POLITICA
“Gatillo fácil” en Barracas. Enjuician al policía acusado de proveer el arma de juguete que le “plantaron” a Lucas González
Continuará esta semana el juicio contra Facundo Torres, el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de haber provisto a sus colegas el arma de utilería que “plantaron” en el baúl del VW Suran después de haber baleado a Lucas González, el adolescente asesinado en noviembre de 2021 cuando salía de entrenar en las divisiones juveniles de fútbol de Barracas Central. Por el conmocionante caso de “gatillo fácil” ya fueron condenados a prisión perpetua tres efectivos porteños y otros seis recibieron penas de entre cuatro y ocho años de cárcel. En ese primer juicio, los jueces calificaron el crimen como “una cacería por odio racial”.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 comenzó el debate el viernes pasado. La acusación está en manos del fiscal Sandro Abraldes. El oficial, que prestaba servicio en la Comisaría Vecinal 4D, está acusado de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas.
En la primera audiencia Torres se negó a declarar ante los jueces Juan Ramos Padilla, Guillermo Friele y Sergio Paduczak. Esta semana declarará como testigo el policía condenado que durante el primer juicio declaró que se había “plantado” un arma en la escena.
En ese juicio quedó acreditado que la mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva –quienes integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente– interceptaron a Lucas González y a sus tres amigos: Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez, cuando circulaban en un auto por el barrio de Barracas.
Los efectivos bajaron del Nissan y les apuntaron, ante lo cual las víctimas intentaron esquivar la situación en la creencia de que eran víctimas de un asalto. Los tres policías de la brigada dispararon contra el Suran: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente. Le habían disparado dos tiros de frente y hasta le quemaron la mano con un cigarrillo cuando agonizaba en el piso.
En el primer debate, uno de los integrantes de la Comisaría Vecinal 4D, Héctor Cuevas, aseguró haber visto cómo sus colegas “había plantado” el arma de juguete dentro del auto en el que iban las víctimas, como para justificar el tiroteo.
“El encausado [Torres], inmediatamente después del supuesto ‘enfrentamiento armado’, se dirigió junto a Issasi hasta la dependencia policial donde prestaba funciones para tomar un arma de utilería que le entregó a su acompañante para que la coloque dentro del rodado Volkswagen, ubicado en la intersección de las calles Perdriel y Alvarado de esta Capital”, explicaron en el requerimiento los representantes del MPF.
“Los detalles del ilegítimo accionar desplegado ese 17 de noviembre de 2021, no solo se condicen con el tenor de la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente del hecho con un individuo al que le refirió ‘lo que hicieron los polis no tiene nombre’, ‘unos dementes’, ‘encima le ponen una pistola de juguete’, ‘yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron’”, sino que a ello debían sumarse los informes vinculados a la geolocalización de Torres y la moto Kawasaki Versys que tenía asignada, que fueran remitidos por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.
Esa prueba, junto a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y las conversaciones que mantuvieron los oficiales implicados en el homicidio y su posterior encubrimiento, fueron analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y permitieron desestimar la versión brindada por Torres en su declaración indagatoria.
“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, destacó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
POLITICA
Marcha de jubilados: el vínculo con el kirchnerismo detrás de las hinchadas que se suman a la movilización
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, emitió un comunicado en el que advirtió que aplicará fuertes sanciones a los hinchas de fútbol que participen en la marcha de jubilados y provoquen incidentes. La movilización, convocada por agrupaciones ligadas al fútbol con vínculos con La Cámpora y sectores de izquierda, preocupa al Gobierno, que la considera un intento de desestabilización. “Si tocan la calle o intentan golpear a la Policía, por supuesto que los podemos detener”, aseguró Bullrich.
Para prevenir posibles disturbios, el operativo de seguridad contará con 1.000 agentes de las Fuerzas Federales, similar a los desplegados en los clásicos del fútbol argentino. Además de ser detenidos, quienes cometan actos violentos recibirán una restricción de concurrencia a eventos deportivos en todo el país. “Cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad será identificada y detenida”, indicó el comunicado del Ministerio de Seguridad.
Más de 15 hinchadas, entre ellas las de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo, anunciaron su participación a través de redes sociales con el lema de “defender a los jubilados” ante una supuesta “represión policial”. En movilizaciones previas, barras de Chacarita generaron enfrentamientos con la Policía, lo que derivó en heridos y detenidos. En este contexto, cobra relevancia el rol de Néstor Di Pierro, presidente del club y hombre cercano a Cristina Kirchner, quien fue director de YPF, concejal y diputado por Comodoro Rivadavia. Su presencia refuerza la sospecha del Gobierno de que la marcha tiene una intencionalidad política.
Entre los organizadores figuran la Coordinadora de los DDHH del Fútbol Argentino, dirigida por el camporista Mariano Vignozzi; la Coordinadora de Hinchas, encabezada por el izquierdista Sergio Smietniansky; y la Coordinadora sin Fronteras del Fútbol Femenino. Aunque aseguran que la convocatoria es genuina y sin fines políticos, el Gobierno sostiene que habrá barras infiltrados con intenciones de generar disturbios.
Bullrich reafirmó la postura del Gobierno y anticipó que se reunirá con los presidentes de los clubes para pedirles colaboración en la identificación de los barras. “No vamos a aceptar esta provocación de ninguna manera”, advirtió la ministra, quien además señaló que se reforzarán los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para evitar desmanes. “Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar algo más si comienzan a ir”, sentenció.
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POLITICA
Diputados: la oposición presiona a Milei por el escándalo cripto y el Gobierno busca bajar la sesión
Con los números justos
POLITICA
Debilitada, la oposición intenta bloquear el DNU que le allana el camino a Milei para negociar con el FMI
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno busca cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) descolocó a la oposición en el Congreso. Primero impugnaron la herramienta utilizada, pero evitaron disparar un rechazo frontal.
La jugada de Javier Milei les complica el bloqueo. El Presidente no esquivó al Congreso, pero tampoco le dio la última palabra. Si una sola Cámara convalida el decreto, el camino hacia el acuerdo con el FMI queda despejado. Para frenarlo, la oposición necesita un rechazo doble: en Diputados y en el Senado. Mientras tanto, el DNU sigue vigente.
Confiado, el Gobierno aceleró los tiempos y remitió el decreto al Congreso. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, tiene diez días para dictaminar. Cumplido ese plazo, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto.
La oposición no tiene una estrategia clara. El kirchnerismo fue el primero en rechazar el DNU 179/25. En un comunicado, Unión por la Patria advirtió que el decreto no precisa el monto, el destino de los fondos ni la tasa de interés y lo calificó como “un cheque en blanco que deriva en un futuro ‘paga Dios’”.
📄 • #COMUNICADO del bloque de diputados/as Nacionales de Unión por la Patria.
— Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2025
“Queremos recalcar que contraer esta nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna a la misma ilegal e ilegítima”, manifestaron los diputados liderados por el santafecino Germán Martínez. Terminaron el mensaje con una advertencia a sus colegas parlamentarios: “Estarán violando la Constitución Argentina y desconociendo las leyes vigentes y la soberanía”.
Nicolás Massot, miembro de la Bicameral y referente económico del bloque de Miguel Ángel Pichetto, también marcó su desacuerdo. “El Gobierno ya se apropió de la fijación de prioridades de gasto al no tratar el Presupuesto dos años seguidos. Ahora, también se apropia de las autorizaciones de deuda. Es un avance inadmisible sobre las facultades del Congreso”, sentenció en diálogo con LA NACION.
Y fue más allá: “En vez de fortalecer el acuerdo con una ley votada por ambas Cámaras, el Gobierno prefiere deslegitimarlo con una minoría que lo sostenga en una sola”. Para él, el problema no es el acuerdo con el FMI, sino el método. “No significa que deba esperarse a que esté el Presupuesto sancionado, pero sí que el Gobierno lo envíe actualizado e inicie el debate en comisión”.
El Gobierno quiere cerrar un acuerdo con el FMI 𝗽𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝘆 𝘀𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘃𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲, agotando en días los fondos aprobados para 2023. ¿𝗖𝗼́𝗺𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗮 “𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱” 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝘆…
— Oscar Agost Carreño (@oagost) March 11, 2025
En el PRO hay matices. Mauricio Macri, consultado en Expoagro, apoyó el nuevo acuerdo con el FMI, pero criticó la decisión de hacerlo vía decreto, marcando otra diferencia con Milei. En el bloque señalaron que pedirán detalles, pero todo indica que acompañarán el texto en el recinto.
Entre los radicales de Democracia, el esquema es similar: exigen más información, pero no descartan avalar el acuerdo. “Cuando se conozca la letra chica, se verá”, deslizan.
La Bicameral refleja el escenario de paridad. Libertarios, PRO, UCR y MID suman ocho votos; el kirchnerismo, Massot y el exoficialista Francisco Paoltroni, otros ocho. Un empate que a nadie le sirve. El tiempo juega a favor del Gobierno. La oposición, golpeada y sin un plan en común, tiene el desafío de no quedar atrapada en la estrategia de Milei.
EXPLIQUEN A LA SOCIEDAD EL ACUERDO CON EL FMI
El Gobierno quiere que el Congreso convalide un decreto (DNU) que le otorga un “cheque en blanco” para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lamentamos que se siga manejando de manera opaca y caprichosa. Un…
— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) March 11, 2025
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