Connect with us

POLITICA

Escándalo de los seguros: la Justicia extendió la investigación a toda la gestión de Alberto Fernández

Published

on


El escándalo por los supuestos negociados con los seguros que contrataban distintas oficinas estatales, pagando comisiones por encima del mercado, continúa creciendo. La causa, radicada en el juzgado de Julián Ercolini, inició con la denuncia de presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros.

Según la investigación judicial, esta norma favoreció –o promovió– una supuesta maniobra irregular con la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones. La justicia federal ya tiene detallados 45 contratos con el broker que intervino en cada caso, y en función de esto, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se amplió el período de investigación, que ahora abarca toda la presidencia de Alberto Fernández.

Los investigadores consideran que la decisión del ex Presidente “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Por esta razón, está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Además de Alberto Fernández, también se encuentran imputados en la causa los brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa (esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero), quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.

María Cantero, secretaria del Presidente y esposa de Héctor Martínez Sosa

En relación con Martínez Sosa, la justicia destacó en otra resolución que “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado”.

Advertisement

Aunque desde el entorno de Martínez Sosa señalaron que él “no tiene relación societaria ni propiedad vinculada a Bachelier (otra de las firmas beneficiadas)”, en función de la documentación que el juzgado tiene bajo análisis, Martínez Sosa aparece en contratos con el área de Turismo, Gendarmería Nacional, también el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. Todos estos realizados a través de Bachellier.

En el último mes, la justicia incorporó a la investigación elementos que la llevaron a “ampliar la hipótesis delictiva inicial, en tanto revelan que esos mismos comportamientos se habrían desarrollado de forma previa al dictado del Decreto 823/21”.

Hay documentos aportados por Nación Seguros según los cuales se designaron intermediarios o “brokers” desde diversos organismos y entes del Estado Nacional, antes del cuestionado decreto de Alberto Fernández.

Es decir, la justicia tiene bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto.

“Teniendo en cuenta que los nuevos elementos de prueba incorporados a la causa permiten sospechar sobre la comisión del mismo comportamiento delictivo inicialmente denunciado, pero durante un periodo mayor de tiempo, esta representación del Ministerio Público Fiscal considera que corresponde ampliar el objeto de investigación oportunamente delimitado, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023”, requirió la fiscalía hace unas semanas.

El detalle de los contratos

Según reveló Clarín, son 45 los contratos de seguros entregados a la justicia por diversos organismos y entes estatales. El detalle es el siguiente, con la fecha de la firma y el broker involucrado:

Armada Argentina, del 25 de octubre de 2022 (Diego Savio); Gendarmería Nacional, del 5 de octubre de 2020 (Bachellier SA); ANMAT, del 26 de octubre de 2022 (Madero Asesores de Seguros); Fundación ArgenINTA, de octubre 2021 (Proasesor SRL); Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del 16 de mayo de 2023 (Adrián Ramírez y Silvana Grande); Hospital Nacional Baldomero Sommer, del 1 de agosto de 2022 (Madero Asesores de Seguros).

Advertisement

El extenso listado, además, incluye al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del 15 de diciembre de 2021 (Castello-Mercuri); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, del 7 de septiembre de 2022 (Natalia Yanina Pérez); el Fondo Nacional de las Artes, del 23 de septiembre de 2020 (Héctor Martínez Sosa); e IMPSA, del 27 de septiembre de 2023 (Valiant).

También se firmaron bajo estas características contratos entre Nación Seguros y Corredores Viales, del 30 de diciembre de 2022 (Bri Brokers); la Casa de la Moneda, del 21 de marzo de 2023 (Héctor Martínez Sosa).

Se consigna igual a la ANSES, del 22 de mayo de 2023 (San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y TG Broker), que fue el caso puntual que destapó el escándalo.

Asimismo, los contratos incluyen a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (29 de marzo de 2022, Castello-Mercuri); a la Comisión Nacional de Energía Atómica (9 de enero de 2023, Net Broker); a la Dirección Nacional de Vialidad (24 de septiembre de 2022, Levelar); la Fábrica Argentina de Aviones -FADEA- (31 de mayo de 2022, Marsh); y la Sedronar (15 de noviembre de 2022, Net Broker).

Entre otros contratos, se consigna el que se firmó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, del 21 de enero de 2021 (Consultable); con la Secretaría de Agricultura, del 26 de abril de 2023 (París Broker); la Superintendencia de Servicios de Salud, del 2 de marzo de 2022 (Héctor Martínez Sosa).

Por otro lado, el juez Ercolini analiza la misma maniobra replicada en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del 20 de julio de 2023 (París Broker); la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado, del 29 de septiembre de 2020 (Javier Marcelo Rodríguez Gómez); el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 10 de mayo de 2022 (Fernando Carlos Salim).

El INCUCAI también contrató a Nación Seguros, el 5 de septiembre de 2022 (Laura Elena Crisafulli); igual que el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, de octubre de 2022 (Madero Asesores de Seguros); la Dirección General del Ministerio de Economía (20 de abril de 2022, Net Broker) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, el 17 de febrero de 2022 (Mariana Benítez).

Advertisement

Escándalo de los seguros: el juez Julián Ercolini ordenó 24 allanamientos a los imputados

Los 45 contratos entregados y estudiados, suma a Belgrano Cargas y Logística (8 de septiembre de 2022, Promecor Productora de Seguros Generales); INVAP (11 de agosto de 2020, Castello-Mercuri); la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (1 de junio de 2022, María Florencia Laura Hoyos); la Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad (22 de septiembre de 2020, Bachellier).

El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó su contrato el 3 de noviembre de 2020 (Emanuel Calvo), y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa el 12 de enero de 2022 (Gerardo Rotondo y Tomás Barbeito).

Entre Sociedades Anónimas y Sociedades del Estado, el detalle expresa: Veng SA (5 de febrero de 2023, Fernando Martin); y Radio y Televisión Argentina (25 de febrero de 2022 ,Gerardo Rotondo, Tomás Barbeito y Emiliano Marchesi). Fuera de esa estructura societaria, se encuentra también Termoeléctrica José de San Martín (4 de noviembre de 2022, AON Risk Services Argentina).

El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación es parte del listado: firmó el 23 de septiembre de 2020 (Norberto Matías Garrido); también la Administración General de Puertos (31 de mayo de 2021, Promecor Productora de Seguros Generales); y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (17 de enero de 2023, Mariana Benítez).

La justicia tiene en sus manos el contrato de Pampa Energía del 26 de octubre de 2022 (Lockton Sociedad de Productores Asesores de Seguros); el de ARSAT (24 de mayo de 2023, Aspen Broker); la Colonia Nacional Manuel Montes de Oca (3 de diciembre de 2021, Madero Asesores de Seguros); y Dioxitec (11 de marzo de 2022, Castello Mercuri).

Finalmente, Nación Seguros firmó contrato con el Tribunal de Tasaciones de la Nación (19 de junio de 2023, Net Broker); y con el Servicio Geológico Minero Argentino (12 de abril de 2022, Leonardo Dupuy).


Advertisement

POLITICA

Hotesur, la firma que alimentó el patrimonio de los Kirchner y quedó en la mira de la justicia por lavado de dinero

Published

on


En el caso Vialidad se estableció que Cristina Kirchner y Lázaro Báez mantuvieron “lazos promiscuos”, con un fin concreto: favorecer al contratista con la obra pública vial. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de los contratos y estructuras de pago realizadas a medida, permitieron que el dueño del Grupo Austral obtenga el 86% de las licitaciones realizadas en Santa Cruz. En simultáneo, existieron más de veinte acuerdos comerciales entre Cristina y Báez, a través de los cuales el dueño del grupo Austral «devolvía» parte de los millonarios fondos irregularidades de la obra pública. La vía más usada para ese circuito era la de negocios con las empresas de los Kirchner, Hotesur y Los Sauces. Esa relación permitió el incremento patrimonial de la exvice.

La sentencia condenatoria que encontró responsable a la ex vicepresidenta del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, y que confirmó la Cámara Federal de Casación, sostuvo en los fundamentos que ella mantuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones.

Los beneficios que recibió Cristina Kirchner por parte de la compañía posibilitaron “el incrementó de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces y a la empresa Hotesur.

Esas firmas familiares que fueron investigadas en dos expedientes -luego unificados- que por decisión de la Corte Suprema se discutirán en un juicio oral y público, tienen relación con la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” entre Cristina y Báez tuvo como único origen las irregularidades en las obras viales.

Otros tiempos: Máximo Kirchner y Lázaro Báez, junto a Cristina Kirchner, saliendo del Mausoleo

Así se estableció el vínculo entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos que obtenía Báez terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.

En función de ese argumento se trazó un eje principal: Cristina y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur-Los Sauces.

Advertisement
Hotel Alto Calafate, el inmueble de Hotesur. Foto: Francisco Muñoz/OPI Santa Cruz.Hotel Alto Calafate, el inmueble de Hotesur. Foto: Francisco Muñoz/OPI Santa Cruz.

“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.

Un mismo camino: Vialidad – Hotesur

El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta».

Los negocios con Los Sauces SA

La compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios, son parte de los acuerdos celebrados entre los Kirchner y Báez, y en el caso Vialidad se tuvo en cuenta “especialmente aquellos de más extensa duración”, como otro puente entre ese caso y Los Sauces.

Advertisement

Por ejemplo, hubo operaciones realizadas con otras constructoras del grupo Austral, como terreno cedido por Cristina a su inmobiliaria familiar Los Sauces (a título de aporte irrevocable), en el que firma Loscalzo y Del Curto construyó un edificio de cuatro departamentos que, posteriormente (el 30 de diciembre de 2008), se entregó en locación a Kank y Costilla SA. Todas esas eran empresas de Lázaro Báez.

“Recordemos que en virtud de ese concepto la sociedad familiar le facturó a Kank y Costilla 1.652.422,46 pesos sin IVA por el período que va desde enero de 2009 hasta octubre de 2015. Una relación de larga data y por demás fructífera para la sociedad conyugal de los ex Presidentes”, se explicó.

Además, se firmó un fideicomiso para la construcción de unos departamentos que se inscribieron a nombre de Los Sauces para después ser alquilado por dos empresas de Báez.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos.Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos.

Otro complejo de departamentos de la inmobiliaria, construidos por Austral Construcciones, fueron alquilados a la firma.

Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.

Los hoteles también

Hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner, fue administrado por Lázaro Báez. Foto:Francisco MuñozHotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner, fue administrado por Lázaro Báez. Foto:Francisco Muñoz

Entre 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.

Por ejemplo, en diciembre de 2007 Austral le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.

Advertisement

Pero la vicepresidenta señaló que es «falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones recíprocas».

El dinero y la maniobra sospechada

Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. Abonó más 6.829.240 pesos hasta 2013, después pagó 2.937.672 pesos.

A esos acuerdos, que para la defensa sólo fueron negocios del ámbito privado, se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas «emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner», sostuvo la fiscalía. Hubo créditos internos de la constructora por 71 millones de pesos, y Kank y Costilla -otra firma del Grupo Báez- también aportó 1.8 millón de pesos.

Advertisement
Continue Reading

LO MAS LEIDO

Tendencias

Copyright © 2024 - NDM Noticias del Momento - #Noticias #Chimentos #Politica #Fútbol #Economia #Sociedad