La investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas nuevos elementos: la aparición de supuestos chats que detallan entregas millonarias de dinero en efectivo, con logística acordada y referencias precisas a vehículos, montos y destinos.

Según la documentación aportada a la causa, a la que accedió TN, estas conversaciones reforzarían la hipótesis de una operatoria sistemática que incluyó al menos US$ 18 millones en movimientos por fuera de los circuitos formales y que habrían terminado en las oficinas de Juan Pablo Beacon.

Las entregas se habrían realizado en autos de alta gama —como BMW, camionetas 4×4 y un Volkswagen Passat negro— en la oficina del abogado Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en Lavalle 1718, Ciudad de Buenos Aires, lugar conocido como “la Rosadita de la AFA”.

En esos intercambios, atribuidos a Beacon y al financista Diego Pasztor, se pactaban encuentros para la entrega de dinero en efectivo, con menciones específicas a vehículos y fechas. Pasztor no respondió a los mensajes de este medio.

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La reconstrucción de esos movimientos indica que entre mayo de 2021 y el 2 de marzo de 2022 se habrían concretado 42 pagos por un total de US$ 13.277.000. En ese período, Pasztor figura como el financista principal y aparecen como vehículos de la maniobra las firmas Q22, Stratega y Odeoma, señaladas en la investigación como presuntas empresas “fantasma”.

Entre los ejemplos detallados en la documentación se menciona una entrega del 7 de junio de 2021 en un BMW gris, sin monto especificado. Luego, el 2 de agosto de ese año, otra operación en un BMW gris oscuro por US$ 200.000. El 18 de noviembre de 2021, en tanto, se registra un pago de US$ 700.000 realizado en un Passat negro. Todos estos movimientos habrían tenido como destino oficinas vinculadas a la estructura dirigencial de la AFA.

Todo eso quedó registrado en los supuestos chats que investiga la Justicia y que ahora están en poder del juez Charvay, luego de que el juez Armella se inhibió de seguir investigando.

A partir de febrero de 2022, siempre según la documentación analizada, se habría incorporado un segundo financista: Fabián Adolfo Krunfli, alias “Fiño”. En ese tramo, entre febrero y mayo de ese año, se registran 26 pagos en efectivo por un total de US$ 5.280.534.

En este esquema aparece la empresa TourProdEnter, presidida por Javier Faroni, como vehículo para las transferencias bajo sospecha. TourProdEnter habría financiado un yate de lujo utilizado en Mónaco por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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La Justicia investiga si los fondos administrados en el exterior por esa firma eran transferidos a compañías radicadas en Estados Unidos para luego regresar al país en efectivo mediante financieras locales. Ese circuito, según la hipótesis en análisis, incluía la intervención de “cuevas” y la posterior distribución del dinero en oficinas fuera del sistema bancario.

Varias presuntas conversaciones por WhatsApp entre Toviggino y Beacon muestran además la coordinación de las entregas de dinero. Para los investigadores, estos intercambios forman parte de las pruebas que vincularían a dirigentes con la recepción de dinero en efectivo proveniente de fondos previamente girados al exterior. En el expediente ya se incorporaron chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias.

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La causa, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, busca reconstruir el recorrido de unos US$ 260 millones que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.

En paralelo, también se investiga el destino final de esos fondos. Según las sospechas, una parte habría sido canalizada hacia cuevas y oficinas como la denominada “Rosadita”, mientras que otra habría sido utilizada para gastos personales.

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En la antesala del año electoral, la discusión por el modo de votación en la provincia de Buenos Aires empezó a ganar terreno en la conversación política. Mientras el gobierno de Axel Kicillof, viene planteando que este año se deberían hacer modificaciones a la ley electoral de la provincia para no repetir la experiencia del 2025, la oposición volvió a impulsar la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP).

En las últimas horas, el presidente de La Libertad Avanza(LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, ratificó la posición del espacio de Javier Milei para que el año que viene las elecciones a cargos provinciales sean mediante BUP y no con el tradicional modelo de boleta partidaria o sábana. LLA presentó nuevamente su proyecto para establecer la BUP en Buenos Aires. La propuesta ya había ingresado al Senado provincial en 2024, pero no avanzó debido a la falta de acompañamiento. Con motivo de esta nueva presentación el diputado nacional que responde a Karina Milei enfatizó en que “el kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”.

Tanto Pareja como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Osaba y el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, aseguraron que la discusión por la BUP es una iniciativa de LLA y que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”. El destinatario de esta afirmación hecha por Pareja pareciera ser el radicalismo. Es que la UCR junto al PRO y la Coalición Cívica también habían impulsado la discusión de la BUP en septiembre del 2024. “La BUP fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, dijo Pareja.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO se subieron a la discusión. El diputado por la Cuarta sección electoral, Fernando Rovello, enfatizó en que “nosotros ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas”, y que “la BUP garantiza una mayor autonomía al elector para decidir marcando por categoría a las agrupaciones políticas de su preferencia: ataca las prácticas clientelares y garantiza una oferta electoral completa».

En medio de esta discusión que asoma, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó este lunes: “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, enfatizó.

En lo político, el gobierno de Kicillof toma distancia de la aplicación de la BUP para el territorio bonaerense. Así se manifestó el año pasado tras la aprobación en el Congreso de la instauración del sistema de boleta única, un posicionamiento que aún sostiene. “Había dos argumentos por los cuales se sostenía que la boleta única de papel era mejor que la boleta partidaria. El primero es que otorgaba mayor transparencia en el acto electoral. Llevamos adelante un acto electoral con la boleta partidaria -el desdoblamiento del 2025- y fue probablemente el acto electoral más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires”, se defendió el ministro de Kicillof.

También, en la habitual conferencia de prensa de todos los lunes, enfatizó en que “el segundo argumento fue la BUP era más barata. Se decía que se iba a ahorrar mucho dinero estableciendo la boleta única en papel respecto de la boleta partidaria. Bueno, demostramos que era el doble de cara. Ninguno de los argumentos es válido”.

Lo que sí pergeñan en el gobierno de Kicillof es abrir el debate para otro tipo de reformas electorales. Una de ellas es adecuar el tema de los plazos electorales, una cuestión que se discutió de manera frenética el año pasado cuando el mandatario decidió desdoblar los comicios.

Otro tema es abordar un virtual desdoblamiento elecoral. Hoy por hoy, esa condición es una facultad que tiene el propio gobernador al definir la fecha de los comicios provinciales. El año pasado fue la novedad. Buenos Aires eligió diputados y senadores provinciales, además de concejales, en el mes de septiembre y luego en octubre los representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. Los comicios bonaerenses se realizaron mediante la boleta partidaria; mientras que los diputados nacionales con la BUP. Una discusión que también estará atravesada por la intención propia de Kicillof de ser candidato a presidente en 2027.

Por lo pronto, Bianco sostiene conversaciones con la Junta Electoral que aún preside la titular de la Corte, Hilda Kogan, para que en lo que resta de este 2026 se defina qué hacer. Las proyecciones y expectativas ubican a esta discusión para desandarse en la segunda mitad del año. Todo, pos mundial.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a activar esta semana la agenda de reuniones con gobernadores, con el foco puesto en asegurar apoyos para el paquete de reformas que el oficialismo busca que el Congreso trate este año. Se reunió este lunes en Casa Rosada con Claudio Poggi (San Luis) y con Juan Pablo Valdés (Corrientes) en una jornada que marcó la reanudación de ese canal político.

El movimiento se dio horas después de que Javier Milei encabezara una reunión de Gabinete, la primera desde el 24 de febrero, en un intento por retomar la iniciativa política y dejar atrás una seguidilla de polémicas vinculadas a los viajes de Manuel Adorni, las propiedades que se investigan como no declaradas y la causa por la estafa Libra. A lo que se sumó la difusión de una lista de funcionarios, diputados y senadores que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación, a tasas blandas.

La Casa Rosada necesita avanzar con su agenda parlamentaria. Este miércoles a las 15 está convocada la sesión para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos centrales para el oficialismo, que busca consolidar mayorías en un escenario en el que los gobernadores vuelven a ser determinantes y que le permitiría al oficialismo mostrar una victoria tras varias semanas complejas.

Reuniones en Casa Rosada y agenda compartida

Santilli recibió a Poggi en la Casa Rosada en el marco del trabajo conjunto con las provincias. Durante el encuentro, conversaron sobre el paquete de leyes impulsado por el Presidente y sobre temas de la relación entre Nación y San Luis. El gobernador planteó además la posibilidad de prorrogar la concesión de la Ruta Nacional 7 para gestionar recursos destinados a su puesta en valor.

Más tarde, el ministro mantuvo un encuentro con Valdés, con quien repasó la agenda parlamentaria que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso. Entre los proyectos incluidos figuran la modificación de la Ley de Glaciares, iniciativas sobre propiedad privada, desalojos, tierras rurales y cambios en el régimen penal vinculado a delitos migratorios.

Ambas provincias fueron clave para garantizar votos al oficialismo desde la Ley Bases hasta la reforma laboral.

Las reuniones se inscriben en una ronda más amplia de contactos con mandatarios provinciales que el Gobierno retomó en los últimos días. El objetivo es ordenar respaldos en un Congreso fragmentado y con votaciones ajustadas. Además de intentar frenar pedidos de interpelaciones, investigaciones abiertas en comisiones y hasta posibles intentos de juicio político.

Adelantos de coparticipación y situación fiscal

Las reuniones que Santilli retomó con gobernadores se dan en un contexto en que las provincias requieren cada vez más asistencia financiera para sostener su funcionamiento. El Gobierno oficializó este lunes un esquema que habilita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias. Se trata de fondos que corresponden a las jurisdicciones, pero que se giran de manera anticipada para cubrir necesidades financieras y deben devolverse dentro del mismo ejercicio.

Según datos difundidos por el diputado massista Guillermo Michel, en el primer trimestre de 2026 los recursos coparticipados registraron una baja real de 6,3%, lo que implicó una pérdida de $1,1 billones para las provincias. En ese mismo período, la recaudación propia de Ingresos Brutos mostró un crecimiento nominal de 34%, pero apenas un alza real de 1,1%.

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El informe también señala que, con menores transferencias nacionales, recaudación propia estancada, dificultades para acceder a financiamiento externo y aumento de gastos fijos, los adelantos de coparticipación se consolidan como una de las principales fuentes de liquidez para las provincias en el corto plazo. El Gobierno, que necesita apoyos legislativos para avanzar con su agenda en el Congreso, habilitó ese esquema en paralelo a la negociación con los mandatarios.

La sesión por la Ley de Glaciares será el primer test de esa estrategia en una semana marcada por la necesidad de mostrar resultados.

Diego Santilli, Gobernadores, Claudio Poggi, Juan Pablo Valdes