POLITICA
Es de Miami, participó como demandante en Caso Cerrado y revela cuánto le pagaron por su actuación
El programa Caso Cerrado, que conducía Ana María Polo, atrajo la atención de miles de televidentes durante aproximadamente 20 años, con la exhibición de casos legales que abordaban todo tipo de problemas familiares y de pareja.
Aunque muchos pensaban que no era ficción, algunos participantes, que fueron contratados para dramatizar diversas situaciones, dieron a conocer detalles de su experiencia, como una joven identificada como Mila, quien reveló que le pagaron cientos de dólares por prestar su imagen para la grabación de dos capítulos.
“Sí creían que Caso Cerrado era de verdad, pues no”, comentó la mujer en un clip que publicó en su perfil de TikTok. “Es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas y sales”. Mila reveló que parte de las historias sí contienen pasajes de experiencias reales y que, con eso, arman la trama del capítulo.
Cabe detallar que al final de cada episodio se exhibía una leyenda aclaratoria que decía: “Los casos pueden ser basados en hechos reales y pueden ser dramatizados”, de acuerdo con People en Español, con lo que se avisaba de antemano que los capítulos podrían contener algunas recreaciones.
Sin embargo, indicó la mujer, había un detalle, ya que Ana María Polo no conocía los casos que se presentarían, por lo que sus reacciones se volvían completamente naturales: “Ella es la que da un veredicto, la verdad me reí muchísimo y me lo gocé”.
¿Cuánto les pagan a las personas que actuaron en Caso Cerrado?
En su video, Mila contó que el pago que la producción de Caso Cerrado ofrece va de los US$200 a los US$400 por día de grabación y que las personas que no viven en Miami también reciben un extra por traslado y hospedaje.
“Me iban a pagar US$350, pero cuando íbamos a grabar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día. Y ese día también me pagaron US$350, así que en total fueron US$700. Y otra cosa, no se graba un solo caso, se graban de seis a ocho casos diarios”, señaló. La exparticipante reveló que cada caso es liderado por un productor distinto y lo escriben guionistas diferentes.
Las respuestas de sus seguidores en la plataforma social suman miles de reacciones, entre ellas destacan algunas de personas que creían que los problemas de Caso Cerrado eran verdaderos. “Me engañaron, yo pensé que era real”; “Cómo aplico para participar”; “Qué pasa con las personas que se llevan presas”; “Yo pensé que era verdadero, luego supe que era actuación. Son casos reales, pero protagonizados por actores para proteger la identidad, ¿es así?”. Incluso hubo quienes reconocieron que habían llorado viendo algunos episodios.
Aunque Caso Cerrado aún se transmite por televisión, a través de la señal de Telemundo, desde hace varios años no se graban capítulos nuevos. La producción lanzó al aire 19 temporadas, con la participación de un demandante, el demandado, varios testigos de ambas partes, expertos en los temas particulares y varios invitados.
POLITICA
Capital Humano: nuevas tensiones sacuden el área social dentro del ministerio de Pettovello
Luego del tembladeral que causó la compra de una cafetera, el área social del Ministerio de Capital Humano vuelve a resentirse: disconforme con la gestión de Yanina Nano Lembo, la ministra Sandra Pettovello cercó con gente de su confianza la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El futuro de la funcionaria se volvió una incógnita.
Las versiones difieren en los detalles, pero convergen en lo central: el poder de la funcionaria ligada al macrismo quedó recortado luego de que Pettovello se presentara en las oficinas de la Secretaría –algo inusual– y le arrebatara el control del área administrativa. Las versiones más duras aseguran que la funcionaria ya se encuentra “virtualmente” desplazada del cargo.
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Sin confirmar ni desmentir las versiones, en el ministerio de Capital Humano prometieron dar una respuesta en cuanto consolidaran la información sobre la funcionaria. Nano Lembo, por su parte, no atendió las consultas de LA NACION.
La funcionaria, con pasado en la gestión porteña, viene golpeada por distintos episodios. La adquisición de una cafetera por casi dos millones de pesos –cuya compra fue aprobada por Nano Lembo y criticada por la oposición– fue el último de una serie de capítulos que reflotaron las tensiones dentro de un ministerio agobiado desde el inicio de la gestión libertaria por las salidas y los cortocircuitos.
Quien finalmente pagó la compra de la cafetera con su cargo fue Constanza Cassino, designada oficialmente como subsecretaria de gestión administrativa a comienzos de agosto. Sin embargo, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de lo que ocurre adentro de la secretaría, la silla de Nano Lembo quedó inclinada.
La ministra Pettovello ya estaba muy disconforme con Nano Lembo por su performance en la presentación que hizo de las cuentas de su área frente a los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en octubre pasado.
Nano Lembo se aferró al libreto del ministerio, pero durante su exposición se la vio incómoda y casi no pudo despegar la vista de un documento que leyó durante más de 20 minutos y al que volvió cuando le tocó responder las preguntas de la oposición.
A su lado, aparte del diputado José Luis Espert, se encontraba Tomás del Giudici, cuya designación al frente de la subsecretaria de políticas territoriales se encuentra aún pendiente.
Es que Nano Lembo, que remplazó en junio a Pablo De la Torre tras la polémica de los alimentos y las sospechas por contratos irregulares, no pudo estabilizar los nombres en su equipo y darle forma definitiva a la estructura que tiene por debajo.
Martín Galmarini, por caso, que llegó para tomar las riendas de las políticas sociales con el último recambio de nombres, será reemplazado por Ignacio Girado, quien ya dejó su cargo como funcionario en Trenque Lauquen.
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Alimentos
La semana pasada, la secretaría de Nano Lembo recibió otra mala noticia desde el frente judicial. El juez Walter Lara Correa avaló el reclamo alimentario que iniciaron los movimientos sociales en febrero para reanudar el reparto de mercadería en los comedores y le solicitó al ministerio que de cuenta de los alcances de sus políticas alimentarias con la entrega de informes mensuales.
El ministerio, que ya no cuenta con Leila Gianni como espada jurídica, apeló la resolución del juez Lara Correa al afirmar que se trataba de un fallo “arbitrario” y “contradictorio” en tanto reconocía las competencias de Capital Humano para delinear las políticas alimentarias, pero buscaba “auditarlas” a través de los informes solicitados.
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