Una serie de informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de realizar auditorías, consolidan sospechas sobre uno de los servicios tercerizados más opacos del Estado, el de la limpieza. Dos documentos oficiales, a los que tuvo acceso LA NACION, destacan irregularidades, potenciales sobreprecios, valores absurdos, concentración en la contratación de prestadores y falta de control en el trabajo en un rubro que se llevó $88.110.364.284,94 en 2023.

Un primer documento recopiló información sobre 144 organizaciones, incluidas empresas públicas, ministerios y organismos descentralizados, un total de 2985 contratos que vincularon a 355 empresas con el gobierno para la limpieza de 15.101 edificios. El segundo ratifica las conjeturas del primero, elaborado entre mediados y fines del año pasado, aunque todavía no hay una definición sobre qué hará el oficialismo con esta información.

Los precios se analizaron en función del valor aproximado de la hora del servicio de limpieza, que se obtuvo del monto total del contrato sobre el producto de la cantidad de horas semanales trabajadas por la totalidad del personal asignado al servicio y la cantidad de semanas totales del contrato. Fue excluida de parte del análisis la Anses, el organismo con mayor cantidad de edificios a cargo y el quinto con mayor presupuesto en limpieza. El motivo es que en los contratos informados por la unidad de auditoría interna de la administración no se pudo especificar la cantidad de “personal asignado al servicio”, dato necesario para determinar si el contrato es considerado razonablemente válido. “Sin perjuicio de ello, y a la luz del resultado del cálculo para el ´valor horas aproximado´, se exponen sus contratos con valores hora más onerosos, entendiendo que se trata de cifras, a priori, susceptibles de una nueva revisión por parte de la UAI”, especifica el informe de Sigen.

De los 10 convenios con mayor valor hora, nueve son justamente de Anses con la empresa Martín Cía. Los montos van desde $103.155,43 y $129.682,75, cuando la mayor parte de los contratos establecen valores inferiores a los $10.000. El restante en el top 10 pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con Logísticas Integrales SA, con un valor hora de $75.185,75.

La Sigen detectó una alta concentración en un grupo reducido de empresas, que además comparten autoridades en sus directorios. De las 355, 10 concentran el 61,78% del monto total pagado durante el último año del gobierno de Alberto Fernández. La que más dinero público recibió fue La Mantovana, por $19.091.080.664,26, cerca de un cuarto de todo el presupuesto ejecutado. El top tres se completa con Serza, por $9.947.895.632,933 y Linser, por $5.415.667.800,53. Sin embargo, ninguna de ellas es la que más contratos firmó ni más edificios tiene a cargo. El primer caso es el de Domin SRL, con 140 convenios y el segundo, el de Martín y Cía, con 2455 establecimientos.

La Mantovana ha tenido múltiples denuncias de empleados por falta de pago de sus obligaciones previsionales. En la información solicitada por Sigen, se consultó a las áreas: “¿Se controla que el personal del cocontratante esté en relación de dependencia con aportes jubilatorios y retenciones al día?“. Un 34% respondió que no. En caso de control de aseguradora de riesgos del trabajo, un 24% admitió no estar al tanto de si los empleados la tienen vigente.

Lo que queda evidenciado es que hay áreas con montos muy superiores a otras, en casos no justificado por la cantidad de servicios que precisan para sus oficinas. Los organismos con más edificios a cargo son: Anses (3351), el Correo Argentino (2187), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (1662), el Banco Nación (1638), la ex-AFIP (1338) y el PAMI (849). Las entidades coinciden en el listado de aquellas que más contratos tienen suscritos, pero no en el de mayores montos pagados. En el primer lugar se ubica Aerolíneas Argentinas que, llamativamente, tiene afectados 62 edificios. También en cuarto lugar está AySA, que tiene 104 a cargo.

El 20% de los organismos aseguraron no controlar la asistencia del personal ni tampoco el cumplimiento del horario. De los 2376 casos en los que sí se verifica, tan solo 52 lo hacen con un registro biométrico. La mayoría utiliza planillas o control visual, entre otros mecanismos.

El informe sobre modalidades de contratación revela que solo el 27% de los contratos se adjudicaron mediante licitación pública, mientras que un 40% se realizó a través de contratación directa y legítimo abono, métodos menos competitivos y potencialmente más opacos. Además, se registraron 668 contratos por concurso privado y 84 por compulsa de precios, con una mínima adopción de subastas públicas (solo 3 casos). “Finalmente, del análisis efectuado, surge la necesidad de contar con documentos licitatorios modelos en donde se establezcan criterios de control uniformes a adoptar por parte de las jurisdicciones y organismos contratantes, como así también requisitos a cumplir por los oferentes que fomenten la concurrencia de los interesados”, concluyó la Sigen.

El análisis de las metodologías de ajuste de precios refleja que solo el 28,8% de los contratos cuentan con criterios definidos, lo que equivale a 861 contratos. Entre las metodologías utilizadas, destacan el ajuste por acuerdo paritario gremial (111 casos), paritaria sectorial combinada con índices inflacionarios (103 casos), y ajustes basados en el IPC (64 casos). Sin embargo, más de la mitad de los contratos (447 casos) se ajustaron bajo la categoría de “otras metodologías”, lo que dificulta la estandarización y transparencia de estos procesos. Esta diversidad de enfoques resalta la necesidad de establecer pautas uniformes para garantizar la equidad y eficiencia en los ajustes de precios.