La marcha del próximo miércoles a Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner preocupa por estas horas al Gobierno. No se trata simplemente de la convocatoria de apoyo a la ex presidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Lo que más inquietud genera en algunos despachos de Casa Rosada es de qué manera se va a hacer esa convocatoria y cómo se va diagramar a partir de eso el operativo de seguridad, que compartirán la Policía Federal con la de la Ciudad.

En el mileísmo, no obstante, todavía esperan que la Justicia apele a una cuota de «sentido común» y vaya directamente a la casa de la ex presidenta a notificarla de su prisión domiciliaria, que quiere cumplir precisamente en San José 1111, en Constitución.

«¿Qué sentido tiene que la vayan a buscar a Constitución, atraviesen toda la ciudad hasta Retiro y después la vuelvan a traer?», es la pregunta que se hicieron todo el fin de semana en la Rosada, direccionada hacia la Justicia que, argumentan fuentes consultadas, trabajan de manera «bastante caótica».

La postura del Gobierno, como escribió Clarín, la comparten también en el kirchnerismo, desde donde plantean que es innecesario que Cristina tenga que ir hasta Comodoro Py para luego volver cuando ella tiene predisposición de presentarse en tiempo y forma.

Quienes están a cargo del operativo de seguridad en el Gobierno aseguran que nadie del entorno de Cristina comunicó a qué hora va a salir hacia los tribunales de Retiro el próximo miércoles.

En realidad -argumentan- no tiene por qué hacerlo, ya que el plazo para que se presente ante los jueces del tribunal que la juzgó en su momento se extiende hasta el jueves a las 9.30. Entre martes y miércoles es un hecho que irán a Comodoro Py los otros ocho condenados, muchos de los cuales viven en Santa Cruz.

Así, quienes custodian la zona del departamento de Cristina tienen claro que la convocatoria será desde temprano el miércoles, a la expectativa de la salida de CFK y que desde allí emprenderán el camino a Comodoro Py, rodeando el auto que la traslade. «De todas maneras nos vamos a enterar y vamos a estar preparados para ver cómo se maneja la situación», sostienen.

Lo que más preocupa, más allá de la presencia de militancia K, es que se autoconvocaron grupos de izquierda y anarcos que suelen protestar de manera violenta en las marchas de los miércoles por los jubilados.

Creen que el camino hacia Comodoro Py, seguramente atravesando toda la 9 de Julio hasta Retiro, va a incluir intentos de vandalismo y destrucción en la zona. Ese lugar habitualmente la custodia la Policía de la Ciudad.

El detalle del operativo se va a diagramar puertas adentro del Ministerio en la tarde de este lunes. La Federal, no obstante, seguramente se va a instalar en la zona de Comodoro Py, a la espera de la llegada de Cristina.

Desde el Gobierno buscan evitar toda vinculación con el avance natural de una decisión que es judicial. Aunque hay coincidencias cuando se habla de cómo debería ser la detención de una figura políticamente tan relevante como es Cristina.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicitó la posición del Gobierno sobre el futuro, donde la ex mandataria debería cumplir su pena de seis años de prisión. «Por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria”, sostuvo en una entrevista radial.

En eso, diferentes fuentes comparten la misma posición. “No hay razón para no dársela. Tiene más de 70 años, es ex presidenta. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a escapar?”, razonan.

Representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), encabezados por el secretario de Finanzas, Jesús Núñez, y acompañados por un asesor legal de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA), viajó a Capital Federal por pedido de la intendente Rosario Romero.

Denuncia por amenazas al sindicalista Jesús Núñez.

La comitiva, que estuvo integrada además por Fabricio Gómez y Fernando García, mantuvo negociaciones con un funcionario de la secretaría de Trabajo de la Nación por pedido de otro peronista: Adán Humberto Bahl. El nexo fue posible gracias a que, aún en la gestión de Javier Milei, en dicha cartera existe una gran cantidad de empleados heredados de gestiones kirchneristas.

Fernando García y Fabricio Gómez.

Según confiaron fuentes cercanas a este medio, el sindicalista habría tenido que presentar numerosas razones para convencer a las autoridades del área que conduce Julio Cordero para frenar la normalización del sindicato, cuyas autoridades están implicadas en una estafa de millones de pesos.

Nota al presidente de la UIF respecto al funcionamiento como financiera del SUOYEM.

La normalización del sindicato ha generado gran expectativa entre los afiliados, quienes buscan transparencia y justicia en la gestión de los fondos sindicales. Sin dudas, las razones que habría recibido el funcionario podría tener implicaciones legales y éticas significativas. Los afiliados al sindicato y la opinión pública esperan una investigación exhaustiva y transparente sobre estos hechos. La credibilidad y la integridad del sindicato y de la secretaría de Trabajo están en juego.

Nota al fiscal consultando los motivos por los que no se declaró el detino de los fondos que devolvieron. 

Acuerdo caído y denuncias 

Días atrás, los denunciantes se presentaron ante la fiscalía y dieron por caído el acuerdo en la Justicia, quedando a la espera de novedades. Por otro lado, Fabián Carreras denunció nuevamente a Núñez por coacción, tráfico de influencias y amenazas, hechos que habrían tenido lugar luego de que este último se anoticiara del dictamen.

Dictamen por el pedido de intervención.