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POLITICA

El primero llega el sábado: cómo son los aviones de patrulla marítima y anti submarinos comprados a Noruega y Estados Unidos

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Tras una larga renegociación con Noruega y Estados Unidos, porque el kirchnerismo no pagó la primera cuota de la operación de compra, este sábado 31 de agosto llegará al país el primer avión para la Armada Armada, destinado a patrullar el mar y detectar submarinos.

Se trata del primer P3 Orion, de un total de cuatro aeronaves compradas a Noruega, que son de origen estadounidense, y que, además de utilizarse para la vigilancia marítima, servirán para el control, búsqueda y rescate en el Atlántico Sur.

El total del contrato firmado el 17 de octubre de 2023 por las autoridades anteriores era de 60 millones de dólares por las cuatro aeronaves. Pero la primera cuota había que se debió haber pagado el 17 noviembre de ese año, nunca se efectuó. Tras una larga y compleja negociación se acreditó finalmente en Noruega la primera cuota el 2 de abril pasado, ya con la nueva gestión, y antes de fin de año se abonarán otros U$S 36 millones del total.

El financiamiento saldrá como se estipuló inicialmente del llamado Fondo Nacional para las Defensa (Fondef). En Defensa afirman que las aeronaves comenzarán a llegar al país este sábado y se completará su llegada en 2025 -si se pagan las cuotas, claro- , con todos los sensores y equipos de comunicaciones que utilizaban cuando operaban en Noruega.

Este primer P3 Orion saldrá de Florida, Estados Unidos el viernes 30, hará noche en Ecuador y el sábado 31 arribará a Argentina a la Base Aeronaval Almirante Zar en la ciudad de Trelew.


La ceremonia de recepción que tendrá lugar en Aeroparque el 9 de septiembre, será presidida por el ministro de Defensa, Luis Petri, acompañado por el Jefe de la Armada, Vicealmirante Carlos Allievi, y estarán invitados diplomáticos de EE.UU. y Noruega y otras autoridades de las Fuerzas Armadas que le darán la bienvenida con un acto especial. Por el pobrísimo nivel de adquisiciones de esta envergadura en Argentina, la llegada del P3 Orion será entonces un hecho histórico.

La aeronave luego será enviada a la base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, que es la base de asiento natural de la escuadrilla de vigilancia marítima. Una vez que llegue a Chubut será pintado con las características argentinas.

La incorporación de los aviones P3 contribuye a recuperar una de las varias capacidades que la Armada, que aduce equipamiento pendiente: al menos un submarino, ya que desde la tragedia del Ara San Juan en 2017 se quedó sin no cuenta con uno; buques multipropósito, fragatas y helicópteros livianos entre otros.

La renegociación

Además de que no se pagó la primera cuota a la fecha en que se había comprometido el ex ministro de Defensa Jorge Taiana, la compra de los P3 Orion tenía otro problema y era el acuerdo final que suele dar Estados Unidos, en este caso a Noruega para que las naves tengan estándar OTAN y puedan disponer de todos los sensores y comunicaciones en servicio.

Los aviones venían con los los equipos sin poder operar para las condiciones que necesitaba la Argentina y lo primero que se les informó ya durante la gestión de Petri a los noruegos es que hasta tanto Estados Unidos no firmara la capacidad de vigilancia y detección anti submarina no se iba a pagar la primera cuota.

Para ello vale recordar la fracasada compra de cinco aviones Super Etendard Modernizados que adquirió la gestión del ex ministro Oscar Aguad a Francia y que nunca volaron porque, entre otras cosas, tienen problemas con los asientos eyectores, que son de origen británico. Se pagaron 12 millones de dólares por cinco aeronaves en 2017, que iban a ser usadas por primera vez durante la cumbre del G20 en Buenos Aires de 2018, y nunca volaron.

Además, por el conflicto Malvinas, como pasó con la compra de los F 16, aunque en la operación de los P3 Orion no aparecen los británicos de por medio, Estados Unidos suele hacer consultas con el Reino Unido, porque es uno de sus socios más importantes dentro de la Alianza Atlántica del Norte.

El Gobierno anterior ya había firmado para la adquisición de los P3 Orion un acuerdo con los estadounidenses (se conoce como Acuerdo de Intermovilidad y Seguridad de las Comunicaciones), un memorándum de entendimiento que al trabajar con equipamiento de ese país se debe respetar sus normas de comunicaciones.

Posteriormente cuando Petri y su secretario de Relaciones Internacionales, Juan Battaleme, viajaron a Dinamarca con otros funcionarios locales para negociar la compra de 25 aviones de combate F16 a ese país, que también son de origen estadounidense, pero con destino a la Fuerza Aérea, se realizó una negociación con los noruegos, que vinieron posteriormente a Buenos Aires a cerrar el trato.

Aunque habitualmente la oposición y distintos sectores aluden a las compras que desean hacer las Fuerzas Armadas para criticar el ajuste en la economía del gobierno de Javier Milei, las urgencias en ciertas áreas de la Defensa también son críticas.

Pese a que el Gobierno no quiere presentarlo como un momento sin aviones para el patrullaje de las fronteras del país hasta que empiecen a llegar los F16, el accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea que tuvo lugar en Villa Reynolds, San Luis, en julio pasado no sólo dejó un piloto muerto (Mauro Javier Testa La Rosa) y el temor entre sus compañeros. Generó el retiro de uso los escasos tres A-4AR Fightinghawk hasta tanto no salga un informe sobre las causas del accidente y además un análisis de cómo seguirá el uso de estas antiguas aeronaves.

De la Lockheed

De la estadounidense Lockheed, esta aeronave hizo su primer vuelo en 1958 y es utilizada para patrulla marítima, guerra anticuperficia y antisubmarina.

De acuerdo a información suministrada el año pasado por el Ministerio de Defensa, una de las cuatro aeronaves adquiridas por Argentina a Norwegian Defense Materiel Agency (NDMA) pertenece a la versión P3-N (SAR y Sostén Logístico Móvil), mientras que las otras tres son la versión P3-C de exploración, “con un potencial de vuelo en promedio de 17.000 horas de vuelo». Ello permitirá un uso de al menos menos 15 años, aseguraron.

Argentina ya tuvo unos P3 Orion, pero en su versión B. Se vieron en 2017 acompañando la desesperada búsqueda del ARA San Juan. Había adquirido seis en 1997 para realizar vigilancia y control de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva.

Un avión P3B Orion sobrevolando la zona de búsqueda del ARA “San Juan en 2017Un avión P3B Orion sobrevolando la zona de búsqueda del ARA “San Juan en 2017

Tiene un radio de acción de 1.500 millas náuticas (lo que equivale a 2.780 km), más una autonomía de 12 horas de vuelo, lo que le permite cubrir el litoral marítimo argentino, la plataforma continental y la Antártida Argentina, permitiendo la permanencia en una zona o área determinada por períodos prolongados.

Además la aeronave tiene capacidad para operar en todo tipo de clima y permite la operación desde cualquier base y aeropuerto del litoral marítimo. Ello facilita su presencia en una área determinada en un período de tiempo relativamente corto, fundamental para una búsqueda SAR, lo que se conoce como Search & Rescue, o Búsqueda y Rescate.

Cuenta con diferentes sensores de búsqueda, como radares y sistemas de cámaras, asociados a los correspondientes sistemas de comunicaciones permitiendo la recolección, procesamiento y transmisión de datos en tiempo real.

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Una oferta de US$30 millones para la primera privatización de la era Milei

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La primera privatización de la era Milei atraviesa horas cruciales. La empresa fundada por la familia Pescarmona, Impsa, que durante la gestión de Alberto Fernández pasó a manos del Estado, puede volver a pertenecer enteramente al sector privado. Tal como informaron fuentes oficiales, cuatro compañías firmaron una carta de intención para adquirirla y una de ellas aseguró que este lunes presentará su propuesta formal para comprarla.

La norteamericana Arc Energy, que fue la primera en firmar la carta de intención para quedarse con Impsa, quiere sacar ventaja sobre sus competidoras y sus representantes aseguran que el lunes van a oficializar su oferta formal con “varias cartas bajo la manga”. El primer punto que dejaron trascender es que buscarán adquirir la totalidad de la compañía por una cifra cercana a los US$30 millones. Pero eso no es todo. También contemplan un “crédito puente” durante el proceso de mejoramiento de oferta en el que cualquier interesada puede competirle, y hasta incluso presentar un proyecto que tenga al RIGI como destino final.

A propósito del denominado “crédito puente”, fuentes de Arc Energy explicaron que se trata de una “inyección generosa de dinero” para que Impsa pueda hacer frente a sus compromisos mientras se prolongue el período de mejoramiento de oferta. ¿La cifra? “La idea inicial ronda los US$5 millones”, dijeron. Incluso, contemplan agregar a la oferta la posibilidad de aplicar al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) a través de un proyecto con Impsa. Esto implicaría el desembolso de, al menos, US$200 millones.

De esta manera, se eleva el vértigo por la primera privatización, ya que Arc Energy no es la única interesada. Tal como indicaron fuentes oficiales, el Gobierno también firmó cartas de intención con otras tres compañías. Esto las habilitó para acceder al “data room” donde se encuentra toda la información sensible de Impsa. “Sirve para saber qué es lo que se quiere comprar”, explicó una de las partes que interviene en el proceso.

De hecho, el período comprendido entre la firma de la carta de intención y el inicio del mejoramiento de oferta se llama “due dilligence” y es el que los interesados utilizan para conocer por dentro a Impsa. Es decir, qué deudas tiene, cuántos empleados, juicios, proyectos en marcha y todo su patrimonio, entre otras cosas. Ese tiempo de “due dilligence” finaliza este lunes y a partir de la semana próxima cualquiera podrá presentar una propuesta formal para comprar a la compañía fundada por los Pescarmona. La diferencia entre las que firmaron la carta de intención y jugadores ajenos es que estos últimos no accedieron al mencionado “data room”.

Esta mañana Impsa finalizó su Asamblea y luego el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dieron una conferencia de prensa en las horas claves para la primera privatización del Gobierno.

Una de las interesadas en comprar Impsa, Arc Energy, contempla presentar un proyecto para aplicar al RIGI.

“Se está tratando de rescatar la empresa. Si no hay oferentes interesados, no hay posibilidades”, declaró Chaher. Por su parte, Pazo dijo: “Creemos que hoy puede haber oferentes por el RIGI”. Y Cornejo sostuvo que es “prioritario el proceso de salvación de una empresa emblemática”. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,7% de las acciones y Mendoza, el 21,2% de los títulos de la compañía. El 15,1% está en manos de accionistas privados.

Entonces, luego del período de prórroga para extender el período de “due dilligence”, la primera privatización de la era Milei empieza a ganar velocidad. En un primer momento, el mejoramiento de oferta iba a empezar en agosto, pero se aplazó para el próximo lunes tras un pedido de la primera interesada en comprar Impsa, Arc Energy.

Fuentes de la empresa interesada en la capitalización de Impsa describieron que parte de la dificultad del proceso previo a la presentación formal de la propuesta está relacionada a la deuda de más de US$500 millones que tiene la compañía. Esto obligó a Arc Energy a diseñar un plan de reestructuración y entablar diálogos con sus acreedores, entre quienes se encuentran el Banco Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa visitó Impsa después de que el Estado haya adquirido el 63% de sus acciones.

La deuda millonaria de Impsa tiene su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando realizó un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujeron a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de la familia fundadora, tuvo que dar un paso al costado.

El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.

En diciembre de ese año, el ministerio confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. Finalmente, en mayo de 2021 el Gobierno anunció la capitalización de Impsa junto a la provincia de Mendoza. Ahora recibirá ofertas para venderla.

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