En línea con su campaña electoral, el Gobierno puso en marcha su plan para disminuir los cargos políticos en el sector público y comenzó con 320 despidos en la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses). Según fuentes oficiales, se espera que la medida se extienda a otras dependencias en los próximos días y semanas.

De acuerdo a un funcionario, los despidos en la Anses “eran todos puestos políticos” y puntualizó que encontraron el mismo mecanismo en todas las contrataciones de las personas afectadas.

“A veces se armaban concursos falsos o directamente ascendían sin concursar, poco antes del cambio de gobierno”, detalló. Pues se trata de funcionarios que eran ingresados a la planta estatal en puestos de base y luego, la administración del gobierno anterior, los hacía ascender rápidamente a jefaturas. 

En este contexto, los sindicatos se manifestaron en alerta y cuestionaron la legalidad de la medida, exigiendo su reversión. Sin embargo, fuentes gremiales en reserva, admiten que el escenario actual es muy distinto al recorte de empleados que aplicó el macrismo al inicio de su gobierno. “Acá hay despidos más justificados y otros menos, pero claramente no es lo mismo”, distinguió uno de los dirigentes en diálogo con LA NACION.

Según funcionarios gubernamentales, los despidos afectaron principalmente a jefes de Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses, quienes fueron colocados en posiciones jerárquicas durante la gestión anterior. A través de este mecanismo, el oficialismo buscará identificar el ingreso de empleados que pudieron haber obedecido a criterios políticos en otras áreas del sector público.

Desde la Casa Rosada apuntaron que, en muchos casos, parte de los empleados de las mismas seccionales fueron quienes aportaron información sobre nombramientos o ascensos irregulares. Además, detallaron que ese movimiento de ingresos que se dio entre 2020 y 2023 “demostró el origen político de los puestos”.

Se espera que los despidos continúen en otros puestos del sector público, ya que el Gobierno busca reducir los cargos y, al mismo tiempo, limitar la influencia de La Cámpora, a la que señalan como responsable de haber puesto a sus militantes al interior de los distintos organismos y dependencias, “en especial la Anses y el PAMI”. En ambos se detectaron un mayor número de empleados que asocian a ingresos por motivos políticos.

“Entiendo que son 320 trabajadores que ingresaron entre el 2020 y el 2023, muchos de ellos como jefes, pero que tenemos un mecanismo para que queden en planta permanente donde se hacen concursos y evaluaciones”, dijo ayer en declaraciones radiales Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi).

Desde la llegada del Gobierno actual, se han dejado caer cerca de 7000 contratos firmados a partir del 1 de enero de 2023, excluyendo aquellos trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, o el personal que es considerado “indispensable” en una jurisdicción. 

Se anticipa que habrá más despidos en el futuro, ya que se lleva a cabo un “relevamiento exhaustivo” de los contratos en el marco del decreto presidencial del 26 de diciembre. Eso sucede actualmente y por eso se esperan más despidos en lo sucesivo.

La Anses, con alrededor de 14mil empleados, según aseguraron las fuentes consultadas por LA NACION, no planea reemplazar los puestos eliminados. “No se está nombrando gente, se está sacando”, dijeron. Al tiempo que resaltaron que todo se dio dentro de los marcos legales que prevé el contrato de trabajo del organismo. “La Anses no está para gastar plata en juicios”, señalaron.