Enarsa, la empresa petrolera estatal caracterizada por no tener petróleo, fundada durante el Gobierno de Néstor Kirchner y bajo la égida de su entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, pasó a ser la principal contratante de las universidades mediante un sistema que está siendo investigado con detalle desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación. En paralelo, el mandatario avanza para privatizarla.

Santiago Caputo avanzó con la privatización de Enarsa y designó a un financista como su presidente

Estos contratos se focalizaban en prestaciones de servicio efectuadas por las casas de altos estudios a la empresa del Estado. En ese marco, Enarsa llegó a firmar 41 contratos con fundaciones vinculadas a las universidades por un volumen de 63 millones de dólares. Estos acuerdos posibilitaban contrataciones directas de personal sin ningún tipo de procedimiento ni evaluación.

Universidades beneficiadas con contratos

El principal convenio suscrito por la petrolera es el que firmó con la Fundación Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata (UNLP), centrado en la provisión de mano de obra para la inspección de las obras de las represas Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic en Santa Cruz. El acuerdo en cuestión se firmó en noviembre de 2022 y vence en 2028. El monto del pago por este servicio fue de 7.557 millones de pesos o 44,39 millones de dólares.

También en relación con las represas, Enarsa firmó un contrato para que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) diera “Apoyo técnico en la realización de auditorias en las centrales hidroeléctricas” entre junio de 2022 y agosto de 2023 por un monto de 57 millones de pesos o 453.166 dólares según el tipo de cambio en ese entonces.

La millonaria defraudación kirchnerista en Enarsa sigue cajoneada en la justicia

Otra fundación beneficiada por los convenios de Enarsa fue Innova-T, una unidad de vinculación creada por el Conicet en 1993. Uno de los acuerdos suscritos fue para la realización de Estudios Glaciológicos en en la cuenca del Río Santa Cruz por US$57.135; otro por “servicio de asistencia técnica para el cumplimiento de la primer etapa del Programa de protección del patrimonio cultural: Subprograma de rescate arqueológico” previsto en el Plan de Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Santa Cruz (US$98.83) y, entre otros el programa de Monitoreo de Especies Protegidas –gallineta chica– en el área del río Santa Cruz (US$88.787). También se dispuso un contrato para el monitoreo de especies protegidas –el pato macá tobiano– en el área de las represas por US$273.379. “El contrato con el Conicet (Fundación Innova-T) está totalmente inactivo”, contestaron en Enarsa.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue otra casa de estudios favorecida por los contratos de Enarsa, ya que firmó un acuerdo por dos meses para “Asesoramiento para la validación de ingresos y egresos operativos y costos de financiamiento”, siempre relacionadas con las centrales de la provincia de los Kirchner. Debían controlar facturas de años anteriores en dos meses. Para realizar esa tarea, solicitada por Silvestre Bisquert, de la Gerencia de Administración y Finanzas, se pagó US$923.763, a razón de $460.000 por mes.

La UBA también cambió US$2 millones por un trabajo para “Asesoramiento, análisis, evaluación e informes inherentes a temas vinculados con las centrales”, que fue firmado el 26 de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. Ese mismo mes se renovó hasta el 30 de abril de 2024, y se pagaron otros US$1,544 millones.

Convenios bajo la lupa

La revisión de los contratos de Enarsa se inscribe en el marco de una auditoria que realiza el Gobierno alrededor de los convenios firmados entre el Estado y las universidades, que se calculan en 2566 acuerdos firmados por alguna agencia o dependencia pública. Entre los servicios provistos por las casas de estudios involucradas se encuentra una variada gama de actividades: auditorias, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.

Este sistema de contratación surgió como una forma de aporte genuino de las universidades al desarrollo de actividades desde el sector público, sin embargo, la facilidad de este proceso y la imposibilidad de auditar a las universidades habilitó que estos convenios se multiplicaran descontroladamente.

Alertan que Enarsa es la mayor caja de la corrupción kirchnerista