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POLITICA

Encontraron muerto a un alto funcionario porteño que había sido denunciado por abuso sexual

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El presidente del Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, Carlos María Pedrini (48), fue encontrado sin vida en un aparente suicidio, tras ser denunciado por abuso sexual. La denuncia, realizada el día anterior, se tramitaba en el Juzgado Criminal Seccional N°3, secretaría 110. 

Según trascendió, la tipificación del expediente indica que el motivo de la denuncia fue por “violencia de género”. Sin embargo, el texto aclara: “Imputado Pedrini, Carlos María, s/abuso sexual. Artículo 119, primer párrafo. Damnificada: J.G.”.

Por el momento, la investigación revela que Pedrini fue hallado con signos de ahorcamiento. Además, se informa que el dirigente político enfrentaba un diagnóstico de cáncer de tiroides, con estudios médicos recientes que arrojaron noticias desfavorables, a pesar de haber sido operado con éxito anteriormente.

El Instituto de la Vivienda difundió un comunicado oficial al respecto donde expresa: “Con enorme tristeza, lamentamos comunicar el fallecimiento de Carlos María Pedrini, quien se desempeñaba como presidente de este Instituto desde septiembre de 2023. Todo el IVC le da el más sentido pésame a su familia y a su equipo de trabajo”. 

A su vez, figuras políticas también expresaron sus sentimientos ante la tragedia. Uno de ellos fue el dirigente político Juan Grabois quien, a través de su cuenta de X, publicó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Pedrini, dirigente de Juntos por el Cambio, rival político, buen funcionario y mejor persona. Lo vimos trabajar con esfuerzo y sin prejuicios, abierto al diálogo, intentando esquivar grietas, haciendo desde su cosmovisión lo que creía mejor para la gente. Mi sentido pésame a su familia y a sus hijos”.

Pedrini, oriundo de Tandil, tuvo un recorrido político que lo llevó desde el peronismo bonaerense hasta convertirse en un referente clave del PRO en la gestión de los barrios populares y en la articulación con movimientos sociales. Inició su carrera en la Cámara de Diputados y se destacó en la gestión social, colaborando con Jorge Telerman y siendo respaldado por figuras como Carolina Stanley y María Eugenia Vidal.

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Ingresó al gobierno porteño durante la gestión del entonces vicejefe Jorge Telerman en el 2004 y llegó a ser nombrado Director de la Dirección General de la Economía Social en el 2008. Luego, se unió al IVC en septiembre de 2023 de la mano de Jorge Macri, tras haber ganado las elecciones en la Ciudad y sucediendo a Horacio Rodríguez Larreta.

Además de ser un hombre que respondía al jefe de Gobierno porteño en la actualidad, su hermana, Lucrecia Pedrini, fue la jueza que resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria para suspender la reforma laboral propuesta por Javier Milei en el DNU.



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POLITICA

El Gobierno eliminó una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones

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El Gobierno modificó el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental publicado en diciembre del año pasado, pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández. A través de una resolución de las autoridades sanitarias, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial –que pasará a tener un rol consultivo– para agilizar esos trámites, de acuerdo con el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.

La resolución precedente (4107/23) provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones, ya que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos”, señalaron desde el Ministerio de Salud. “Esta situación –continuaron– no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por lo tanto, la modificación obedece no solo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 [de la ley de salud mental], sino a efectivizar el procedimiento de forma eficiente y expeditiva”.

Por ese artículo de la legislación sancionada por el Congreso en 2010, la cartera sanitaria, como autoridad de aplicación, es responsable de fijar “en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones” los requisitos de habilitación y fiscalización de los servicios de atención de salud mental en el sector público, privado y las obras sociales.

Para el Gobierno, la Resolución 6155/2024 también adapta ahora esas tareas a la simplificación de procesos en el Estado prevista en la Ley Bases. “Adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos [por los lugares de atención especializada] a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente”, plantean en Salud. Y consideran, a la vez, que “fortalece la red de servicios” al crear “los dispositivos comunitarios necesarios”. La definición de esos servicios incluye la atención de las adicciones y a los equipos interdisciplinarios “para la continuidad de cuidados y la externación sustentable”.

Este conjunto de “normas mínimas” para la habilitación y el control de los establecimientos y los servicios de salud mental y consumos rige para los lugares de atención ambulatoria (consultorios o gabinetes, centros, hospitales de día con/sin internación o comunitarios, emprendimientos de inclusión sociolaboral y servicios de atención domiciliaria), dispositivos residenciales (con apoyo bajo, moderado o alto y estancia transitoria o prolongada) y lugares con internación (servicios de salud mental en hospitales, clínicas o sanatorios).

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Dictamen consultivo

De acuerdo con la resolución de diciembre del año pasado firmada por la exministra Carla Vizzotti, el trámite de habilitación empezaba –como en la nueva resolución– con la solicitud de habilitación del administrador de la institución, centro o servicio vía la plataforma online de trámites a distancia oficial.

Pero si bien la autorización para funcionar también la tramitaba la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dentro del Ministerio de Salud, la evaluación inicial de las solicitudes debía ser “en conjunto” con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Ahora, de acuerdo con los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, esa intervención deja de ser vinculante y pasa a ser consultiva cuando así sea requerida.

Esa comisión permanente de trabajo se formó por una resolución de 2022 con tres representantes designados por Salud y otros tres por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Quedaban exceptuados de su intervención solo los consultorios de salud mental, en cuya habilitación participaba únicamente la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

El procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental había sido establecido pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández por la entonces ministra Carla Vizzotti

Con la modificación publicada hoy, sus miembros intervendrán “en caso de que existan incongruencias con los estándares fijados” en un anexo de la resolución y a requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos para “asistencia técnica, colaboración e intervención”.

En esos casos, una vez finalizada la inspección del lugar a habilitar, la comisión tendrá que emitir opinión “sobre el cumplimiento de los estándares normados” en 30 días hábiles para la administración pública a contar desde la llegada del expediente. Cumplido ese plazo sin esa opinión, regirá el silencio de la administración como en el resto de los procedimientos administrativos del Estado nacional.

Lo mismo se aplica para la fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos, como lo define la nueva resolución, que reemplaza a la 4107 de diciembre del año pasado.

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Antes, ese dictamen pasaba a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos para remitir el expediente de nuevo a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras para continuar el trámite de habilitación.

Esta nueva normativa promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, lo que hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos”, argumentan en el ministerio a cargo de Mario Lugones.

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