tres variables: plazos, intereses o quita de capital.

Sin embargo, necesitan garantías de que hay número para incluirlo.

El oficialismo apuesta a aprobar Ficha Limpia

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En La Libertad Avanza, por su parte, hacen cuentas para pedir una sesión propia pero el miércoles para darle media sanción al proyecto de Ficha Limpia, para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos ni funcionarios.

Sin embargo, los números tampoco están claros. El kirchnerismo se opone y el bloque federal de Pichetto no acompañó el dictamen de mayoría porque apuntan a que debe haber un segundo conforme: es decir un tribunal superior que ratifique la condena.

El texto que obtuvo dictamen, en cambio, habla de condena de segunda instancia. Eso es diferente porque la primera instancia puede ser de absolución y que haya una apelación y ahí sí se condene a la persona. Sería la primera condena.

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