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POLITICA

Expropiación de YPF: la Justicia estadounidense rechazó el pedido de prórroga de Argentina

Según la decisión de la jueza Loretta Preska, el país deberá abonar U$D16.000 millones el 10 de enero o enfrentar embargos.

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La Justicia de Estados Unidos rechazó la solicitud de Argentina de prorrogar el plazo para presentar garantías en el caso YPF, por lo que el país deberá pagar la suma de U$D 16.000 millones el próximo 10 de enero.

De acuerdo con la decisión de la jueza Loretta Preska, en caso de no cumplir con la fecha establecida, el 11 de enero podría desencadenar el pedido de embargos por parte de la empresa de servicios financieros y profesionales Burford Capital.

La postergación del millonario pago fue solicitada en una apelación contra la sentencia del 15 de septiembre, argumentando que el mismo generaría graves dificultades para los argentinos. Entonces, la solicitud de prórroga por 90 días fue rechazada por la magistrada, quien determinó que no se otorgará una extensión de 30 días para presentar avales.

El juicio multimillonario se relaciona con la nacionalización de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, donde el Estado argentino fue condenado a pagar U$D 16.000 millones por haberse quedado “indebidamente” con la mayoría accionaria de la petrolera. 

La empresa de servicios financieros y profesionales Burford Capital adquirió el derecho en 2015 de reclamar por el pago de la Argentina. Por lo tanto, si no se cumple la entrega millonaria podría pedir los embargos contra el Estado. “Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió Preska, según destacó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista el juicio.

“No sé si Argentina está en condiciones de presentar activos como aval sin pedirle permiso al Congreso. Y si lo hace parece poco probable que autoricen a este gobierno en medio de este contexto. Tal vez presente un activo para evitar embargos con un DNU que tiene que ser aprobado en 10 días, pero es una hipótesis”, dijo Maril.

El especialista, además, consideró que “está claro que lo que pasa ahora no es responsabilidad del presidente Javier Milei”. “Todos los candidatos sabían que este tema existe y es grave. Se asesoraron correctamente con economistas, legisladores y especialistas tributarios y laborales, pero no se asesoraron con la demanda externa más importante que tiene el país”, indicó.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, afirmó este viernes que “la Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre, y siempre va a respetar la decisión de la justicia en todo orden y bajo toda circunstancia, por eso estamos analizando los caminos”.

Y señaló: “Estamos analizando las alternativas y por supuesto entendemos que es parte de un gran desborde que estamos tratando – con prioridad en lo urgente- de solucionar y que los argentinos estemos lo menos afectados posible, ante un desmanejo que hubo en varios aspectos de la vida económica argentina”.

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POLITICA

Del carnet mochilero a las palomas mensajeras: las regulaciones que Sturzenegger elimina con la Ley Hojarasca

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío de la Ley Hojarasca -que elimina cien regulaciones- al Congreso. El Ejecutivo define la agenda legislativa y organiza reuniones con los jefes de bloques aliados.

Vamos a intentar de que Hojarasca se mande a Diputados lo antes posible, nuestro ideal sería esta semana, pero depende de los equipos técnicos”, expresó a TN un funcionario cercano al presidente.

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El proyecto de Sturzenegger propone derogar una serie de normas impulsadas durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, junto con el de Isabel Perón. Se trata de regulaciones como la ley 20.802, que fue sancionada en 1974 y establece el marco para el carnet de mochilero.

Determina su uso obligatorio para “todos aquellos que, con fines turísticos, soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”. Se les brinda preferencia para acampar y establece el área de Turismo como autoridad de aplicación.

Javier Milei junto Federico Sturzenegger en su jura como ministro de Desregulación y Transformación del Estado (Foto: prensa Gobierno).

Otra de las leyes que busca eliminar es la 12.913, que regula la actividad de las palomas mensajeras e impulsa la fiscalización y supervisión de los criaderos a través del Ministerio de Defensa. Se las declara de utilidad pública.

Establece además un reglamento sobre las señales de identificación y determina la inscripción de las aves en un registro, de forma que el Ejecutivo pueda hacerles un seguimiento jurídico en caso de que se vendan. Fija una multa de $200 por incumplimientos.

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Javier Milei le pidió a Sturzenegger que lleve a cabo la reforma del Estado, que implica el uso de las facultades administrativas para modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada.

Es por eso que el ministro trabaja en un decreto para eliminar 60 organismos públicos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

El Gobierno prepara reuniones con los bloques aliados para definir la agenda legislativa (Foto: prensa Congreso).
El Gobierno prepara reuniones con los bloques aliados para definir la agenda legislativa (Foto: prensa Congreso).

Quedó a cargo además de la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que preside María Reggi. Se trata del áera que impulsa la reducción de los empleados estatales. El Gobierno ya desplazó a más de 23.000 trabajadores bajo la categoría de contratados.

Anunció además el impulso de un examen de ingreso anónimo para los futuros empleados de la función pública. “Permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”, expresó en X.

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Avanzó sobre la reforma aerocomercial con decretos reglamentarios del DNU 70/2023, que establece la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, cambios en el registro de aeronaves y la digitalización de trámites.

Prepara también un proyecto para impulsar un marco normativo que permita el pago de propinas a través de medios electrónicos. Propone la posibilidad de sumar el adicional al ticket de compra.

Federico Sturzenegger, Congreso.

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