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Escándalo con los seguros: el Gobierno presentó una denuncia contra los anteriores responsables de Anses

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El Gobierno denunció ante la Justicia a los anteriores responsables de Anses por el escándalo de los seguros, que salpica a la gestión de Alberto Fernández. Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

«El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos», enumeró.

Según pudo confirmar Clarín, la denuncia fue presentada contra Federico Alejandro D’Angelo Campos, quien fue director general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. También apunta contra todo funcionario público y persona humana o jurídica «que pudiera haber participado en cualquier carácter en maniobras delictivas». Durante la presidencia de Fernández, el organismo estuvo a cargo de Fernanda Raverta.

La causa quedó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

D’Angelo Campos es abogado y desde 2017 es concejal massista por el partido de Quilmes. Según consta en su perfil de LinkedIn, el funcionario ingresó en Anses en julio de 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En su perfil define los objetivos de su función como «desarrollar y supervisar la ejecución de los actos y actividades vinculados con la adquisición de bienes y servicios de la Organización y al apoyo logístico de la misma».

La denuncia -firmada por la ministra Sandra Pettovello, el nuevo titular de Anses, Mariano de los Heros; y el titular de Nación Seguros, Alfonso José Torres- plantea que Anses «contrató coberturas de seguros con Nación Seguros S.A., utilizando intermediarios injustificados, y abonando comisiones en perjuicio del erario público«.

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Federico Alejandro D'Angelo Campos, concejal de Quilmes y ex funcionario de la ANSeS denunciado por los negociados con los seguros.Federico Alejandro D’Angelo Campos, concejal de Quilmes y ex funcionario de la ANSeS denunciado por los negociados con los seguros.

Como prueba, el Gobierno presentó una nota atribuida a D’Angelo Campos .-de la que no quedó registro administrativo en Anses- en la que en mayo de 2023 ordenó designar a las firmas San Ignacio Productores de Seguros y TG Broker como organizadora y productora respectivamente de los contratos de seguros celebrados.

«Es decir, que alegando una supuesta ‘falta de costo’ para el estado, se designaron de forma arbitraria y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo, sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros», dice el texto de la denuncia y aclara que si bien el costo de ellos no fue para la Anses sino para la aseguradora, «en definitiva siempre (fue) para el Estado Nacional».

Por otra parte, sostiene que las maniobras denunciadas refieren a un monto total de 10 mil millones de pesos pagados como prima pura a Nación Seguros durante el período que va de marzo de 2022 a octubre de 2023 y que fue detectada por la nueva gestión de Anses.

Federico Alejandro D'Angelo Campos (en el centro de la foto), en una reunión con la intendenta Mayra Mendoza.Federico Alejandro D’Angelo Campos (en el centro de la foto), en una reunión con la intendenta Mayra Mendoza.

El escándalo de corrupción con seguros de la ANSES fue revelado el domingo pasado por Clarín. Bajo el título «Destapan otra caja negra de la política en la ANSES», allí se contaba que una maniobra con seguros estatales y empresas privadas, ideada por Alberto Fernández en el 2021, que llamó la atención de Osvaldo Giordano, el titular que puso Javier Milei en el organismo cuando asumió la Presidencia, por los precios excesivos que se pagaban.

Giordano sería echado luego de ese lugar, con una justificación política: su esposa, diputada por la provincia de Córdoba, votó en contra de la ley Ómnibus y Milei lo consideró una traición.

La clave en esta maniobra es un decreto de finales del 2021 del entonces presidente Fernández que obligó a todos los dependencias públicas a contratar a Nación Seguros para las pólizas de cada organismo.

Pero lo que en apariencia buscaba beneficiar a otra empresa vinculada al Estado como Nación Seguros con contrataciones forzadas, en realidad escondía una maniobra: el decreto autorizó a tercerizar el negocio, a través de brokers y empresas privadas.

Federico Alejandro D'Angelo Campos, concejal de Quilmes y ex funcionario de la ANSeS denunciado por los negociados con los seguros, junto a Malena Galmarini.Federico Alejandro D’Angelo Campos, concejal de Quilmes y ex funcionario de la ANSeS denunciado por los negociados con los seguros, junto a Malena Galmarini.

Allí es donde aparece Héctor Martínez Sosa, que acompaña a Alberto Fernández desde hace 30 años, cuando el ex presidente fue designado superintendente de seguros de la Nación. También, firmas privadas de mucho peso en el mercado asegurador, como Sancor, Life Orígenes, San Cristóbal y San Germano. Con comisiones en torno al 17%, el triple de lo que se suele cobrar/pagar.

En el contrato de la ANSES con Nación Seguros, firmado por un funcionario puesto por Sergio Massa en el organismo previsional y otros puesto por Fernández en Nación Seguros, se colocó a un broker, Pablo Torres García, que cobró una comisión de unos 2.000 millones de pesos por año. Esa función no pudo ser justificada.

El renunciado jefe de la ANSES que descubrió la maniobra, Osvaldo Giordano, reveló que ese contrato era mucho más caro para el organismo que el sistema de autoseguro que se venía aplicando. Además, de designar a un intermediario entre dos organismos del Estado, el 75% de los seguros que debía hacer Nación Seguros se derivaron a empresas privadas.

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El psicólogo de Bendita, Gabriel Cartañá, acorralado judicialmente por Nahir Galarza

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La situación del psicólogo venezolano Gabriel Cartañá se agravó tras su rebeldía y es por ello el juez, Eugenio Labeau, a cargo del Juzgado Civil Nro. 80 de CABA, impartió la orden de avanzar en la demanda en su contra y le hizo saber que, a pesar de sus evasivas, las providencias judiciales se le daran por efectivas en forma automática.

La joven entrerriana denunció al mediático psicólogo por falsificar su firma en una carta de supuesto consentimiento para difundir a los medios y por violar el debido secreto profesional.

El panelista del programa «Bendita TV», que conduce Beto Casella en Canal 9, fue demandado en 2020 por Nahir Galarza por la violación del secreto profesional y otros delitos y la debida notificación de la demanda fue recibida y firmada de puño y letra por la hermana del mediático, la señora Mónica Cartañá, con quien habita en su domicilio de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. 

Según manifestó la joven, cuyo caso se transformó en un fenómeno audiovisual sin precedentes, con dos libros, una película y una serie documental de dos capítulos, el psicólogo se ofreció en 2018 a efectuarle las pericias sobre su psique. El plan consistía en que el profesional de la salud mental realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la comisaría de la Minoridad y la Mujer de Gualeguaychú, y le practicaría una docena de test con la intención de que, de estar a la altura profesional y académica, fueran sumados al expediente.

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En su momento, según la defensa de Galarza a cargo del Dr. Horacio Dargainz, Cartañá, los engañó y solo realizó dos entrevistas de cuarenta minutos para luego enviar una pericia básica e incompleta en materia de los supuestos test y que fue rechazada de plano por su inconsistencia profesional y, por ende, jamás utilizada en el juicio oral. 

«Es un farsante. Menos mal que no me abrí con él, para mí solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV”, confesó Galarza en un pasaje del libro “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático” de su exvocero Jorge Zonzini en el que se basaran las producciones de ficción y cinematográficas de la Paramount y Amazon.

“La decisión fue demandarlo en forma penal y civil para que ninguna otra mujer adolescente deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos, radiales y shows de teatro para beneficio económico del imputado, sin ningún tipo de escrúpulos, ética profesional e incumpliendo con el debido secreto profesional”, expresó el doctor Horacio Dargainz.

Por su parte, Cartañá manifestó que la denuncia era “una maniobra de promoción” y no iba a prosperar. Asimismo, presentó una carta con la supuesta firma de Nahir Galarza autorizando a que el psicólogo pudiera divulgar en los medios y sus puestas teatrales la intimidad de todo lo conversado durante la fallida pericia, documento que la querella denunció por apócrifo.

Los abogados de Galarza admiten que la firma apócrifa de la joven ya se probó con el documento revisado por peritos calígrafos de parte y oficiales, por lo que le podría caber a Cartañá penas de prisión por el delito especificado en el artículo 172 del Código Penal, que dictamina que “si el instrumento falso o ideológicamente falso tiene como fin controvertir el objeto de la demanda, es una estafa procesal, que se comete al inducir mediante ardid o engaño a un juez para que emita una resolución en perjuicio de la otra parte”. Además, el mismo código expresa que tal crimen “será reprimido con prisión de un mes a seis años”

La demanda contra Gabriel Cartañá (M.N. 32.810), conocido por su rol de panelista junto a Beto Casella, Edith Hermida, Horacio Pagani y elenco, está caratulada “Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y perjuicios”, y tramitó desde 2022 en el juzgado Civil y Comercial Nro. 4 de Paraná, a cargo de la jueza Elena Beatriz Albornoz. En su largo peregrinar procesal y por las sucesivas evasivas del demandado, finalmente, la causa recayó en el juzgado Civil Nro. 80 a cargo del juez Eugenio Labeu, secretaría Nro. 110 a cargo del Ignacio Bravo D’André y con intervención de la fiscalía en lo Civil y Comercial Nro. 3 a cargo de la fiscal Raquel Mercante.

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Cabe destacar que Nahir Galarza, tras la negativa de la Corte Suprema de Justicia la Nación de estudiar su caso, amparandose en el artículo 280 que la faculta para decidir que casos reveer o no, abrió la instancia que mantiene esperanzada tanto a Nahir como a su defensa técnica de que sea ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que revoque el fallo e inste a la realización de un nuevo juicio con perspectiva de género sino que, además, investigue la hipótesis denunciada por Nahir tras cuatro años de terapia intracarcelaria que al poder expresarse denunció a su padre, Marcelo Galarza, como verdadero ejecutor del crimen de Fernando Pastorizzo ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos por el que fue condenada a la pena de prisión perpetua convirtiéndola en la mujer adolescente (19) más joven en recibir dicha condena. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Nahir Galarza, Jorge Zonzini, Beto Casella, Marcelo Galarza, Horacio Dargainz, Eugenio Labeau, Gabriel Cartañá, Mónica Cartañá, Raquel Mercante, Ignacio Bravo D’André, Elena Beatriz Albornoz, Horacio Pagani, Edith Hermida

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