El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se mantiene en silencio. Los escandalosos pedidos de sobreseimiento de la fiscal Mónica Cuñarro en la causa por presunto “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia” iniciada por su exsecretaria Melody Rakauskas habían sido presentados hace un mes. Pero ahora, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, dispuso que la causa sea elevada a juicio oral y público. Mientras la defensa del jefe de la comuna más grande del país anuncia que apelará, desde distintos sectores se reclama que Espinosa pida licencia o sea suspendido en su cargo hasta que se aclare su situación. Sin registro moral de sus actos, aferrado al poder con el apoyo del propio gobernador bonaerense –junto a quien se muestra desde el día siguiente al procesamiento–, nada indica que esté dispuesto dar un paso al costado.

La Ley Orgánica de Municipalidades contempla la eventualidad del apartamiento ante una condena firme por un delito doloso o ante una situación de prisión preventiva, por lo que el jefe comunal no estaría aun legalmente obligado a correrse. Dentro del Concejo Deliberante de La Matanza, con 13 de los 24 concejales que responden a Espinoza, el minoritario bloque libertario prepara un proyecto para apartarlo del cargo, contemplando que dentro del propio oficialismo comunal empiezan a aparecer algunos tímidos apoyos con un malestar creciente.

Formalmente, el PJ bonaerense, que conduce Máximo Kirchner y del cual Espinoza es consejero titular, aguarda silenciosamente pero sin soltarle la mano el pronunciamiento de la Justicia, en medio de la preocupación por el impacto negativo sobre los votos del populoso conurbano en un año electoral.

Ya se cumplieron cuatro años desde el momento en que se conoció la denuncia presentada por Rakauskas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tanto silencio solo encierra el implícito respaldo de su entorno al intendente. Es la misma complicidad que, en julio pasado, se tradujo en la reelección de Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios, a solo 48 horas de la confirmación de su procesamiento. Sus pares de La Plata, Julio Alak; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de José C. Paz, Mario Ishii, y de Ensenada, Mario Secco, entre otros, apuntan a construir junto al gobernador Axel Kicillof una fuerza independiente de Cristina Kirchner y de La Cámpora dentro del PJ. Más de lo mismo aunque pretendan diferenciarse. En ocasión del Día de la Memoria se vio a los intendentes con Espinoza, una vez más, sonriendo juntos para las fotos en esa realidad paralela que hábilmente construyen los gerentes de la pobreza para despegarse del barro de las calles, la falta de cloacas, la rampante inseguridad, el hambre y la miseria de sus gobernados. “Estamos en la calle para recuperar los sueños de las mayorías populares de toda la Argentina”, decía quien pretende seguir robándoselos desde su quinta intendencia.

Espinoza había violado la prohibición de acercamiento durante la investigación, enviándole a su exsecretaria a un funcionario a su domicilio para que firmara la desestimación de la denuncia. Tanto la preeminencia del imputado como el poder que su cargo le confería fueron considerados como elementos de peso ante la reticencia de la denunciante. Quienes se llenaron la boca condenando la violencia de género durante varias décadas, hoy se llaman a un estruendoso silencio. Del expresidente Alberto Fernández para abajo, incluido el exgobernador tucumano José Alperovich, que ya cumple condena, la historia sigue confirmando la catadura moral de siniestros personajes que solo buscaron administrar suculentas cajas promoviendo idearios alejados de sus convicciones y de sus propias vidas, tanto dentro del ámbito oficial, como en el privado.

“Acá hay al menos dos de los tres poderes que lo están avalando”, venía lamentando Rakauskas cuando fue sorprendida por la noticia del juicio. “Espinoza ya no tiene más recursos para apelar nada más”, afirmó, conforme ante la decisión de este tercer juez que enfrentó a fiscales que “defendían a un violador”, demostrando que “todavía se puede confiar en el Poder Judicial argentino”. Será en ese ámbito donde se dirima el caso que involucra a uno de los dirigentes más relevantes de la política provincial.

El poder que la confianza ciudadana deposita en sus servidores públicos no puede ser justificativo ni aval para delinquir o para desacreditar a una querellante, mucho menos cuando para ello se deben sostener lealtades aberrantes. La desfachatez de una sonrisa y la negativa a dar un paso al costado mientras se investigan las acusaciones son otra clara muestra de la inhabilidad moral de una persona hoy señalada por la sociedad.

“El material me dolió en el alma. Nadie necesita hacer un estudio pertinente para darse cuenta de que son menores de edad, incluso menores de 8 o 6 años”, dijo el fiscal de Misiones Martín Rau al afirmar, en su alegato de apertura, que cuenta con “pruebas contundentes” contra el exdiputado provincial Germán Kiczka y su hermano, Sebastián, juzgados desde este lunes en los Tribunales de Posadas, por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Se refería a los 603 archivos digitales de imagen y video que contienen imágenes explícitas de menores de edad en situaciones abyectas. A eso se suma, explicaron fuentes judiciales, material documental y testimonial desplegado en 90.000 fojas de un expediente que sacude a la opinión pública misionera y que desde el año pasado explotó en el corazón de la vida política de la provincia.

Según publicó el medio de comunicación misionero El Territorio, Rau enfatizó el peso de la acusación contra el exlegislador: “Germán ha jugado a ser político y fue claramente imputado por un delito de mucha gravedad”.

Explicó que durante la investigación se encontró el material pedófilo en su computadora, donde se encontraron videos donde se menciona a menores siendo abusados. Además, sostuvo que un correo electrónico relacionado con su nombre arrojó información sobre la existencia de este material.

En cuanto a Sebastián, el fiscal destacó que entre diciembre de 2023 y enero de 2024 había descargado una gran cantidad de material de abuso sexual infantil. No solo eso: también se le imputa un caso de abuso ocurrido en 2023.

El fiscal Rau resaltó que el contenido de MASI hallado durante la investigación e incorporado al expediente es “particularmente grave, ya que incluye imágenes de criaturas de solo 2 o 3 años”. Tras confesar el profundo impacto emocional que le causó tener que revisar el material probatorio, el representante del Ministerio Público destacó que “los únicos vulnerables en este caso son los niños que aparecen en los videos”; también aclaró que de lo que se está discutiendo en este proceso es de “asuntos criminales muy graves, no de causas políticas”.

Los hermanos Kiczka están detenidos desde agosto pasado en la unidad penitenciaria de Cerro Azul. El diputado pudo ser arrestado una vez que la Legislatura, por unanimidad, lo despojó de sus fueros. El único que no votó a favor de la expulsión de Kiczka fue su mentor, Pedro Puerta, hijo de Ramón Puerta, efímero expresidente argentino en el convulsionado final de 2001.

Puerta, que también lo tenía como empleado o vendedor de su fábrica de cigarros, ya lo había expulsado de Activar, el espacio que él mismo fundó y que integraba Juntos por el Cambio con la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, y que convirtió a Kiczka en diputado provincial.

Su primera declaración

Algunas horas antes de conocerse aquella decisión unánime del cuerpo legislativo, Kiczka se presentó ante el juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, para declarar como imputado por primera vez en la causa.

En esa indagatoria Germán Kiczka cargó las culpas en su hermano Sebastián y no involucró a nadie más; alegó que la computadora que contenían los archivos de abuso sexual infantil, incautada en un allanamiento en la casa de su padre, en febrero del año pasado, no era suya, sino de su hermano.

También afirmó que en ningún momento estuvo prófugo de la Justicia, sino que se encontraba en una suerte de “retiro espiritual” en el balneario de Loreto, en Corrientes, “buscando escapar al asedio de los medios de comunicación”.