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POLITICA

El Gobierno reaccionó a la reelección de Chiqui Tapia en la AFA: “Es ilegal y no va a ser convalidado”

Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia, habló sobre la decisión de la AFA de realizar este jueves la Asamblea. y habló de las implicaciones legales.

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Este jueves, Claudio Chiqui Tapia fue reelecto como presidente de la AFA en una polémica asamblea y desde el Gobierno no tardaron en cuestionar la decisión.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, fue contundente sobre la votación que tuvo lugar en el predio de Ezeiza.

“El proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado”, indicó.

En ese sentido, indicó que “las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como presidente de la AFA

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Nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ“, sostuvo sobre la decisión de la Justicia, que indicó que no se debían someter a votación determinados puntos.

Y remarcó: “Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la Justicia”.

Sobre las implicaciones legales, indicó que “están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”.

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POLITICA

Sturzenegger anticipó un ajuste drástico: “El foco es bajar el gasto, no los impuestos”

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En el marco del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó un panorama contundente sobre la política económica que seguirá el gobierno de Javier Milei en los próximos meses.

Con un tono desafiante, el funcionario anticipó que se profundizará lo que denominó una “motosierra profunda” para el gasto público, buscando transformar las finanzas del país de manera radical.

“Lo que necesitamos no es que nos pidan bajar impuestos, sino que nos exijan reducir el gasto”, sentenció Sturzenegger ante un auditorio de empresarios y ejecutivos. El funcionario subrayó que, sin ajustes significativos en el gasto estatal, cualquier reducción impositiva se verá compensada por un aumento en otras áreas. “No hay magia: si se mantiene el gasto, alguien tiene que pagar por ello”, agregó.

Sturzenegger habló de la reforma laboral y adelantó cómo podría ser la privatización de Aerolíneas Argentinas

Reducción histórica del gasto

El ministro celebró los logros alcanzados durante los primeros diez meses de gestión del presidente Milei, destacando que Argentina es el único país en la historia que ha reducido el gasto en un 30% sin estar en guerra. “De los 24 casos registrados a nivel global, 22 ocurrieron tras conflictos bélicos, y los otros dos fueron en Honduras y Argentina. Aunque, según me comentaron, los datos de Honduras no son del todo precisos, así que estamos prácticamente solos en esta hazaña”, comentó, buscando reforzar el carácter excepcional de la situación.

Sturzenegger detalló que el objetivo del gobierno es reducir el gasto público al 33% del PBI para fines de 2024, lo que representaría una baja de siete puntos en comparación con el año anterior. “Esto es algo que los empresarios deben aplaudir, es un logro sin precedentes”, insistió, pidiendo el respaldo del sector privado para continuar con las medidas de ajuste.

La filosofía del liberalismo económico

Durante su intervención, Sturzenegger explicó la visión que sustenta las decisiones del gobierno libertario, enfatizando dos pilares fundamentales: el equilibrio fiscal y la libertad económica. “Sin estabilidad macroeconómica y respeto por el derecho de propiedad, no se puede construir una sociedad rica y próspera”, afirmó. En este sentido, defendió las políticas de recorte como una forma de garantizar un entorno económico saludable y estable.

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Además, el ministro cuestionó las funciones que tradicionalmente asume el Estado en Argentina, planteando que un gobierno liberal no debería otorgar créditos, ya que eso corresponde al sector financiero. “Si el sector privado puede hacerlo, no hay razón para que el Estado se involucre”, señaló.

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