La justicia argentina ordenó la detención con fines de extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Claudio Alvarado, reclamó en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei realice los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, se indicó en un comunicado.

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.

En conferencia de prensa, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna, señaló: “Hoy (por ayer) se emitió por parte de la Policía Federal Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Apablaza. Estamos coordinados entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, Alejandro Del Río, y también a través de nuestra sede en Interpol, para poder articular y gestionar”.

“Esto es algo que se estaba preparando desde que Apablaza perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente, no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos los esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y tener la extradición respectiva”.

Y completó: “Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para el tiempo más breve posible, materializar la detención del prófugo de la justicia”.

Por otro lado, ayer, el canciller Pablo Quirno recibió copia de cartas credenciales del Embajador designado de Chile ante la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo.

El régimen teocrático de Irán reaccionó con su habitual retórica confrontativa a la decisión del Gobierno argentino de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Teherán y por una creciente polarización geopolítica.

A través de un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores -que fue difundido por su embajada en Uruguay-, el gobierno iraní condenó la medida adoptada por la administración de Javier Milei y la calificó como una acción “ilegal e injustificada”. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

El documento no se limita a una condena formal; también introduce una advertencia directa al Estado argentino: “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señala el comunicado, en una formulación que forma parte del repertorio diplomático habitual del régimen cuando responde a sanciones o medidas internacionales.

La reacción se produjo luego de que la Casa Rosada formalizara la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas.

En el comunicado oficial argentino, el Gobierno fundamentó la decisión en base a antecedentes judiciales y de inteligencia. Allí se sostiene que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Esos atentados —los más graves en la historia argentina— dejaron más de 100 muertos y centenares de heridos, y derivaron en pedidos de captura internacional contra ex funcionarios iraníes. Esa línea de investigación ha sido sostenida por la Justicia argentina durante décadas y constituye el núcleo de la acusación estatal contra Irán.

El comunicado iraní, sin embargo, evita cualquier referencia a esos hechos. No menciona la AMIA ni la Embajada de Israel, ni responde a los señalamientos judiciales. El silencio sobre ese punto resulta consistente con la posición histórica del régimen, que ha negado sistemáticamente cualquier responsabilidad en esos ataques.

En cambio, el texto desplaza el eje hacia una lectura geopolítica. Allí sostiene que la decisión argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y la vincula directamente con el contexto internacional: afirma que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán.

La referencia no es menor. La medida del Gobierno argentino ocurre en momentos en que Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar contra objetivos iraníes, con ataques sobre infraestructura estratégica y contra mandos de la estructura militar del régimen. Ese escenario amplifica el impacto político de la decisión argentina y explica el encuadre que propone Teherán.

En esa línea, el comunicado iraní sostiene que la decisión “viola los principios fundamentales del derecho internacional” y constituye “una intervención en los asuntos internos” de Irán. Se trata de un argumento recurrente en la diplomacia iraní, que combina la invocación a la soberanía con la denuncia de injerencia extranjera.

El texto también escala el tono político al señalar que el presidente argentino y su canciller, al acompañar a Estados Unidos e Israel, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”. La formulación responde a la lógica ideológica del régimen, que estructura su política exterior en términos de confrontación con Occidente.

En paralelo, el comunicado reivindica a la Guardia Revolucionaria. La define como “defensora de la seguridad nacional” y asegura que es “la fuerza más efectiva contra el terrorismo de ISIS”, en una narrativa que omite las acusaciones internacionales sobre su rol en operaciones encubiertas y en el apoyo a organizaciones armadas en distintos escenarios.

Esa caracterización contrasta con el creciente aislamiento internacional de la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos ya la ha designado como organización terrorista y otros países han avanzado en sanciones y restricciones, en base a informes que la vinculan con actividades de financiamiento, entrenamiento y apoyo a grupos como Hezbollah.

En el caso argentino, la decisión se inscribe en una política más amplia. El Gobierno ya había incluido en el RePET a Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds —el brazo externo de la Guardia Revolucionaria— en una estrategia orientada a reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel y a endurecer su posición frente al terrorismo internacional.

Pero el trasfondo local resulta determinante. La persistencia de las causas por los atentados de los años 90 sigue condicionando la política exterior argentina. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial no solo tiene implicancias operativas, sino también simbólicas: reafirma la posición del Estado argentino sobre la responsabilidad iraní en esos ataques.

La respuesta de Teherán, en ese contexto, vuelve a exhibir un patrón conocido. El régimen rechaza las acusaciones, evita responder sobre los hechos que originan las medidas y recurre a una narrativa que combina denuncia de injerencia, victimización y confrontación ideológica.

El cruce entre ambos gobiernos expone, así, dos posiciones irreconciliables. Por un lado, la Argentina sostiene su decisión en base a fallos judiciales, investigaciones y antecedentes históricos. Por el otro, Irán niega esas acusaciones, defiende a su principal estructura militar y responde con advertencias diplomáticas.

La tensión no es nueva, pero se profundiza en un escenario internacional marcado por la guerra. Y anticipa un deterioro mayor en la relación bilateral, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido, de manera explícita, alinearse con los actores que confrontan directamente con el régimen iraní.

Defense,Middle East