POLITICA
Fotomultas: Allanaron la UTN La Plata en el marco del escándalo de CECAITRA

Este martes por la mañana, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional La Plata, cuyo decano es el ingeniero Luis Agustín Ricci, fue escenario de un nuevo y extenso allanamiento en el marco de la causa federal que investiga un presunto fraude por irregularidades en las contrataciones entre la casa de estudios, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y distintas comunas bonaerenses, en donde se investiga el desvío de los fondos entre la cámara y la universidad, en perjuicio de la provincia y los municipios.
Fuentes judiciales explicaron que los formularios de distribución de ingresos que desde la UTN hacían firmar a las comunas, en lugar de estar vinculados a la casa de estudios, se correspondían al CBU de la cuestionada organización.
D’Onofrio, otra vez en escena
La investigación Ernesto Kreplak apunta también a exfuncionarios del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Jorge D’Onofrio, quien vuelve a quedar en el centro de la escena por presuntas maniobras irregulares en la administración pública.
Hace algunos días este medio se hizo eco del expediente PP-06-00-056058-23/00, que expone a CECAITRA por haber facturado multas con 155 cinemómetros no habilitados, desde enero de 2022, generando una recaudación fraudulenta en perjuicio del estado y los conductores.
Además, empresarios del sector -como Matías Germán Trejo, titular de Safety Vial- denunciaron que CECAITRA operaba con privilegios: mientras las firmas competidoras esperaban meses para obtener el visto bueno del INTI, los radares de CECAITRA comenzaban a multar desde el primer día.
Un entramado que salpica a todos
Los allanamientos ya alcanzaron la sede de CECAITRA en Boulogne, y el domicilio de su presidente, Bernardino García, pero ahora el foco se traslada a la UTN platense. La Justicia busca determinar si desde la universidad se brindó algún tipo de aval técnico, informe o cobertura institucional que haya sido utilizado para eludir los controles oficiales.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
Santiago Sautel, INTI, Ernesto Kreplak, Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, UTN La Plata, Martín Marinucci, UTN, Matías Germán Trejo, Safety Vial, Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, Bernardino García, Luis Agustín Ricci
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POLITICA
El Gobierno oficializó un aumento para los empleados de la Administración Pública Nacional

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el miércoles a la madrugada, el Gobierno oficializó un aumento para los trabajadores permanentes y no permanentes de la Administración Pública Nacional, o sea el personal estatal. Se trata de una suba total de 3,9%, que será repartida -en partes iguales de 1,3%- entre los meses de marzo, abril y mayo, que quedaría al filo del último dato inflacionario del mes pasado, que fue del 3,7%.
La medida se encuentra en el Decreto 293/2025 y lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Allí se dispone en su artículo 1°, que se homologue el Acta Acuerdo firmada el 11 de abril de 2025 y sus Anexos I a XLI de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, en donde se establecen los incrementos salariales de las retribuciones de todo el personal estatal.
Según se desprende del anexo que acompaña la medida, en la cláusula primera del mencionado acuerdo, se otorga un incremento salarial de 1,3% a partir del 1° de marzo de 2025 en las retribuciones del personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por Decreto N°214/06, sobre las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobadas vigentes al 31/08/24. Y lo mismo ocurrirá a partir del 1° de abril y el 1° de mayo.
Asimismo, en el decreto se establece que la retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, no deberá superar el monto de $685.863 a partir del 1° de marzo, de $694.779 y de $703.811 a partir del 1° de mayo.
Cabe señalar que además se otorgará una suma fija remunerativa no bonificable y extraordinaria de $45.000 a cobrar con el sueldo de mayo, según se dispuso en la clausula cuarta del acta incorporada en el anexo.
El aumento otorgado por el Gobierno en su rol de empleador fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario que encabeza Andrés Rodríguez, mientras que fue rechazado por ATE, que lidera Rodolfo Aguiar y quien llamó a estar “en asamblea permanente”.
La paritaria de la Administración Pública Nacional abarca el periodo desde junio 2024 a mayo 2025. En ese plazo, el aumento alcanzó un 20,8%, por debajo de lo que fueron los registros inflacionarios.
A contramano de las afirmaciones del presidente Javier Milei, que insistió en que los salarios le están ganando a la inflación, un informe de la CTA Autónoma (CTA-A) basado en datos oficiales refleja que las paritarias perdieron hasta casi un 7% con respecto a la suba de los precios durante el primer trimestre del año. Es decir, una caída del salario real.
El relevamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que fue de 3,7%, alteró los planes del Gobierno de limitar los aumentos salariales entre el 1% y el 1,5% por mes. La inflación de febrero, que fue levemente superior a la de enero (2,4% contra 2,2%) ya había anticipado las dificultades de la estrategia oficial, articulada desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y ejecutada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que apiló en su despacho convenios sin homologar a la espera de un aval desde Hacienda.
POLITICA
Las curiosidades del debate en la Ciudad: la no pregunta de Adorni, el candidato que llegó con su perro y la chicana de Caruso Lombardi sobre Gago

El candidato que metió perro en el debate
«Cipayez» y «día del ñoqui»: las chicanas al oficialismo
Caruso Lombardi comparó la política con el fútbol: «Preguntale a Gago…»
El micrófono rebelde de Lospennato
Yamil Santoro y las sospechas de plagio: «Fue una estrategia de marketing»
«Hijo de nazi»: la acusación de Yamil Santoro
La no pregunta de Adorni
Horacio Rodríguez Larreta capitalizó los memes en el cierre del debate
POLITICA
El Gobierno convirtió la Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal

En una medida que avanza sobre el rediseño estructural del aparato estatal, el Gobierno ratificó la conversión legal de la tradicional Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.). La empresa encargada de la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal había sido intervenida a finales de octubre de 2024.
Concretamente, el Decreto 295/2025, publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, consolida un proceso iniciado en diciembre pasado con la Asamblea General Extraordinaria que aprobó la transformación “ad referendum” del Poder Ejecutivo y define el nuevo estatuto jurídico de una de las instituciones más emblemáticas del Estado argentino.
El documento lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y se enmarca en el esquema de reforma del sector público delineado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas hasta fin de año. En ese contexto, el artículo 51 de la norma habilitó una transición de 180 días para convertir las empresas estatales en sociedades regidas por la Ley General de Sociedades.
Aunque jurídicamente la mutación es significativa, el proceso no implica por ahora una pérdida de control estatal: el Estado nacional continúa siendo el único accionista, tal como quedó estipulado en el nuevo estatuto aprobado oficialmente.
Según se desprende del propio decreto, la conversión tiene como finalidad “optimizar la eficacia y la eficiencia” de la gestión, mediante un cambio en la estructura jurídica que permita mayor flexibilidad operativa. El estatuto ratificado por el Gobierno fija una duración de 99 años para la sociedad, contados desde su fundación en 1977, y mantiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El texto también menciona que el objeto social de la nueva empresa fue ampliado y sistematizado para reflejar de manera precisa las actividades actuales de la institución, que ya no se limitan exclusivamente a la impresión de billetes. Las cinco unidades de negocio activas son: la fabricación de dinero circulante, la producción de instrumentos fiscales de control y trazabilidad, la confección de pasaportes, la elaboración de chapas patente y los servicios de destrucción y atesoramiento de billetes para el Banco Central.
El nuevo estatuto de la Casa de Moneda S.A.U. detalla un amplio espectro de actividades que podrá desarrollar tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, se incluye la impresión de documentos especiales, la producción de software y soluciones tecnológicas vinculadas a trazabilidad, inteligencia artificial y plataformas transaccionales, así como la administración de servicios de pagos digitales y bienes electrónicos.
En términos de gobernanza, la sociedad estará dirigida por un directorio compuesto por tres miembros titulares, con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente, y fiscalizada por una comisión integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes. La normativa también contempla la posibilidad de realizar reuniones no presenciales mediante sistemas de transmisión simultánea de audio y video.
El capital social fue fijado en 123.519.854 pesos, dividido en igual número de acciones nominativas no endosables, de un voto cada una. Todas estas acciones fueron suscriptas íntegramente por el Estado nacional.
En el mismo acto administrativo, el Poder Ejecutivo prorrogó por 120 días corridos la intervención de la Casa de Moneda S.A.U. dispuesta inicialmente por el Decreto N° 964/2024, y ratificó la continuidad del interventor Pedro Daniel Cavagnaro. Esta decisión responde a que el proceso de transformación aún no concluyó en su totalidad, particularmente en aspectos de adecuación organizativa y operativa, según detalla el informe elaborado por el propio interventor.
De este modo, el Gobierno refuerza su hoja de ruta en materia de reestructuración estatal, dotando a la Casa de Moneda de un nuevo formato jurídico sin alterar por el momento su condición patrimonial. A partir de ahora, la institución queda bajo un régimen societario que podría facilitar futuras decisiones estratégicas en materia de modernización tecnológica, alianzas público-privadas o apertura parcial al capital privado.
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