Finalmente, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci no fue echado sino que renunció ante las presiones del Gobierno por negarse a dejar de ser querellante en causas como Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y Yategate contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. La decisión del Gobierno de sacar al organismo antilavado de ese rol causas por corrupción abrió un enorme polémica.

No es una discusión menor. Ser querellante en una causa permite pedir medidas de pruebas sin esperar la iniciativa del fiscal, solicitar procesamiento y apelar medidas del juez. Es un rol activo.

Yacobucci es un académico hijo de un juez de Casación de bajo perfil que había asumido impulsado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona por eso su renuncia tiene varias lecturas políticas.

En forma paradójica por la forma desprolija y urgente de la dimisión que no quería presentar, Yacobucci aún hoy sigue siendo presidente de la UIF hasta que el presidente Javier Milei le acepte la renuncia por decreto.

Pero hay más problemas, el fiscal federal de San Martín Paul Starc para asumir primero deberá pedir licencia al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de lo contrario perdería su carrera dentro del ministerio público fiscal. Todo sin resolver cómo le pagarán la diferencia entre su sueldo de fiscal y el salario de presidente de la UIF:

En tribunales algunas fuentes dicen que si Cúneo no lograba la renuncia el jueves, «el que iba a ser echado era el propio ministro de Justicia» y eventualmente reemplazado por el dirigente del PRO e intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro.

El descuido del Gobierno fue a tal punto que el jueves hasta mandó voceros a anunciar que Yacobucci había sido «echado», a pesar de que al final de la tarde presentó la renuncia.

El joven experto se había sorprendido el jueves a la mañana con una versión periodística que lo daba por desplazado y le atribuía supuestos sobregastos en viajes al exterior en primera clase, cosa que el negó a sus allegados.

Como no renunciaba, las versiones iban in crescendo y cada vez la atribuían más irregularidades incluso haber colaborado poco con el equipo que evitó que la Argentina pasara la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la mala performance contra el lavado del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La crisis no empezó esta semana. A mediados de diciembre pasado, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade había ido a la UIF presentar una denuncia reservada por supuesto lavado de dinero contra el jefe del bloque de diputados del PRO Cristian Ritondo. En la ocasión pidió ser recibida por Yacobucci quien aceptó el convite.

Durante una breve reunión, la diputada de Elisa Carrió le manifestó su preocupación por “el desmantelamiento de la UIF” y escuchó referencias, en forma diplomática, que habían comenzado a recibir presiones por el pedido del rol de querellante del organismo en la causa por lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora y aliado de Cristina y Máximo Kirchner, Martín Insaurralde. Esas presiones arrancaron en octubre cuando la UIF se presentó como querellante contra Insaurralde por el caso del Yategate.

En octubre, la Unidad de Información Financiera (UIF) había ampliado la acusación contra el ex intendente K de Lomas de Zamora Insaurralde y sostuvo que desde el 2006 a la fecha habría manejado -a través de terceros- plata negra por más de U$S 1.100.000.

En un extenso escrito, la UIF pidió la declaración indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofia Clerici y de los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa, entre otros. El aporte fue importante porque los juzgados y fiscalías tienen abogados y no expertos en finanzas, lavado de dinero o cibercrimen como la UIF:

El pedido fue clave porque se vencía el plazo para que Insaurralde justificara el incremento patrimonial de sus bienes ante el juez federal Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola. Así hubo más datos en la causa por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a partir de este primer informe de movimientos financieros de Insaurralde que, además de intendente, tenía mucha influencia en el instituto del juego de la provincia de Buenos Aires.

A criterio de Yacobucci y del presidente de la ong Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre, Insaurralde cambió la titularidad de bienes inmuebles y empresas a través de un entramado familiar para ocular que él era el verdadero dueño.

Para la UIF, Insaurralde pareciera que “vive de prestado” porque su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos; los cuatro autos que usaba, de Cirio; las empresas de su sobrino y de su ex cuñado y la mayoría de los 76 viajes al exterior –incluso habría ido a Sudáfrica al mundial de 2010- pagados por agencias de turismo.

Ese informe por el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof le costó el pedido de renuncia al entonces número dos de la UIF, Manuel Tiesso. Yacobucci intentó evitar la salida de su vicepresidente pero perdió y fue reemplazo por Santiago Gonzalez Rodríguez, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El ahora renunciante presidente de la UIF solo había logrado el rol de querellante en 9 causas. La única contra un político era la de Insaurralde. Esa función en la causa Hotesur-Los Sauces había sido asumido cuando el organismo antilavado era controlado por Mariano Federici y María Eugenia Talerico durante la presidencia de Macri. El resto de las causas son por narcotráfico.

Sin embargo, las críticas volvieron a encender a la cuenta atribuida a Caputo contra el rol de querellante de la UIF. «El descaro de estos hipócritas que usaron la UIF para beneficiar a amigos y perseguir opositores durante cuatro años y se dan el lujo de señalar con el dedo a los demás«, arrancó el posteo de @MileiEmperador que manejaría el poderoso asesor presidencial.

«La UIF está para prevenir lavado de activos y perseguir al terrorismo. No para meter presos dirigentes políticos que no te gustan. Tan es así, que EN NINGUNA parte del mundo la UIF es querellante. Solo en México, ese país en el que aparecen políticos colgados de un puente. En el mundo civilizado no se utiliza la UIF para eso», afirmó la cuenta atribuida a Capito.

Pero «adicionalmente, aun si la UIF fuera a ser querellante, estos pelotudos quieren que lo sea de manera arbitraria. De manera tal que sea querellante en la causa ‘Hotesur’ pero no en la causa ‘Correo’ por decir una absolutamente al azar», arremete y menciona causas sensibles a Cristina Kirchner y otra a Mauricio Macri, respectivamente.

Y concluye con una dura agresión a la ex vicepresidenta del organismo antilavado de la presidencia de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico: «La UIF no debe querellar. Pero si lo hace debe ser a todos por igual. Estoy bastante seguro que no es lo que quieren. Así que déjense de romper las pelotas, mogólicos. Saludos a Euge. Lamento que su paso por Cancillería o Migraciones haya sido vetado por ser una enferma mental con alma de vigilante que se pasó toda la campaña puteando al Presidente». Y desde Justicia criticó «el uso político de la institución (por parte de Yacobucci), apareciendo como querellante en causas por razones más coyunturales que técnicas y enfocando sus esfuerzos de forma errónea»

En respuesta a Caputo, el ex presidente de la UIF, Mariano Federici, explicó a Clarín que “no es verdad” que la mayoría de las UIFs del mundo no querellen en causas por corrupción. “Hay muchas variantes distintas de formatos de UIF. Las hay administrativas, que operan desde bancos centrales, superintendencias, ministerios, y se enfocan mas bien en los aspectos preventivos asumiendo roles regulatorios», contó.

Luego agregó que también “las hay policiales, donde la UIF suele ser una unidad de investigación más que colabora de manera directa con el fiscal, otras imbuidas directamente en fiscalías que coadyuvan a la investigación, y lo que se llaman híbridas que combinan atributos de las distintas variantes (sería el caso de la UIF de Argentina)”.

El estándar internacional no exige una variante en particular. “Solo dice que como mínimo las UIF deben recibir, analizar, y diseminar información sobre sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y que las UIF deben ser autónomas y operativamente independientes de la política”, resaltó.

“Es decir que no se deben dar intervenciones indebidas de la política en sus funciones. Toda función adicional que un país le quiera asignar a la UIF es un tema de cada país» comentó.

Por ejemplo, «hay UIFs que regulan y sancionan administrativamente (esto no es un requisito del estándar, pero se acepta), hay UIFs que tienen la facultad de congelar preventivamente activos (tampoco es un requisito, y se acepta). Hay UIFs que ejercen funciones de coordinación interinstitucional, o de representación internacional (nada de esto se exige, pero se acepta)”, recordó Federici.

Y lo mismo ocurre con la facultad de querellar que “no es una exigencia, pero se acepta. Ahora bien, lo que el GAFI si ha dicho es que ninguna de esas funciones ni las mínimas que se exigen, ni las adicionales que cada país le quiera agregar pueden ser ejercidas violando el principio de autonomía e independencia operativa”.

Sin embargo, Federici dijo que “lo de no querellar contra funcionarios es una locura. Uno de los mandatos y expectativas más importantes que tiene una UIF es de colaborar con la lucha contra la corrupción”.

Cuando Federici presidió la UIF, el llamado el grupo Egmont “hizo un plenario entero en Buenos Aires, con 700 delegados de todas las UIF del mundo, para hablar de la contribución de las UIF a la lucha contra la corrupción donde unánimemente se reconoció la importancia de esa colaboración”. El Grupo Egmont es una organización conformada por 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, que proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e inteligencia financiera para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Por su parte, el presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, consideró que “las UIF son órganos de políticas públicas y deben apoyar a los fiscales en las investigaciones complejas”.

“Nuestra ley prevé que la UIF querellé pero yo creo que debe hacerlo de manera muy selectiva y en casos que sirvan para cambiar o modificar políticas públicas” y no en todos los casos de corrupción.

Ese es el criterio de Poder Ciudadano, representante argentino de Transparencia Internacional, “solo ingresar como querellante en casos que nos permitan debates sobre las políticas públicas” como el Yategate de Insaurralde.

De todos modos “es muy pernicioso que habiendo ingresado la UIF a casos en trámite, abandone su rol. Eso debilita la posición de la acción pública y evidencia presiones políticas que afectan a los procesos judiciales”, finalizó Wortman Jofre.

En diciembre pasado, se había dado un debate parecido cuando Cúneo anunció que la Oficina Anticorrupción no iba a volver a ser querellante en causas por corrupción, como lo había implementado el kirchnerismo, argumentando que el rol acusatorio era de los fiscales.

En medio de este debate resultó ilustrativo que el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado ultra K Rodolfo Tailhade saliera en Twitter a decir “Esto que dice Santiago Caputo es todo, pero todo, verdad. Federici y Talerico son dos delincuentes que sólo se dedicaban a encubrir narcotraficantes y a perseguir a Cristina”.

Y después el ex número dos de la SIDE y actual ministro de Justicia de Axel Kicillof, Juan Martín Mena también apoyó a Caputo. «Es insoportable como, frente a cualquier tema, buscan responsabilizar de algo a Cristina Kirchner», escribió en Twitter. .

«Como una especie de compensación, queriendo involucrarla en cualquier crisis o conflicto. ¡Que cada uno se haga cargo de lo que hizo y hace!», agregó en alusión a la renuncia de Yacobucci.

«Las querellas de la UIF, hasta el 2015, fueron contra traficantes de personas (clan Ale, secuestrador de Marita Verón), narcotraficantes (“Carbón Blanco”, “Manzanas Blancas”, “Los Monos” en Rosario, entre otras) y contra mega lavadores de dinero, como por ejemplo los bancos BNP o HSBC, que armaron en nuestro país una arquitectura financiera para lavar y fugar dinero y, como es de público conocimiento, terminaron siendo casos de resonancia e implicancia mundial», añadió Mena.

«Hasta 2015 la UIF no investigó, ni acusó a ningún político, se avanzó en las investigaciones del delito precedente para crímenes organizados hasta que llegó Mauricio Macri. Nombró vicepresidenta en la UIF a María Eugenia Talerico, cuyo único antecedente era ser la abogada del HSBC (el banco investigado) y como en los demás asuntos del país, rompió absolutamente todo, también la UIF», sostuvo.

Sin embargo, Talerico no fue nunca abogada del HSBC y la UIF a pedido de jueces y fiscales antes del 2015 había colaborado en causas por corrupción. Y al igual que ahora durante el gobierno de Alberto Fernández hubo varias peleas de poder interno por el control de la UIF. En el último gobierno K, Alberto y Cristina se pelearon por el control del organismo antilavado.

La huella de Santiago Caputo en la renuncia de Yacobucci ya había quedado grabada hace seis días en esa cuenta de Twitter atribuida al asesor presidencial. En ese momento, desde la cuenta de X «MileiEmperador» surgió un curioso posteo: «Lo que me voy a reír de Talerico la semana que viene». Y el jueves el Gobierno designó a su exmarido, con quien hace 11 años está separada, al frente del organismo en el que ella fue la número dos.

El diputado de Carrió Juan López insistió que detrás de los cambios en la UIF, la propuesta de Ariel Lijo a la Corte y de Andrés Vázquez en la DGI está la intención del gobierno de «cambiar gobernabilidad por impunidad» de Cristina Kirchner. El tiempo dirá si es verdad.