Desde este lunes, y por un período de 15 días, se abre el período de impugnaciones y adhesiones a las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla propuestas por Javier Milei para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Aunque es el pliego de Lijo, juez federal número 4 de Comodoro Py, el que mayor interés genera porque su figura es la que más críticas ha provocado desde que el Gobierno anunció su postulación.

Mientras desde la academia y de la clase política surgen rechazos y avales al magistrado, la expectativa en general muestra coincidencias de diferentes sectores en relación a que el intento de Lijo por cosechar padrinazgos rumbo a su posible arribo al máximo tribunal del país va por una buena senda. Necesita los dos tercios de los votos en el Senado de la Nación: con el aval del Gobierno y de aliados, resulta decisivo qué hará el kirchnerismo, que es la primera minoría en la Cámara alta.

Los plazos para imaginar un desembarco de Lijo en el máximo tribunal probablemente se extiendan durante todo el año, incluso después del primer semestre. Sucede que una vez que se cumplan los tiempos de las impugnaciones y observaciones, correrán otras dos semanas para que el Poder Ejecutivo las evalúe y decida si envía la propuesta de los candidatos al Senado de la Nación.

Y recién allí deberá fundamentar la propuesta y remitir un proyecto que ingresará a la Comisión de Acuerdos, donde tendrá su inicio la discusión política sobre el candidato del Gobierno. Esa comisión deberá fijar una fecha para la realización de la audiencia pública, que será posterior, pero previa al dictamen final de la comisión y de una eventual votación en el Senado. Un debate de largo aliento.

Tal como fija el decreto 222/03, los avisos de los candidatos ya se publicaron en el Boletín Oficial y en dos diarios, el 15,16 y 17 de abril, con lo que se abrió el período de adhesiones e impugnaciones formal, que termina el 10 de mayo. A partir de ahí, el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de mayo para elevar los pliegos correspondientes al Senado.

En simultáneo con la posible llegada de Lijo y García-Mansilla a la Corte, en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano se juega otro partido: la elección de presidente del máximo tribunal, que actualmente preside Horacio Rosatti, pero a la que podrían postularse nuevamente quienes lo antecedieron en el cargo: Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Se descuenta a Juan Carlos Maqueda de esa discusión porque el 29 de diciembre próximo cumplirá 75 años y deberá dejar el cargo que asumió en 2002. A menos que intentara renovar su ciclo por otros cinco años, con aprobación del Senado de por medio, algo que parece descartado. Es por eso que la Casa Rosada envió dos pliegos para el máximo tribunal: el de Lijo y el de García-Mansilla. Más allá del cupo que liberará Maqueda, está vacante desde 2021 la silla que era de Elena Highton de Nolasco.

Aunque no lo sincere públicamente, Lorenzetti cree que le llegó su momento de volver a encabezar la Corte, que presidió entre 2007 y 2018, antes del período de Rosenkrantz y del actual de Rosatti. Para esa cruzada resulta clave un eventual apoyo de Lijo, que podría estar ya nombrado para octubre, fecha estipulada para la votación, al igual que García-Mansilla.

A sus interlocutores más cercanos, desde hace tiempo, Lorenzetti les plantea que el sistema de elección del titular de la Corte debería ser rotativo. Eso implicaría que la sortija le caería a él en este turno, incluso si arribaran los recién llegados Lijo y García-Mansilla, siempre y cuando Maqueda deje el cargo antes de tiempo. Nadie imagina que desde el inicio uno de ellos fuera un potencial presidente del máximo tribunal, aunque hay quienes creen que el mileísmo postula a García-Mansilla como un delfín propio allí, en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano. Rosatti también podría aspirar a seguir, o el propio Rosenkrantz a retornar al puesto que lideró de 2018 a 2021.

Lorenzetti, que cumple 69 años en septiembre y tiene mandato cortesano asegurado hasta 2030, cree que a la Corte le falta un representante del propio Poder Judicial, como era en su momento la fallecida Carmen Argibay, con pasado de jueza nacional. El CV de juez federal de Lijo, no obstante, es más complejo por el peso de las causas que se tramitan en su juzgado. El rafaelino se autodenomina como alguien surgido desde lo académico, identifica a Rosatti y Maqueda como dos jueces provenientes de la política -uno ex ministro de Justicia y el otro ex diputado nacional, ambos en gobiernos peronistas- y a Rosenkrantz como un representante de la abogacía privada.

En ese contexto, Lijo se perfila como un candidato mucho más sólido de lo que pensaba en cuanto a adhesiones de sectores de la política y la Justicia, más allá de que acumula en la actualidad cuatro denuncias en el Consejo de la Magistratura por su desempeño como juez y de que desde 2006 se le iniciaron 23 expedientes en ese cuerpo judicial, la mayoría prescriptas o desestimadas. Una de las últimas denuncias la formuló Elisa Carrió, líder del ARI-Coalición Cívica, que presentará una impugnación en contra del magistrado. “El doctor Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal», sostiene parte del texto.

En relación a los votos en el Senado, fuentes judiciales que analizan el terreno legislativo creen que las condiciones para aprobar pliegos son mucho más favorables que en 2016, cuando Mauricio Macri promovió a Rosatti y Rosenkrantz como jueces del máximo tribunal.

«Si en ese momento, en un Senado con mayoría y con la influencia de Cristina Kirchner, se aprobaron esos pliegos, por qué no pasaría lo mismo ahora», sostienen fuentes consultadas que revelan que un sector del peronismo ve a Lijo como un «compañero», más allá de que haya firmado fallos adversos, como la prisión domiciliaria de Amado Boudou, o haya sido quien elevó a juicio oral el caso Ciccone.

Otras decisiones lo mostraron cercano al kirchnerismo: los más críticos del juez recuerdan que benefició a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, al haber desdoblado la causa Ciccone y separar la parte que investigaba la asesoría del polémico The Old Fund a esa provincia en el canje de deuda de 2010.

El límite de Cristina, aseguran, sería García-Mansilla, el otro juez elegido, de perfil liberal, ultra-católico y que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Lijo, de 55 años y designado juez federal por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004, mientras, cosecha respaldos de jueces del fuero penal económico, que avalaron en las últimas horas la “trayectoria, formación, seriedad y cualidades morales y personales” para ocupar el lugar disponible en la Corte. Hasta la semana que viene, seguirá sumando cuestionamientos y rechazos a su candidatura.