POLITICA
En su peor momento con la Casa Rosada, los gobernadores amenazan con no apoyar el veto al aumento jubilatorio
Javier Milei reunió a decenas de empresarios el miércoles por la noche en el lujoso Yacht Club de Puerto Madero, un evento que tenía como fin recaudar fondos para la campaña nacional, pero que sirvió para conocer novedades sobre cómo el Presidente concibe los avances de su modelo y los próximos pasos que pretende dar. El invite duró algo más de una hora y solo constó de su alocución, precedida por una breve presentación de Manuel Adorni, a quien luego Milei le regaló su discurso.
Los cincuenta minutos en los que habló el Presidente fueron dados a conocer al día siguiente. Su alusión hacia la oposición, tratándolos de “parásitos mentales”, se llevó la mayoría de los flashes. Pero se trató de uno de los discursos más políticos que Milei esgrimió en el último tiempo, revelador en su contenido sobre cómo prevé la relación con uno de sus aliados circunstanciales más importantes: los gobernadores, que poco a poco están empezándo a abroquelarse contra la Nación.
Al hacer una revisión en la marcha de su gestión y exaltar la baja de la inflación, Milei adelantó que buscará resolver diversos “problemas acuciantes”, marcando que confrontará con el “Estado del Estado”, es decir, los gobiernos provinciales. “Es calamitoso y requiere de reformas urgentes en cada una de sus áreas”, desafío, haciendo un llamamiento a enfatizar el modelo libertario en cada una de las elecciones locales.
“Nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, indicó, para después hacer una alusión directa contra los jefes provinciales: “Sin ir muy lejos, hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.
“Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo – desde el poder local – algunos buscan boicotear el cambio nacional”, agregó.
Toda una declaración de principios, la cual cayó pésimo en gobernadores tanto aliados como opositores, aunque también entendieron que Milei luego hizo énfasis en el caso bonaerense.
Ninguno de ellos salió a hablar en público sobre el tema. Pero en varias provincias se limitaban a difundir los datos publicados por la Secretaría de Hacienda de la Nación, que detalla que, en rigor, la presión tributaria como porcentaje del PIB se había mantenido igual en 2023 y en 2024, pero con una diferencia clave: esto había sucedido por una baja en la presión de las provincias (de 5,1% a 4,8%) y un aumento de la Nación (de 22,8% a 23%).
Esto fue consignado días atrás por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien en un posteo de X finalizó diciendo “los datos son nobles, la manipulación está en los relatos”.
Un informe reciente hecho por Empiria, la consultora del ex ministro Hernán Lacunza, detalló que durante el año pasado, las provincias acompañaron la estrategia de ajuste del Gobierno y solo 3 de 24 quedaron con desequilibrio primario: Chaco, Catamarca y Buenos Aires (que aun así mejoró su situación fiscal). En tanto, seis jurisdicciones revirtieron su déficit: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.
Esta mejora fiscal en prácticamente todas las provincias se debió, según consigna Empiria, por un ajuste promedio de 15% del gasto en términos reales, “que más que compensó la caída en los ingresos”. Por esa misma razón es que, durante el año pasado, la Casa Rosada se sentía con confianza para ajustar la billetera de las Provincias: “Todas ellas estaban siendo muy subsidiadas por la Nación. No les iba a afectar tanto y, además, todos teníamos que hacer el esfuerzo”.
El peligro detrás del conflicto con los gobernadores
La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se encuentra en un momento de particular tensión. No lo compensa las ínfulas de consenso que inspira el Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado por el Gobierno para elaborar políticas públicas vinculadas al Pacto de Mayo y que tiene un representante de las provincias, el mendocino Alfredo Cornejo.
El lunes, un día antes de que se constituyera el Consejo, sucedió un hecho prácticamente inédito en los últimos años. Los 24 mandatarios subnacionales consensuaron un proyecto de ley para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos y así distribuir parte de la recaudación entre todas las provincias. La medida fue en respuesta a una reunión que habían tenido antes con emisarios del Gobierno, que no vieron como una solución a sus reclamos por mayores desembolsos de parte de Nación o la ejecución de obras de infraestructuras en rutas.
“Los gobernadores se unificaron todos. Es increíble cómo se les dio vuelta la tortilla”, dicen desde una provincia que, en público, actúa como aliado a la Casa Rosada.
Aunque el ajuste sobre fondos orientados a las provincias son reales, este comportamiento también se explica por la coyuntura electoral. Al menos así lo explican los principales interlocutores libertarios. “Quieren más fondos para las campañas y están enojados porque nos estamos metiendo en sus distritos con el partido”, explican.
Es que al tener ahora un partido nacional estructurado, La Libertad Avanza busca instalarse en cada uno de los distritos subnacionales para comenzar a ganar musculatura. Aquello también genera sus divergencias al interior del oficialismo.
El proyecto libertario tiene dos accionistas mayoritarios: Javier y Karina Milei. Aunque no sea un diagrama oficial, la empresa tiene dos grandes ramas: la administración gubernamental y la partidaria. A quien se le delegó el liderazgo de la primera es al sector del asesor presidencial Santiago Caputo, mientras la segunda permanece en manos de Martín y Eduardo “Lule” Menem. Ambos sectores mantienen diferencias de criterios sobre el otro que han generado rispideces entre sí desde hace tiempo.
Uno de los asuntos clave que están empezando a preocupar al sector caputista es el rol que La Libertad Avanza debe tener con las elecciones provinciales.
Para ellos no vale la pena disputar cargos provinciales o simplemente rivalizar si es que eso implica que el gobernador de turno le quite apoyo legislativo para las reformas que Milei quiere impulsar en el Congreso el año próximo; y consideran que los Menem están generando quiebres en los vínculos con algunos mandatarios. Desde la otra vereda afirman que aquello es “completamente falso” y que particularmente Martín Menem mantiene un trato estrecho con varios de ellos por su rol en la Cámara de Diputados.
El Presidente no hace diferenciación entre una u otra postura. Pero los duros términos en los que se refirió a los gobernadores sorprendió hasta las provincias aliadas. Una muy cercana al Gobierno indicó: “Entre los Menem y estos comentarios del Presi se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto”. Este comentario se repitió en otras provincias que no son precisamente contrarias a los libertarios.
En los referentes partidarios exhiben una foto en el Yacht Club que, según ellos, indica el aval presidencial que tienen. Al lado de los Milei, quienes estaban allí eran Martín Menem y Sebastián Pareja, el armador bonaerense que debe determinar la confección de listas en la elección del 7 de septiembre. Milei mencionó a este último en su discurso. También a Lisandro Catalán el referente libertario en Tucumán.
La Casa Rosada tiene un vínculo cada vez peor con el gobernador Osvaldo Jaldo, quien hasta la incursión de LLA en su provincia se mostraba como un libertario más. Fue el mandatario que más se preocupó en blindar los vetos de Milei el año pasado, mandando a sus tres diputados del bloque Independencia a que votaran en contra de la insistencia opositora. ¿Están dadas las condiciones para que se repita este año, una vez que Milei vete los aumentos jubilatorios? Muchos creen que no.
Ese bloque de 87 diputados que aseguraron el veto al financiamiento jubilatorio también está compuesto por actores del PRO y los denominados “radicales con peluca” como Mariano Campero o Martín Arjol. El primero busca posicionarse para su reelección como diputado, pero los libertarios no le quieren abrir la puerta. Al segundo se le ofreció ser candidato a diputado nacional en octubre, con tal de que bajara su lista en las recientes elecciones en Misiones. A pesar de la insistencia, no aceptó por pensar que lo iban a traicionar.
Quienes arman el poroteo en Diputados creen que negociando ausencias pueden ratificar el veto con 75 votos. Aun así, afirman que “está muy complicado”.
En el Gobierno ya no niegan que si la oposición consigue vulnerar el veto presidencial e imponer los proyectos (que según estimaciones del Palacio de Hacienda significan 1,8% del PIB), esto va a caer “pésimo” en los mercados, incrementando el Riesgo País y complicando las tasas sobre las que se rollea la deuda. Un efecto para nada deseado antes de las elecciones nacionales. Aun así, insisten en que el déficit cero no se toca. “Llegado a ese escenario pesimista, la plata la vamos a conseguir”.
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POLITICA
Las listas bonaerenses reabrieron el debate por las candidaturas testimoniales: qué hará cada espacio con sus candidatos
Desde la vicegobernadora Verónica Magario, hasta intendentes, concejales y ministros de la provincia de Buenos Aires, las listas de todas las fuerzas políticas se llenaron de funcionarios a los que aún les restan dos años de mandato y se volvió a abrir el debate sobre las candidaturas testimoniales.
Aunque las testimoniales no están prohibidas, ningún candidato reconoce que echará mano a ese recurso. Sin embargo, según pudo saber TN, la mayoría lo hará. En el peronismo, su uso dependerá de la fuerza política de pertenencia, pero también de los cargos para los que se presentan.
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El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ahora de La Libertad Avanza, aseguró que asumirá el cargo de senador en caso de ser electo por la Primera Sección Electoral, algo que da por descontado, al ser cabeza de lista.
Además, varios intendentes que quedaron fuera de las grandes alianzas irán con candidaturas testimoniales en boleta corta. Entre ellos, los del PRO Jaime Méndez (San Miguel), Javier Martínez (Pergamino) y Santiago Passaglia (San Nicolás), y el libertario Ramiro Egüen (25 de Mayo).
La doble estrategia de Fuerza Patria
En Fuerza Patria se plantean dos estrategias diferentes. Por un lado, las listas de las ocho secciones electorales y por otra, las de los concejos deliberantes.
Para las candidaturas a legisladores bonaerenses, en el ala dura k aseguran que Cristina Kirchner dio la orden de rechazar las candidaturas testimoniales. A horas de haberse cerrado las listas, los intendentes de La Cámpora aseguran que asumirán sus bancas en caso de ser electos.
“Como militantes políticas, sabemos que no hay lugares menores: hay responsabilidades que asumir. Por eso, quiero contarles, que soy candidata a diputada provincial”, escribió la intendenta camporista Mayra Mendoza, en su cuenta de la red social Instagram. Y agregó: “A partir del 10 de diciembre próximo, estaré cuidando de los quilmeños y las quilmeñas desde la legislatura provincial”.
El mandato de la expresidenta es claro: los candidatos kirchnersista no serán testimoniales. Sin embargo, durante los próximos cinco meses todo podría cambiar.
En el caso del Movimiento Derecho al Futuro -que lidera el gobernador Axel Kicillof- no hay un mandato verticalista en ese sentido, por lo que la decisión dependería de Magario y los propios jefes comunales. En el kicillofismo creen que para enfrentar al presidente Javier Milei deben jugar con sus mejores nombres, asuman o no. Similar al planteo de Néstor Kirchner en 2009.
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Sergio Massa reconoció haber cometido su peor error político al aceptar ser candidato testimonial aquel año, por lo que todo indica que el Frente Renovador rechazaría esa posibilidad.
Pero para las candidaturas de los jefes comunales como concejales todo cambia. Ahí sí serían testimoniales. La mayoría de los intendentes que encabezan las listas locales lo hacen bajo la premisa de que traicionarían la suficiente cantidad de votos como para asegurarse un triunfo y garantizar cierta estabilidad en sus últimos dos años de mandato.
La estrategia de apelar a las candidaturas testimoniales
La estrategia de usar candidaturas testimoniales no es nueva, pero se instaló cuando en 2009 la usó el peronismo para llevar el nombre de Néstor Kirchner en la boleta bonaerense, junto al entonces gobernador Daniel Scioli; Massa, que era jefe de Gabinete nacional, y la artista Nacha Guevara. Solo el expresidente asumió su banca y, aunque el radicalismo las impugnó, la Justicia rechazó el pedido.
Así quedó habilitada la posibilidad de que un dirigente integre una lista sabiendo de antemano que no va a asumir el cargo. El PRO intentó prohibirlo por ley, pero tampoco prosperó. Este año reflotarán ese proyecto.
Este año, nuevamente se instaló el debate tras conocerse que la vicegobernadora, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y varios intendentes de distintas fuerzas políticas formarán parte de las listas para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
El camino para eludir la prohibición de reelección
Pese a que la mayoría de las candidaturas podrían terminar siendo testimoniales, algunos intendentes analizan la posibilidad de asumir los cargos en caso de ser electos, para sortear la prohibición de ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos.
La ley 14.836 reformó la Ley Orgánica de las Municipalidades en 2016, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal. “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, dice el texto. Y aclara que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.
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En 2019, intendentes de distintas fuerzas políticas pidieron licencia o renunciaron a sus cargos, para no completar su segundo mandato y tener la posibilidad de volver a presentarse en 2023.
Ese vacío legal que dejó la ley podría ser usado este año. Podrían jugar con las licencias a uno u otro cargo, para no completar mandatos de cuatro años y quedar habilitados para presentarse en 2027.
Elecciones en Buenos Aires, Elecciones 2025, Provincia de Buenos Aires, fuerza patria
El hermano del fotógrafo Pablo Grillo, Emiliano, contó que su hermano ya “no es el mismo” desde que fue herido por una granada disparada por un gendarme el 12 de marzo, durante una protesta de jubilados en el Congreso.
Grillo estuvo internado tres meses en terapia intensiva y ahora sigue su recuperación en el Manuel Rocca. Por el hecho, fue citado a indagatoria el gendarme Héctor Guerrero
“Es una noticia que estábamos esperando hace tiempo -dijo sobre la citación al gendarme-, más allá de que llegó… bueno, no importa, la celebramos igualmente”, sostuvo Emiliano durante una entrevista radial. La jueza Servini le prohibió a Guerrero salir del país. reconstruyó cómo la trayectoria del proyectil desmiente la versión oficial sobre lo que ocurrió ese día.
En diálogo con Futurock, el hermano de Grillo también destacó que la indagatoria se realizará “previo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires”. Pero lo más impactante llegó cuando habló sobre la salud de su hermano. “Actualmente, él está mucho más lento, hace las cosas muy lento”, señaló.
De acuerdo a lo que relató su hermano Emiliano, Pablo Grillo “no es el mismo”. “Le cuesta estar atento a muchas cosas a la vez. Por ejemplo, si está escuchando música, no puede masticar. Entonces, cuando come no puede escuchar música, no puede tener otro estímulo que no sea la comida”.
En la misma línea, agregó: “Por momentos también se tilda, se queda quieto, se queda pensando y deja de comer. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es [decirle] ‘bueno, tranquilo, masticá, tragá y después seguís con lo que estabas pensando’. Él está en esa situación”.
Sobre el final de la nota, el hermano del fotógrafo aseguró que “es un nuevo hermano, es otro Pablo, no es el mismo”. “Nos está costando adaptarnos a esto. Aceptarlo, más que nada… adaptar, nos adaptamos, porque lo vemos y es él, pero [en] sus reacciones y demás no es él”, explicó, a la vez que remarcó que no saben hasta qué punto puede continuar evolucionando.
El miércoles 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, fue herido de gravedad durante una manifestación frente al Congreso, que terminó en un enfrentamiento con, al menos, 120 detenidos y decenas de heridos. El reportero, que se encontraba trabajando en el lugar, recibió el impacto de una granada antidisturbios en la cabeza.
Manifestantes lo socorrieron y, finalmente, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde permaneció internado 55 días en terapia intensiva debido a las múltiples fracturas de cráneo y a la pérdida de masa encefálica que le generó el disparo.
Luego, fue derivado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, donde actualmente continúa su recuperación.
Este lunes, la magistrada Servini citó al gendarme Guerrero a declarar el próximo 2 de septiembre para esclarecer los hechos. La hipótesis es que el proyectil que provocó las lesiones sufridas por Grillo provino “del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero”.
El objetivo es determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Grillo desde su origen hasta el punto de impacto. Es decir, se evaluará tanto la velocidad como la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo, y el ángulo de salida del proyectil.
Por el hecho, fue citado a indagatoria el gendarme Héctor Guerrero,LA NACION reconstruyó cómo la trayectoria del proyectil desmiente la versión oficial,#Segurola,pic.twitter.com/dPsayh7KMz,July 21, 2025,Conforme a,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,,Entre gritos y aplausos. Así fue el traslado del fotógrafo Pablo Grillo a un centro de recuperación luego del alta,,Casi tres meses internado. Pablo Grillo fue dado de alta y continuará su tratamiento en un centro de rehabilitación
POLITICA
El Gobierno convocó a trabajadores estatales a una reunión de paritarias y revisarán los salarios
El Gobierno nacional convocó este lunes a los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a una nueva instancia de negociación paritaria. Lo hizo a través de una comunicación, compartida luego por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, a través de sus redes sociales. El encuentro se realizará este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, en un contexto de fuertes tensiones salariales y tras varios meses en los que el reclamo de recomposición salarial ha sido repetido de parte de la dirigencia estatal.
La convocatoria fue realizada con carácter de urgente en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo. La cita es para este miércoles 23 de julio a las 15 horas, en las oficinas de la cartera laboral de la avenida Callao, en la Ciudad de Buenos Aires.
La reactivación de la mesa de discusión surge luego de una serie de reclamos de los gremios estatales que acusan un deterioro de los salarios y la necesidad de actualizar los haberes del personal público frente al avance de la inflación. Según expuso Aguiar en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), la expectativa del sindicato apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos 19 meses de la administración del presidente Javier Milei.
El dirigente de ATE señaló que la reanudación de la paritaria representa una oportunidad para avanzar en la reparación de los ingresos de los empleados estatales, que según el gremio sufrieron un descenso significativo en su capacidad de compra. En ese sentido, anticipó que reclamarán un ingreso mínimo de $1.869.000 para toda la Administración Pública Nacional, cifra que, según sus estimaciones, permitiría cubrir el costo de la canasta familiar y garantizaría el derecho constitucional a una retribución justa.
“Te anticipamos que no vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo. Se necesita $1.869.000 de ingreso mínimo en toda la Administración Pública. Es nuestro derecho constitucional a una retribución justa. Es el sueldo que nos permite cubrir el valor de la canasta familiar”, escribió el titular de ATE, arrobando la cuenta del presidente Javier Milei.
El antecedente de esta negociación data del mes de abril, cuando el Gobierno nacional decidió otorgar un aumento salarial del 3,9% para el trimestre marzo-mayo, distribuido en tres incrementos consecutivos de 1,3% cada uno, junto con un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo.
La medida en aquel momento fue anunciada un día después del paro general convocado por la CGT, y aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en la administración pública, pero rechazada de plano por ATE.
Aguiar ya había calificado aquel aumento como un “hachazo” al salario estatal y cuestionó duramente tanto al Gobierno como a UPCN. “En el Estado le prestan un ratito la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos. Debiera estar prohibido por ley firmar aumentos que se ubiquen por debajo de la inflación. No puede ser que sigan firmando el 1% mensual. Es indigno”, afirmó el dirigente
“Las negociaciones salariales en la primera parte del año tienen saldo negativo para los estatales: en enero y febrero los aumentos (1,5% y 1,2%) quedaron por debajo de la inflación (2,2% y 2,4%)”, dijo el titular de ATE aquella oportunidad y precisó que, en el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025, los aumentos salariales sumaron 16,2%, mientras que la inflación acumulada fue de 32,6%, es decir, menos de la mitad que la inflación.
Aguiar acusó al Gobierno de “destrozar los ingresos en el sector público” y de utilizar el ajuste de salarios y jubilaciones para “compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos”.
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