Al Poder Ejecutivo se le vencieron este martes las facultades delegadas que le habían sido conferidas por el Congreso a través de la sanción de la Ley Bases. Esto implicaba que el Gobierno de Javier Milei tenía a tiro de decreto -es decir, sin pasar por el Congreso- la posibilidad de modificar asuntos nodales en materia administrativa, económica, financiera y energética.

El Gobierno comienza así una nueva etapa de la gestión sin la principal herramienta de desregulación con la que contaba. “El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos», remarcó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ayer en Casa Rosada.

A lo largo del año de facultades delegadas, el Poder Ejecutivo ejecutó cerca de 101 medidas. Estas constaron de disoluciones, unificaciones, reorganizaciones, modernizaciones, fusiones, actualizaciones, transformaciones, simplificaciones y eliminaciones de organismos; así como de la autorización para privatizar empresas públicas.

El Poder Ejecutivo podrá seguir publicando Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), decretos simples, resoluciones y disposiciones -tal y como lo venía haciendo antes de tener facultades delegadas-, pero no tendrá la salvaguarda administrativa para eludir al Congreso en ciertos temas.

Ahora el Gobierno entra en territorio donde podrá seguir publicando medidas administrativas -como DNU, decretos simples, resoluciones, entre otros-, pero no reformas de magnitudes como las que se podían hacer con las facultades delegadas. Así, dependen de su propia impronta o de lo que puedan llegar a formular a través del Congreso, donde el oficialismo está pasando por su peor momento.

El Senado (donde La Libertad Avanza tiene 6 de 72 bancas, y algunos aliados) es el terreno donde el jueves podrían sesionarse cinco proyectos: dos presentados en el Senado la semana pasada con la firma de los 24 gobernadores: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos; tres que vienen con media sanción de Diputados: aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional.

Para la primera, el Gobierno sabe que no tiene los votos para frenarla ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Es por eso que los gobernadores esperan que funcione como mecanismo para poder negociar por estos meses. En las mismas entrañas de la Casa Rosada afirman que no tienen, por ahora, una alternativa tentadora para ofrecerles.

“Hacienda calculó que conceder a lo que ellos quieren implicaría 2 puntos del PIB, no hay chances”, cuentan en el Poder Ejecutivo. Señal de esa falta de acuerdos es que prácticamente ningún gobernador aceptó la invitación que les mandó Presidencia para estar presentes en la vigilia del 9 de julio en Tucumán.

A un año de la firma del Pacto de Mayo, las ínfulas de consenso parecen haberse desvanecido: una parte se explica por el hartazgo en el trato que los funcionarios libertarios han tenido para con los gobernadores, a la vez que hay un componente ineludible que es la cercanía electoral y la rosca por la estrategia en cada distrito. Quienes más alejados están de acordar con LLA en sus distritos son los que más quieren sesionar el jueves.

La oposición en el Senado también cuenta con los votos para impulsar la sanción de los tres proyectos que vinieron de Diputados.

El Presidente las vetará de manera inmediata, aunque esperará a que se pueda garantizar el veto cuando los bloques más alejados al Gobierno insistan en la Cámara Baja. El clima está particularmente espeso y los mismos operadores libertarios lo reconocen. Algunos se aferran a que negociando ausentes o abstenciones deban precisar menor cantidad de votos afirmativos para llegar a los dos tercios de los presentes.

Mientras tanto, el Gobierno todavía tiene pendiente el trámite legislativo del proyecto de ley del “Principio de Inocencia Fiscal”, que eleva los montos de dinero a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal, entre otros puntos.

El clima con la oposición y una vulneración al veto presidencial son variables pasibles de generar ruidos en los mercados, algo que el Gobierno no quiere que suceda. “Nosotros tenemos que mantener el Riesgo País estable e incluso a la baja, para no encarecer los rollover de deuda y que no se nos tensione el panorama de las reservas”, analiza una fuente oficial a Infobae.

El dólar comenzó un sendero ligeramente alcista. La semana subió $45 y este lunes trepó $20 hacia los $1280. Los factores que indican los especialistas son diversos, aunque hay un consenso en que los segundos semestres en años electorales suelen potenciarse como escenario donde las carteras se dolarizan en búsqueda de cobertura.

“Cuando baja el dólar es porque lo pisamos a propósito y cuando suba es porque perdimos el rumbo. Es poco serio”, indican en Casa Rosada.

Quien se lamentaba ayer por la tarde por el rendimiento de los activos era el ex asesor económico de Milei en 2023, el director de Research for Traders, Darío Epstein. “¿Esto va a hacer así hasta que terminen las elecciones? Fin de octubre está lejos… Todos los años impares la política nacional retrasa el desarrollo económico», tuiteó, adjuntando una foto con caídas de acciones.

Más que la cuestión financiera, en un despacho libertario preferían enfatizar la importancia de mantener en línea la gestión al interior del Gobierno: “No ayuda que tengamos dos campanas que no acuerden en la estrategia electoral o que estén distanciados. Son conflictos entendibles en el marco de la discusión por las listas, pero no ayuda”. Los aludidos son los sectores referenciados en los Menem y Santiago Caputo.

Ayer hubo una reunión de alto vuelo en la planta baja de la Casa Rosada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. El asesor presidencial fue invitado, pero declinó. Los motivos se desconocen, pero se lo vio ingresar ayer horas más tarde de ese encuentro.

“De poco importa estar pensando si vamos a tener los números el año que viene, que yo creo que sí. Tenemos que cuidar el avispero durante estos meses porque van a ser durísimos. Si tenemos éxito, nuestras probabilidades para sancionar la reforma tributaria y laboral son mayores. Pero primero tenemos que estar en sintonía nosotros”, agrega.

Semanas atrás, Milei dio un discurso en el Yacht Club de Puerto Madero para una actividad de La Libertad Avanza. En un segmento de su alocución exaltó el nivel de imagen personal y de gestión que ostenta, asegurando que está en condiciones de dar “un tremendo batacazo en septiembre y en octubre”. “Destrozamos el mito de que hacer esto [el ajuste] es impopular. No solo hemos inventado el ajuste expansivo, sino que además hemos inventado el ajuste popular”, agregó el Presidente.

Para los próximos meses, y sin las facultades delegadas ni apoyos sustanciales en el Congreso, el Gobierno apuesta a continuar con la efectividad de su aparato comunicacional para seguir imponiendo el modelo libertario. Por sobre todas las cosas, Milei fía en que cumplió con el “job description” que le dieron los votantes en 2023: bajar la inflación.

Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,BUENOS AIRES

Javier Milei asistirá a Tucumán este martes, para realizar la vigilia por el 9 de julio. Al acto fueron invitados otros gobernadores, pero desde el Ejecutivo no ven la posibilidad de discutir el conflicto por los fondos durante el evento: “Nosotros no tranzamos”.

En el Gobierno sostienen que no es el momento ni el lugar para dialogar con los mandatarios provinciales que asistan. El encuentro se dará tras la presentación de dos iniciativas provinciales para repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar la distribución de lo que se recauda del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

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Además, para una parte del oficialismo, es más conveniente dejar que pase la fecha patria y enfocarse en la reunión entre los representantes de las provincias y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, que se dará más adelante. Por ahora, no hay definiciones sobre las concesiones que podrían ofrecer desde Nación.

Hay un sector de la Casa Rosada que es aún más resistente. “¿Ofrecerles qué?“, se preguntaron. Ante el enojo de los gobernadores, algunos funcionarios no quieren quedarse atrás.

En Balcarce 50 tampoco muestran mucho interés por resolver el problema, y evitar de esa manera que los legisladores afines a las provincias impulsen los proyectos fiscales o apoyen iniciativas incómodas para Javier Milei. “Que se atengan a las consecuencias”, aseguraron.

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La postura de los gobernadores

Javier Milei llegará a Tucumán este martes a las 10 y se dirigirá directo al hotel Sheraton, donde permanecerá hasta antes de que comience la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán.

Allí se encontrará con gobernadores. Hasta ahora, los confirmados son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Tampoco se descarta la presencia de Hugo Passalacqua (Misiones). La convocatoria es magra.

En el entorno de los mandatarios tampoco esperan una actitud positiva del Ejecutivo. “Depende del Poder Ejecutivo plantear alguna propuesta a los temas que requieren las 23 provincias”, deslizaron desde una de las provincias.

“Los gobernadores están planteando un reclamo y el Gobierno es el que no accede y tampoco da una respuesta”, agregaron.

En ese contexto, las provincias no presentan muchas expectativas sobre el avance de las negociaciones: “El tiempo de las ofertas ya pasó. Es tiempo de cumplir”.

Javier Milei, Gobernadores, Tucumán, 9 de julio, fondos

La Junta Electoral Bonaerense tomó en las últimas horas dos decisiones clave para los comicios del 7 de septiembre, que por primera vez, se harán de manera desdoblada de los nacionales para cargos legislativos. El organismo a cargo de la organización de la elección aprobó el padrón de ciudadanos habilitados para votar y resolvió el formato que tendrán las boletas partidarias: tendrán color e incluirán las fotos de hasta dos candidatos.

Se trata de dos resoluciones a las que tuvo acceso Infobae, que llevan la firma de la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, quien también encabeza la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

“Apruébese el padrón definitivo de electores argentinos, entregado por el Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral en el distrito Buenos Aires, para su utilización en los comicios provinciales a desarrollarse el próximo 7 de septiembre del corriente año”, indica el documento.

En concreto, el padrón al que accedió Infobae habilitó a 13.361.359 bonaerenses a votar. En el anexo de la resolución aparecen algunas singularidades en el listado de seccionales: la Primera Sección Electoral tiene 4.732.831 votantes, algo más que la Tercera Sección, que registra 4.637.863. Entre las dos, concentran el 70% del total de la provincia.

Por orden de magnitudes, detrás de esas dos, aparecen la Quinta Sección, cuya cabecera es Mar del Plata, con un total de 1.290.948 habilitados; luego la Sexta Sección (Bahía Blanca), con 652.077 electores; la Segunda Sección, que comprende a Zárate y San Nicolás, con 649.465; la Octava Sección o Sección Capital, con 576.691; la Cuarta Sección (de Junín y Chivilcoy), con 540.354; y por último la Séptima Sección, con algo más de 280 mil.

Entre los 10 primeros municipios con más electores, la lista la encabeza La Matanza (1.057.458), La Plata (576.691), Mar del Plata (575.613), Lomas de Zamora (519.157), Quilmes (480.256), Almirante Brown (460.982), Merlo (434.550), San Martín (378.476), Lanús (375.477) y Moreno (372.309). Salvo Mar del Plata, el resto son distritos gobernados por el peronismo.

Son datos importantes porque el 7 de septiembre, cada seccional votará alternativamente por senadores o diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares. Las cabezas de las boletas de la Primera serán distintas que las de la Tercera, y el tramo final de La Matanza será distinto que el de Moreno.

Los comicios provinciales, además, serán completamente distintos de los nacionales del 26 de octubre, cuando solo se elegirán diputados y se utilizará, también por primera vez, boleta única de papel.

Colores de la elección

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La otra resolución que tomó la Junta Electoral es la definición del formato de las boletas. Se trata de una medida que no está exenta de sensibilidades políticas. Es que el gobierno de Axel Kicillof -con aval del peronismo- había sugerido la alternativa de papeletas en blanco y negro. El argumento era una cuestión de costos: el uso de colores quintuplica el costo. Apenas trascendió esa posibilidad, La Libertad Avanza exigió que se respete la tradición de que las boletas tengan color, convencidos de que el violeta es una de las fortalezas del oficialismo nacional.

Más allá de esos tironeos políticos, la Junta Electoral tomó ayer la decisión de que las boletas partidarias tengan colores y que puedan ser encabezadas con las fotos de hasta dos candidatos.

La decisión, adoptada en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución provincial y la ley 5.109, respondió a la necesidad de “unificar criterios y evitar confusiones en el electorado”. El documento fue publicado oficialmente y notificado a todas las asociaciones políticas reconocidas y en trámite de reconocimiento.

La resolución involucró a todos los partidos y agrupaciones que participarán en los comicios provinciales. El texto detalló que las boletas deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y de diseño, incluyendo el orden de las categorías de cargos, el tipo de papel, las dimensiones, el uso de colores y la inclusión de fotografías de candidatos. Además, fijó plazos estrictos para la reserva de colores y la presentación de los modelos definitivos de boletas.

Según la Junta Electoral, la medida buscó garantizar la transparencia y la claridad de la oferta política ante el electorado. El organismo fundamentó su decisión en la ausencia de regulaciones específicas sobre varios aspectos técnicos de las boletas en la legislación vigente.

Entre los considerandos del documento, se señaló: “La legislación no establece la inclusión de las categorías a elegir, la fecha de la elección, el distrito o sección electoral, el orden de las categorías de los cargos a elegir ni las especificaciones técnicas para la confección de las boletas partidarias que el proceso electoral requiere, en lo relativo a la asignación de color, tipografía, dimensión, número identificatorio de cada asociación política, así como la inclusión de fotografías de los candidatos, razón por la cual resulta necesario establecer ciertas pautas al respecto”.

Entre los puntos principales de la resolución, la Junta Electoral dispuso que las boletas deberán seguir un orden de prelación en las categorías de cargos: Senadores o Diputados según la sección electoral, Intendente y, finalmente, Concejales y Consejeros Escolares. El papel utilizado deberá ser tipo obra de 60 gramos o un sustituto de calidad y gramaje similar, y las dimensiones de cada cuerpo de boleta serán de 12 por 19 centímetros. El fondo del anverso llevará el color asignado a la asociación política, mientras que el reverso será blanco.

El texto también estableció que las asociaciones políticas tendrán un plazo de cincuenta días antes del acto eleccionario para reservar el color que utilizarán en la boleta. La Junta Electoral priorizará el orden temporal de la reserva y la habitualidad en el uso del color, siempre con el objetivo de evitar confusiones en el electorado. Una vez aprobadas, los partidos deberán presentar el modelo definitivo treinta días antes de la elección. Si no se formulan observaciones, la Junta Electoral considerará el modelo como instrumento válido para la elección.

En cuanto a los elementos gráficos, la resolución permitió la inclusión de la sigla, escudo, símbolo o emblema del partido, así como las fotografías de los dos primeros candidatos, que podrán ser en color o blanco y negro y deberán ubicarse en el tercio central de la boleta. No se admitirán imágenes como fondo ni sellos de agua.

El documento especificó: “Solo podrán insertarse fotografías de candidatos o candidatas, en color o en blanco y negro, las que se ubicarán en el tercio central de la boleta. No podrán utilizarse imágenes como fondo ni sello de agua”.

La tipografía podrá ser negra, blanca o del color asignado sobre fondo blanco, siempre que garantice la legibilidad. Las categorías de cargos deberán imprimirse con un tamaño mínimo de cinco milímetros. Cada cuerpo de la boleta estará separado por una línea punteada negra para facilitar el corte. Además, si por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas no se pudiera utilizar el color asignado, se permitirá el uso de boletas en blanco, que no serán consideradas no oficializadas.

La resolución exigió que los colores utilizados en las boletas se identifiquen mediante el sistema de codificación Pantone y que se presente una muestra en papel acompañada de una certificación de la imprenta.

La resolución fue firmada por el presidente, vicepresidente y vocales de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. El documento ordena su publicación en el Boletín Oficial y en la página web del organismo, y su comunicación a todas las asociaciones políticas involucradas en el proceso electoral.