En los tribunales esta semana circularon datos sobre la cercanía de un acuerdo entre el jefe gobierno porteño de Jorge Macri y el ministro de Economía Luis Caputo por la coparticipación, eventuales negociaciones entre Cristina Kirchner y un sector radical para ampliar la Corte y los reclamos de Axel Kicillof por la prohibición de incluir el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios nacionales.

Pero sobre todo muchos magistrados estaban preocupados por la salud del juez Marcelo Martínez De Giorgi quien fue operado el lunes de una intervención al corazón. De Giorgi investigan las principales causas por espionaje ilegal contra Cristina y el ex presidente Mauricio Macri y sobre todo el caso del espía inorgánico Ariel Zanchetta que tenía vínculos con el diputado ultra K Rodolfo Tailhade.

Como se sabe la Corte convocó para este miércoles a una segunda audiencia entre Macri y Caputo por la aplicación de la cautelar del máximo tribunal de diciembre de 2022 sobre el recorte aplicado en forma arbitraria por el entonces presidente Alberto Fernández. Se trata de una cautelar no de un fallo de fondo sobre si la decisión del ex presidente fue constitucional.

Es una resolución de alto impacto político la cautelar ordenaba a Alberto que le devuelva a la Ciudad un 2,95% de la coparticipación de los impuestos federales que es un monto menor al que reclamaba la administración del PRO, que pedía 3.5%. Durante dos años, el gobierno de Unión por Todo se negó a cumplir con la cautelar con una serie de chicanas jurídicas.

La cautelar fue votada en forma unánime por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque en otros temas existan grandes discrepancias entre el primero y el último.

La discusión de fondo es definir cómo se pagará el 2,95% de los recursos que le corresponden a las arcas porteñas tras esa cautelar.

Sucede que el gobierno de Javier Milei presentó esta semana ante la secretaria de Originarios de la Corte una serie de informes donde “se afirma que está pagando el 2,95 por ciento”.

En cambio desde la CABA, el procurador general del Tesoro Martín Ocampo sostiene que la cautelar dice que los pagos deben “ser diarios y automáticos”. A las provincias, el Banco Nación le gira en forma diaria y automática. Pero desde el Gobierno nacional se sostiene que los pagos se cumplen pero se hacen todos los viernes.

Macri va a reunir esta semana a Ocampo, a su secretario de Hacienda para afinar la táctica que llevarán a la reunión del miércoles, contaron a Clarín fuentes del gobierno porteño. En tribunales se ve como una buena señal que Macri se haya reunido con Caputo ya aceptado la transferencia de las competencias del servicio de 31 líneas colectivos al ámbito de la Ciudad sin subsidios.

Además, para las fuentes judiciales consultadas por este diario “lo sustancial desde el punto de vista jurisdiccional ya está resuelto. Ahora hay una discusión técnica por el día de pago y posicionamientos mediáticos duros de cada parte”. Y aclararon que la deuda de la Nación con la CABA desde el 2022 hasta la fecha no estaba ordenada en la cautelar.

Al no lograr un aval de ambas partes, la Corte le dio diez días hábiles a ambas en pos de presentar nuevas propuestas para llegar a una solución este miércoles.

Desde Economía, insisten, como informó Clarín esta semana: «En la audiencia con el Gobierno de la Ciudad quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el Fallo de la Corte (2,95% de la coparticipación) y que aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que la Nación lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario”. Por su parte, en la reunión la Nación manifestó su desacuerdo con el cálculo del 2,95 ya que sostiene que ese porcentaje debería se sustancialmente menor. En conclusión, la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte a pesar de que sus propios cálculos difieren con los de fallo», afirmaron desde Economía.

El debate llegó a tal tensión que la semana pasada, el ex presidente Mauricio Macri pidió en redes sociales que el Gobierno cumpla con las sentencias judiciales. Y luego se volvió a reunir con Milei.

En despachos judiciales también empezaron a llegar preguntas de distintos sectores empresariales por el anuncio de Kicillof de recurrir a la Corte por la decisión de Caputo de excluir las tasas municipales de las boletas de servicios públicos nacionales.

Pese a la posición de Kicillof, el intendente de San Isidro y dirigente del PRO Ramón Lanús dijo que «nosotros adelantamos a bajar la tasa, queremos achicar el gasto público y la contracara es bajar impuestos, y eso era la tasa de protección ambiental en San Isidro que se aplicaba sobre los combustibles»

«Esta tasa para el municipio era un ingreso importante, pero estamos generando ahorros con transparencia y queremos dar beneficios al vecino», explicó.

Agregó que «entiendo la postura de muchos intendentes que dicen que es cierto que nos estamos haciendo cargo de muchas cosas q no nos corresponde, yo invierto plata en seguridad y le corresponde a la provincia y al gobierno nacional», en declaraciones a Dato sobre Dato de radio Milenium.

Pero para Lanús «no hay que camuflar el cobro de una tasa dentro de una boleta por un servicio». Además, en la jurisprudencia de la Corte no hay fallos sobre cómo se deben cobrar las tasas municipales. Así que Kicillof podrá hacer ruido político, pero es muy difícil que consiga un fallo a favor.

Por otra parte, tanto en el palacio de Justicia como en los tribunales de Comodoro Py creció como un pimpollo en primavera la versión de un supuesto acercamiento entre el sector radical que lideran Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti sobre la ampliación de la Corte de 5 a 9 miembros, pese a que Milei se comprometió con Macri a dejarla en su actual número.

Después del voto conjunto para anular los 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE y la aprobación de la ley de financiamiento ejecutivo ese sector radical habría conversado con los K por la Corte. Clarín consultó a Yacobitti por esta versión pero al cierre de esta nota aún no había respuesta. En cambio, voceros de Lousteau afirmaron a este diario que el senador “no participa de este tipo de negociaciones”.

En esas charlas se habría hablado de apoyar en el Senado a los candidatos de Milei, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a cambio de “darle otros 2 candidatos a Cristina Kirchner, 1 al radicalismo y 1 a Macri”, aunque el ex presidente no participa de esas conversaciones.

En el paquete, tal como adelantó Clarín, se negociarían también los concursos de jueces pendientes que están en el Consejo de la Magistratura y a la firma de Milei. En la Magistratura hay 72 concursos en trámite (65 concursos comunes y 7 concursos anticipados), Milei tiene 149 termas de candidatos a jueces y en el Senado no hay ninguna postulación de jueces de niveles inferiores a la Corte.

En forma paradójica, Cristina Kirchner en la sesión del 22/11/06, en la que el Senado trató la reducción de la Corte a 5 miembros, que proponía Kirchner, había dicho:

– Más que ante una autolimitación, estamos ante un hecho al que se debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros, un camino que tuvo su origen en la Reforma de 1860, que fue el único que rigió hasta el año 58.

“A poco de indagar en los archivos históricos, que están como mudos testigos de los argentinos, puede observarse que, en realidad, algunas cuestiones son una rémora que viene del futuro” finalizó Cristina sobre la reducción de la Corte que había dejado Menem con 7 miembros a 5. Parece que los tiempos cambian.