Tras el inicio de la causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes sociales para desviar fondos, la Justicia ordenó 27 allanamientos en distintos comedores barriales, en los cuales se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos de relevancia.

Estos operativos se desencadenaron después de que se habilitara la línea 134 para que el Ministerio de Seguridad de la Nación recibiera denuncias anónimas relacionadas a cualquier tipo de intimidación. En esta línea, se dieron a conocer nuevos audios que resultaron clave para la investigación.

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“Yo tenía que ir hoy a la marcha, bueno me obligaban a que vaya con mi hija”, contó una denunciante en un nuevo audio al que accedió TN. En cuanto la mujer, que era beneficiaria del plan Potenciar Trabajo, fue consultada por la organización a la que pertenecía, contestó que era de Barrios de Pie y que la referente se trataba de Silvia Caballero. “No me dejan ir a cumplir, porque yo tenía que regresar a trabajar el lunes y si yo hoy no voy a la marcha con mi hija, directamente no voy a cumplir más. Me están sacando el plan”, reveló.

De acuerdo a las denuncias, las modalidades consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligándolos a asistir bajo la advertencia de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares. Las medidas judiciales involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

Otro de los audios al que tuvo acceso TN, proviene del testimonio de una persona perteneciente al movimiento Los Soldados de Perón de Virrey del Pino, de La Matanza. Según contó, fue convocada a una marcha y “por muchas cosas más que el puntero nos hace y que estamos como obligados a hacerlo”. Cuando la mujer fue consultada a dar más detalles, remarcó: “Nos hace ir con la lluvia, estar parados abajo de la lluvia porque sino no cobramos”.

Los llamados que aportaron a la causa fueron realizados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también desde la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Chaco y Jujuy, entre otras.

En el escrito que detalla la investigación, se cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece “la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”.

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En este sentido, Patricia Bullrich solicitó asumir como querellante en la causa contra los imputados que ya fueron identificados: Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Diana Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatríz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Marubel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elene Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

Asimismo, se presupone llegar también a quienes, con el avance de las pesquisas, resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de “amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado”.

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