El PP y el PSOE se tiran la pelota en la trama Koldo. Ambas formaciones se aferran a los fragmentos que más les conviene del caso para achacar responsabilidades políticas. 

Este viernes, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha pedido la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuya situación consideran «insostenible» por su implicación en el escándalo de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia.

El PP ha salido en tromba a pedir la renuncia de la tercera autoridad del Estado en base a informaciones periodísticas que afirman que avaló como presidenta de Baleares a una de las  empresas de la trama meses después de que esta le vendiese una partida de mascarillas que resultó defectuosa.

«Es insostenible que la tercera autoridad del Estado esté salpicada e implicada por una trama que crece día a día. Hablamos de mentiras, mordidas en un tema que implicaba la protección de la salud de todos los españoles», ha denunciado.

Mismo pedido ha hecho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al insistir en pedir la dimisión de Armengol. 

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«No puede mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado. Es insostenible que siga siendo presidenta del Congreso de los diputados. Que siga representando a todos los españoles cuando estamos conociendo estas informaciones de irregularidades que cada día van a más», ha señalado.

El PSOE, por su parte, ha cambiado el foco del escándalo y ha exigido que el portavoz parlamentario y número dos del PP, Miguel Tellado, declare en la comisión de investigación que registró en el Congreso la semana pasada para analizar la compra de material sanitario por las distintas administraciones durante la pandemia.

«Debe explicar por qué su nombre aparece en el sumario» del caso Koldo, explican desde Ferraz. 

En un auto, se menciona que el exasesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos había concertado una cita con Tellado, en teoría para que mediase para que el Gobierno balear retirase una reclamación de 2,6 millones a la trama por haber entregado un lote de mascarillas defectuosas.

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Según fuentes del PSOE, de las informaciones publicadas por los medios «se deduce que la trama corrupta buscaba un intermediario para interceder ante el gobierno de Baleares, formado por PP y Vox, para que la reclamación contra las empresas implicadas que formuló el anterior Gobierno se olvidase en un cajón».

Según deduce el PSOE, Tellado era «el hombre elegido para convencer» al Gobierno de Marga Prohens de que esa reclamación no prosperase. El PSOE subraya que eso es lo que ocurrió, «casualmente», pese a la advertencia del Gobierno saliente de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso. El nuevo Ejecutivo del PP «dejó que el tiempo pasase hasta que la reclamación quedó sin efecto», impidiendo que el dinero se recuperase. Por ello, pide «explicaciones» al Gobierno de Prohens. «El hilo que une al PP de la calle Génova con el PP balear es irrefutable. La trama quería que la reclamación decayese, y la reclamación decayó. Son hechos», concluyen.

 La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este viernes la actuación de Armengol, de quien ha dicho que siguió «escrupulosamente el procedimiento» de contrataciones para la compra de material sanitario durante la pandemia. En este sentido, ha dicho que es el PP el que debe dar explicaciones, por la aparición del nombre de Miguel Tellado en un auto del juez que investiga el caso Koldo. 

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A su juicio, el PP de está «sobreactuando» en su respuesta al caso, y ha subrayado que fue el Gobierno que dirigía Armengol el que pidió el reintegro de las mascarillas adquiridas «por creer que la calidad no se correspondía con la adjudicación».

Quien ha roto su silencio sobre la trama ha sido la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Ha aclarado que las denuncias son de tal gravedad que «no sirve el ‘y tú más». 

En una entrevista en La Sexta, ha señalado que tiene «toda» la preocupación por este asunto y que la corrupción le parece «gravísima». 

Ha anunciado que Sumar presentará «una batería de propuestas para prevenir las situaciones de corrupción». «España es una anomalía, carecemos de un consejo de prevención de la corrupción», ha explicado Díaz, que defiende que se necesita un organismo «autónomo», con «independencia funcional, orgánica y en las personas que lo nutren».