POLITICA
El rector de la Universidad de Quilmes dijo que “personas ajenas a la institución” causaron los incidentes
Luego de los incidentes que tuvieron lugar en la Universidad de Quilmes el lunes por la noche, el rector Alfredo Alfonso aseguró que los disturbios los ocasionaron personas “ajenas a la institución” y vinculadas a la concejala libertaria Estefanía Albasetti, quien estuvo activa durante toda la jornada con publicaciones en sus redes sociales sobre lo que pasó en la casa de estudios. Incluso, la máxima autoridad académica vinculó a un joven, a quien se ve en videos tirar gas pimienta, con participación en marchas en los alrededores de la agencia de noticias estatal Télam, cuando el Gobierno decidió reestructurarla.
“En 35 años es la primera vez que tenemos un hecho de esta violencia y coincide con el día en que personas ajenas a la universidad, que luego se identificaron cercanas a la concejala de Quilmes de La Libertad Avanza Estefanía Albasetti, estuvieron en la universidad”, aseveró Alfonso.
“Hay una persona que tiene que ver con una acción en la puerta de Télam cuando cerraron y despidieron, que estaba con un cartel. Esa misma persona sacó de una mochila gas pimienta y roció a las personas que se acercaban, porque los estaban sacando de una asamblea estudiantil, que había sido convocada, programada el día jueves. O sea que sabían perfectamente”, dijo el rector.
En redes sociales circularon imágenes que comparaban a uno de los presentes en la Universidad de Quilmes con un hombre que protestó afuera de Télam, con un cartel que decía “gasto inútil, gracias Milei”.
El colorado que hoy fue a la Universidad de Quilmes a pudrirla en la Asamblea de universitarios, es el mismo que supo ir a la puerta de Telám con carteles celebrando el despido de cientos de personas.
En esto gasta la plata de los jubilados el gobierno, en pagar lúmpenes. pic.twitter.com/OiDwKj12AD
— El Prensero (@El_Prensero) October 15, 2024
Uno es de los neurodivergentes que fueron a hacer esto a Telam. Particularmente el colorado de barba. ¿Estudia en Quilmes o fue a hacerse el pija? pic.twitter.com/3Dd1KccWgF
— Conde (@FangedArgentina) October 14, 2024
Según el rector, el martes hubo dos asambleas estudiantiles y una interclaustros. Dijo, entonces, que en el encuentro de alumnos de la mañana no hubo ningún problema, mientras que por la tarde-noche aparecieron estas personas ajenas a la institución, “con actitud intimidante”. Ante LA NACION, Florencia González, estudiante de Historia y militante de ¡Ya Basta!, aseguró que dentro del grupo había estudiantes de la universidad y otros que no lo eran, en coincidencia con el rector.
También se expresó así Héctor Garcete, uno de los estudiantes que denunció haber sido agredido, quien contó en LN+ que fueron golpeados y recibieron patadas: “Mi idea era bajar a la asamblea para demostrar que estaba en contra de la toma. Quise hablar y no me dejaron. Nadie pudo tener la palabra porque se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a pegar. Intenté calmar las cosas y decir que no somos violentos, pero nos empezaron a decir un montón de cosas. Había personas que no eran alumnos, quienes nos atacaron primero”.
En este marco la autoridad universitaria insistió: “Los estudiantes votaron si estaban de acuerdo en que se mantuviesen ahí [los libertarios] o si les pedían que se retiraran. Votaron por unanimidad que se retiraran. No querían sesionar con personas ajenas a la institución. Esas personas tomaron un megáfono e impedían la asamblea, entonces los empezaron a empujar y, cuando los estaban empujando, esta persona sacó de su mochila un rociador de gas pimienta y les tiró. Es la misma persona que aparece en la tapa de Clarín, que es rubio, y está tirado en el piso y dice que lo golpearon. No sabemos el nombre, pero sabemos que está en estas acciones”. Tras ello no descartó iniciar acciones penales por lo ocurrido.
En tanto, aclaró que tras lo acontecido la asamblea continuó y que, pese a la toma, la universidad sigue abierta y funcionando. “Simplemente se trata de pernoctar, de acompañar a la universidad y de defenderla, así lo sienten los estudiantes”, indicó sobre la medida de fuerza, posterior al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y al blindaje que obtuvo por parte del Congreso.
“Luego de este hecho se multiplicaron las personas que se acercaron solidariamente a la universidad. Lograron que la asamblea fuera mucho más masiva y que la organización de hoy sea mucho más importante. Esto sucede en todo el país y la idea de tapar el sol con la mano… sabemos que rápidamente uno puede dar cuenta de que el sol sigue ahí atrás”, concluyó el rector.
POLITICA
Detectan graves irregularidades en millonarios subsidios a comunidades mapuches
Dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron graves irregularidades en el manejo de millonarios subsidios otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a comunidades mapuches, algunas de ellas vinculadas a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Según el informe, el dinero que debía destinarse a proyectos comunitarios fue utilizado en parte para pagar abogados en litigios contra el Estado y muchas de las obras financiadas con estos fondos nunca fueron realizadas.
A lo largo de más de una década, los gobiernos kirchneristas transfirieron más de $1.200 millones a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Sin embargo, la falta de controles permitió el desvío de fondos a otros fines. La auditoría reveló que en muchos casos no existían registros sobre el contacto con las comunidades, ni informes de avances en los proyectos financiados.
El Gobierno eliminó un programa de subsidios a comunidades indígenas por irregularidades detectadas
El actual titular del INAI, Claudio Avruj, calificó este programa como una “obscenidad” y ordenó su cierre a través de la Resolución 8/2025. “Estos subsidios se convirtieron en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras”, denunció Avruj, citando los hallazgos de la SIGEN.
Casos de usurpaciones y subsidios millonarios
El informe destaca al menos tres casos en los que comunidades que recibieron subsidios fueron protagonistas de usurpaciones de tierras:
Lof Che Buenuleo (Río Negro): en 2019, miembros de esta comunidad ocuparon terrenos en San Carlos de Bariloche pertenecientes a la familia Soriani. En 2023, recibieron $1.770.000 del INAI para asistencia jurídica.
Lof Kinxikew (Neuquén): ocupó tierras en San Martín de los Andes y fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino. En 2023, recibió $1.950.000 para asesoramiento legal.
Newen Mapu (Río Negro): en 2023, recibió $4.480.000 en subsidios del INAI mientras mantenía reclamos territoriales en El Bolsón.
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Otras comunidades, como la Agrupación Mapuche Linares (Neuquén) y Lof Malal Pincheira (Mendoza), también recibieron subsidios millonarios y están involucradas en conflictos por tierras en zonas de interés para la exploración de hidrocarburos y el desarrollo ganadero.
Irregularidades en la rendición de cuentas
Las auditorías detectaron irregularidades en la firma de convenios y en la posterior rendición de cuentas. Un caso emblemático es el convenio firmado en octubre de 2022 por $1.690.000 para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan. Al revisarlo, los auditores encontraron que:
No hay registros de reuniones entre el INAI y las comunidades para evaluar la solicitud.
No existen informes de avances en el uso del dinero.
No se notificó a la comunidad sobre el desembolso de los fondos.
Se pagaron honorarios a un Licenciado en Ambiente, cuando el dinero debía destinarse a asistencia jurídica.
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Un caso similar ocurrió con un convenio de $1.770.000 para la Comunidad Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi, donde tampoco se encontraron registros ni rendiciones de cuentas.
Subsidios sin control en litigios contra el Estado
Uno de los puntos más preocupantes es que las auditorías confirman que estos fondos fueron utilizados para litigar contra el Estado. En el caso de las ocupaciones en el Parque Nacional Los Alerces, los subsidios financiaron la contratación de abogados que defendieron a las comunidades en juicios por usurpación.
Otro caso llamativo es un convenio por $29.210.000 firmado en Salta en cumplimiento de una sentencia internacional. Según la SIGEN, el dinero se ejecutó sin que existiera registro de contacto con las comunidades ni informes sobre su uso.
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