“Me voy muy conforme, está garantizada la soberanía”, con esas palabras el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sintetizó la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que se lograron importantes modificaciones al nuevo régimen pesquero que el Gobierno quería introducir a través de la Ley Ómnibus.

Incluía, a grandes rasgos, la apertura de la pesca en el Mar Argentino a flotas extranjeras, eliminaba la obligatoriedad de desembarcar en puertos argentinos y también modificaba las posibilidades de acceder al cupo de pesca.

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Este mediodía, el ministro del Interior recibió a Torres y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en representación de los gobernadores que se quejaban por la profunda desregulación que estos cambios significarían para la industria pesquera. A comienzo de esta semana, Torres, Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Mellela (Tierra del Fuego) publicaron el comunicado “En defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera” en donde pedían dar marcha atrás con 3 puntos de las modificaciones en la Ley Ómnibus.

El Gobierno se comprometió a modificar estos tres aspectos, pero además a formar una mesa sectorial y a reforzar las partidas para mejorar el control sobre la pesca ilegal en conjunto con los ministerios de Defensa y Seguridad

“Vamos a clarificar algunos puntos de la Ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas”, dijo Francos después de la reunión.

Los puntos que el Gobierno tuvo que rever en la reforma pesquera

• Modificación del artículo 26 de la ley 24.992 que daban permisos pesqueros a buques con mano de obra argentina en un 75%, construidos en el país y con menor antigüedad. Con este cambio se le abría la puerta a buques extranjeros, con tripulación extranjera y que no hayan invertido en la Argentina, generando una competencia desleal con la industria local. Virtualmente, implicaba la apertura de la pesca a extranjeros dentro de la milla 200 del Mar Argentino. Además de la pérdida de puestos de trabajo local.
• Derogación del artículo 25 de la ley 24.922 que obligaba a desembarcar los productos pesqueros en puertos argentinos. Eso dejaba abierta la posibilidad a que quienes pescaran en nuestras aguas pudieran descargar en otros países o incluso hacer trasbordos en altamar, impidiendo la trazabilidad de la actividad. Nadie podría verificar qué se pescaba y en qué cantidad.
• La sustitución del artículo 7 en el cual se determinaba que los permisos de pesca sean autorizados por el Consejo Federal Pesquero. En este consejo tienen representatividad las provincias pesqueras. Al pasar esta facultad al Ejecutivo, se le quitaba peso a las provincias sobre lo que pase en su espacio marino. Al respecto, los gobernadores escribieron: “De tal manera, las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca”

“Las modificaciones que envió el poder Ejecutivo no tienen ni pies ni cabeza, son medidas que no existen ni se aplican en ningún lugar del planeta que se liciten permisos de pesca sin restricciones. Se nota que hubo mucha improvisación y amateurismo de las personas que redactaron esto”, dijo a TN Milko Schvartzman, conservacionista y experto en pesca ilegal. “Creo que las propuestas no tienen arreglo, deberían quitarse directamente. Es una buena noticia que se reviertan. Se debería trabajar de manera participativa y abierta para poder debatir las modificaciones que requiere la pesca en la Argentina para hacerla más productiva, más sustentable y más transparente”, agregó.

A lo que Schvartzman hace referencia es a otro punto que también se trató en la reunión del mediodía: la falta de control de la milla 200, la frontera marítima exclusiva argentina a la que se cuelan y pescan ilegalmente bancos extranjeros, en su mayoría chinos. Esto se debe, en parte, a los pocos recursos que tiene Prefectura para monitorear cerca de 500 buques que se instalan cada año en el sur del país.

Son barcos poteros que se dedican a capturar calamar illex, una especie que, durante el verano del hemisferio sur, abunda en el mar patagónico. Los costados de los barcos están chorreados de una sustancia marrón, viscosa. Es la tinta de millones de calamares que son depredados en ese ecosistema cada día. En una buena noche de pesca, las capturas pueden ser de hasta 50 toneladas.

Según datos de la ONG Oceana, el 70% del tiempo de pesca en la zona pertenece a buques chinos. El resto se divide entre Corea del Sur, Taiwán y buques de pesca arrastrera de España o Portugal. Argentina apenas cubre entre el 1 y el 3% de las horas de pesca.