Cuatro fiscales generales solicitaron al Gobierno recursos humanos y materiales para implementar el sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py a partir del 11 de agosto y continuarlo en Mar del Plata.

Los fiscales generales ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Plée, Mario Villar y Javier De Luca le enviaron una carta al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que reclame el personal y el equipamiento adecuado por la puesta en marcha en los tribunales federales porteños que anunció el Gobierno.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, formuló una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por “vaciar” el ministerio público fiscal al poner en marcha el nuevo sistema “sin los recursos necesarios”. La preocupación de los fiscales es compartida, también, por muchos jueces.

El sistema acusatorio, cuya implementación fue dispuesta por la Ley 27.150 sancionada en 2015, pone la carga de la investigación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y se la saca a los jueces. Hace años el nuevo Código Procesal Penal que contiene ese cambio rige en Salta y Jujuy. Cúneo impulsó su puesta en marcha en Mendoza y Santa Fe, entre otras jurisdicciones.

En una carta dirigida a Casal, los fiscales generales ante la Cámara de Casación Federal apoyaron el cambio pero advirtieron que “su implementación exige una preparación que humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido”.

Sin embargo, “los recursos que las nuevas funciones requieren incluyen lugares para el trabajo de las unidades fiscales, como mesas de entradas para denuncias, lugares de atención al público, tanto víctimas del delito o quienes actúen como defensores”.

“Se requerirán cajas de seguridad, equipos para realizar determinados peritajes o análisis de la prueba, trabajadores sociales, expertos en cuestiones contables y financieras”, pidieron los fiscales. Y advirtieron sobre, también, “las necesidades edilicias, la asignación de personal y de los medios técnicos y tecnológicos”.

Además, señalaron y explicaron que hay cinco empleados del Poder Judicial por cada una del Ministerio Público Fiscal, lo que es un despropósito tratándose de un sistema que pone la investigación en manos de los fiscales.

Por su parte, el fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, denunció a Cúneo “por el incumplimiento de los deberes a su cargo, en la implementación del sistema acusatorio” su la jurisdicción.

Sostuvo que el gobierno tratar de vaciar el Ministerio Público Fiscal al igual que lo hiciera con otros organismos de control. “A diferencia de la Oficina Anticorrupción y la UIF, que integran el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal es un organismo constitucionalmente independiente (120 CN), por lo que el Ministro no puede avasallarlo impunemente”, afirmó el Fiscal.

Pettigiani denunció que: “…la conducta del Ministro de Justicia, contraviene compromisos internacionales, normas de actuación de la Administración Pública Nacional, el art. 43 de la ley de Ministerio Público, el 38 de la ley de Administración Financiera y el DNU 188/24”. Lo hizo “al asignar nuevas funciones al Ministerio Público Fiscal, sin designar los fiscales necesarios, ni prever los recursos suficientes para que el MPF asuma las mismas”.

En la denuncia se sostiene que “se probó que el vaciamiento institucional se verificó con la implementación en los distritos de Santa Fe, Mendoza y General Roca”, donde se efectuó sin la necesaria designación constitucional de Fiscales ni el otorgamiento de los recursos materiales. Se hizo en esas jurisdicciones con la “designación provisoria de Fiscales de la procuración General, la asignación de auxiliares fiscales y cargos de agentes y la optimización de la distribución de los recursos humanos e informáticos disponibles”. Todo sumado a que el Jefe de Gabinete, en el Presupuesto 2025, redujo el presupuesto del MPF en 23,3% en relación al ejecutado 2024.

A su vez, el El senador nacional por la UCR Maximiliano Abad advirtió la grave situación del Poder Judicial Federal ante la cantidad de vacantes existentes y destacó la importancia de avanzar con los nombramientos, así como con el fortalecimiento de la infraestructura, para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema acusatorio. Así se sumó al reclamo de otros senadores.

«El funcionamiento limitado del Poder Judicial –no sólo en los altos tribunales, sino también en aquellos que intervienen en los asuntos cotidianos de la ciudadanía– refleja la necesidad de consensos institucionales que permitan resolver una problemática que impacta de manera directa en la calidad de vida de la población», agregó.

Actualmente, según cifras oficiales, son 184 los cargos de jueces nacionales y federales vacantes, número que supera los 200 al incluir fiscalías y defensorías oficiales.

El senador también se refirió a la situación de la jurisdicción de Mar del Plata: “Una de las vacantes que tiene Mar del Plata es un juzgado penal y un miembro de cámara. Hoy solo hay un juez federal del ámbito penal en funciones”.

A su vez, el Plenario del cuerpo resolvió la integración de las comisiones del Consejo de la Magistratura de la Nación y la continuidad de la jueza Agustina Díaz Cordero en la vicepresidencia, mientras que el juez de la Corte Horacio Rosatti sigue con la presidencial como corresponde por ley.

En el comienzo de la sesión Rosatti pidió un minuto de silencio «en memoria del Papa Francisco.

Las comisiones quedaron conformadas de la siguiente forma:

–Comisión de Selección: Jimena De la Torre, César Grau, Alberto Máques, María Fernanda Vazquez, Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provitola, Roxana Reyes, Vanesa Siley, Hugo Galderisi, Guillermo Tamarit, Sebastián Amerio. Mientras que la presidentecia quedó en manos de María Fernanda Vázquez.

–Comisión de Disciplina: Luis Juez, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Eduardo Vischi, Diego Barroetaveña, Agustina Diaz Cordero, Alberto Lugones, Alejandra Provitola, César Grau, Hugo Galderisi. La presidencia quedó en manos de César Grau.

–Comisión de Acusación: Álvaro Gonzalez, Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, César Grau, Alberto Máques y Luis Juez y la presidencia la tiene Juez..

–Comisión de Administración Financiera: Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones, Alejandra Provitola, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Eduardo Vischi, Álvaro González, Rodolfo Tailhade, Jimena De la Torre, Sebastián Amerio y Guillermo Tamarit. Y la presidencia de esta comisión quedó en manos del representante del gobierno, Sebastián Amerio.

–Comisión de Reglamentación: Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Jimena De la Torre, María Fernanda Vázquez, Roxana Reyes, María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Tamarit, Hugo Galderisi y Sebastián Amerio. Mientras que la presidencia quedó en manos del juez Alberto Lugones.