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Hmong: El pueblo de Laos para el que la guerra de Vietnam nunca terminó

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La etnia Hmong es una comunidad originaria de las regiones montañosas del sudeste asiático, principalmente en Laos, Vietnam, Tailandia y China. Aunque esta comunidad ha preservado una rica herencia cultural a lo largo de los siglos, también ha enfrentado grandes dificultades debido a su resistencia a la asimilación y su participación en diversos conflictos regionales. Un claro ejemplo de su visibilidad se dio en la película Gran Torino (2008), dirigida por Clint Eastwood, donde personajes Hmong son parte de la trama, pero su historia va mucho más allá de lo que se muestra en el cine.

Uno de los episodios más importantes en su historia reciente fue su papel durante la guerra de Vietnam, donde muchos Hmong se aliaron con las fuerzas estadounidenses para luchar contra el Pathet Lao, el movimiento comunista en Laos. Tras la victoria comunista en 1975, los Hmong fueron catalogados como enemigos del estado, lo que desató una feroz persecución que ha continuado hasta hoy. El gobierno comunista de Laos ha mantenido una política de represión que busca erradicar a los grupos Hmong que aún habitan las montañas. Esta persecución ha incluido desplazamientos forzados, ataques militares y represión sistemática.

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Refugiados Hmong en Tailandia antes de ser repatriados (Foto: AFP).

Históricamente, los Hmong se originaron en China, y a lo largo de los siglos XIX y XX migraron hacia Laos, Vietnam y otras áreas del sudeste asiático en busca de mejores condiciones de vida. Durante la guerra de Vietnam, jugaron un papel crucial al ser reclutados por la CIA para participar en la guerra secreta contra el Pathet Lao. Debido a esta alianza, fueron brutalmente perseguidos por el gobierno laosiano una vez que los comunistas tomaron el poder. Muchos huyeron del país, mientras que otros se refugiaron en las montañas, donde algunos siguen resistiendo.

Actualmente, algunos grupos Hmong permanecen en las regiones montañosas más remotas de Laos, como Phou Bia, pero enfrentan amenazas constantes. El gobierno ha impulsado proyectos turísticos e infraestructuras en estas áreas, desplazando a muchas comunidades Hmong de sus tierras ancestrales y provocando un incremento en la violencia y los desplazamientos forzados.

La comunidad internacional ha expresado preocupación por esta situación. Organismos como las Naciones Unidas (ONU) y la Organizaciones de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) han condenado las acciones del gobierno de Laos, instando a poner fin a la persecución de los Hmong. Sin embargo, a pesar de la presión internacional, Laos sigue negando las acusaciones de genocidio y restringe el acceso a las zonas donde residen estas comunidades. Por otro lado, Tailandia, aunque ha ofrecido refugio temporal a algunos Hmong, se ve limitada por sus relaciones diplomáticas con Laos. Vietnam, que tiene una relación cercana con el régimen laosiano, ha mostrado poco interés en intervenir.

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Desde el fin de la guerra de Vietnam en 1975, se estima que unos 7.700 Hmong han sido repatriados de manera forzosa desde Tailandia, y cientos más permanecen desplazados dentro de Laos. El gobierno de Laos sigue refiriéndose a ellos como «bandoleros», sin reconocer la persecución sistemática que enfrentan. Además, aunque es difícil obtener cifras exactas sobre ejecuciones, se han documentado graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.


Muchos de los militares hmong reclutados por la CIA en los años 70 viven ahora en Estados Unidos (Foto: Getty Images).

El abandono de los Hmong tras la guerra de Vietnam guarda similitudes con la reciente retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Al igual que los Hmong, que fueron perseguidos por el gobierno de Laos después de haber apoyado a las fuerzas estadounidenses, miles de afganos que colaboraron con Estados Unidos quedaron atrás y enfrentaron represalias de los talibanes. Este patrón de retirada genera rechazo sobre la responsabilidad de Estados Unidos hacia aquellos que lo han apoyado en sus misiones militares.

La persecución de los Hmong en Laos puede ser vista a través del prisma de las ideas de Deirdre McCloskey, profesora emérita de la Universidad de Illinois en Chicago, sobre la importancia de la dignidad y la libertad individual como motores fundamentales para el progreso social y humano. En su análisis, McCloskey enfatiza que el respeto por las libertades y la autonomía de las personas y los grupos, más allá de su contribución económica, es lo que realmente permite que las sociedades prosperen. Aplicando este enfoque al caso Hmong, la represión estatal que busca suprimir la identidad cultural de esta comunidad y sus aspiraciones de autodeterminación no solo es una violación de los derechos humanos, sino que también priva al estado y a la sociedad de los beneficios que provienen del respeto y la dignificación de las minorías. Según McCloskey, cualquier intento de coerción que impida a las personas vivir con dignidad socava tanto el bienestar individual como el colectivo, lo cual es evidente en la marginación y violencia que sufren los Hmong por parte del gobierno de Laos.


El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone.

Declaraciones recientes subrayan la gravedad de la situación actual de los Hmong. Vang Seo Gia, un activista Hmong exiliado en Estados Unidos, ha denunciado que la represión en Laos sigue siendo sistemática, con desplazamientos y persecuciones especialmente en las áreas rurales. Lù A Da, otro activista Hmong detenido en Tailandia en 2023, también ha denunciado que miles de Hmong han sido arrestados y ejecutados sin un juicio adecuado, describiendo la situación como una crisis humanitaria que requiere una intervención internacional urgente.

La situación de la etnia Hmong en Laos sigue siendo un motivo de preocupación para la comunidad internacional, dado el prolongado historial de persecución y desplazamiento que han sufrido desde el fin de la guerra de Vietnam. Aunque han existido esfuerzos para visibilizar la represión, es fundamental que los organismos internacionales y las naciones vecinas refuercen sus llamados al diálogo y la protección de esta comunidad. Es vital que las acciones diplomáticas promuevan un entorno donde los Hmong puedan preservar su cultura y tradiciones sin temor a represalias. Al mismo tiempo, Laos debe ser alentado a avanzar hacia una reconciliación interna que garantice la dignidad y los derechos de todas sus comunidades, asegurando un futuro más inclusivo y estable para el país y la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Estados Unidos, ONU, Clint Eastwood, Naciones Unidas, Organización de Naciones y Pueblos No Representados, UNPO, Anderson N. Riverol, Lù A Da, Vang Seo Gia, Deirdre McCloskey, Hmong, Laos, Sonexay Siphandone, Thongloun Sisoulith

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La oposición criticó el acuerdo por decreto con el FMI: “Es un escándalo”

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La decisión del gobierno de Javier Milei de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y luego enviarlo al Congreso generó sorpresa y malestar en la oposición. Mientras algunos legisladores aliados se mostraron dispuestos a acompañar la medida, los sectores más críticos denunciaron una maniobra inconstitucional para eludir el debate parlamentario. El decreto deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo antes de su tratamiento en ambas Cámaras.

El senador Luis Juez, del Frente PRO e integrante de la bicameral, reconoció que la estrategia del Ejecutivo lo tomó por sorpresa, aunque confirmó su respaldo. En contraste, desde el peronismo hubo un rechazo categórico. El senador Martín Doñate afirmó: “No vamos a reconocer este endeudamiento ilegal. Si Milei y Caputo creen que pueden atar a la Argentina a una nueva deuda con el FMI con un DNU inconstitucional, están equivocados”. Argumentó que la medida “viola la Ley 27.612” y carece de “legitimidad y cumplimiento legal”.

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Martín Doñate

Desde Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot calificó la medida como “un escándalo” y advirtió que el Gobierno “ha ido demasiado lejos con sus atropellos institucionales”. Su compañero de bloque, Oscar Agost Carreño, cuestionó que Milei use un DNU “para autorizarse a sí mismo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI” y evitar el control parlamentario. “Apela a una herramienta de dudosa constitucionalidad para esquivar al Congreso, al que desprecia”, sentenció.

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Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto

En el bloque Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal criticó la falta de diálogo y la tendencia del Gobierno a actuar unilateralmente. “Milei elige la patoteada en vez del camino de la institucionalidad”, afirmó. Su compañero Pablo Juliano acusó al Presidente de hipotecar el futuro del país: “Tu DNU implica que la fiesta de gasto público sea financiada por generaciones que no solo no han votado, sino que no han nacido”.

El Frente de Izquierda también expresó su rechazo. El diputado Christian Castillo recordó que Milei había prometido enviar el acuerdo al Congreso y ahora lo impone por decreto. “O sea, su intención es que haya CERO debate en el Congreso. Frente a esta maniobra ilegal hay que voltear este DNU de entrega y saqueo”, escribió en sus redes sociales.

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La controversia se enmarca en la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021, que exige la aprobación del Congreso para los acuerdos con el FMI. La norma fue impulsada por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, con el objetivo de garantizar que las negociaciones de deuda sean políticas de Estado y cuenten con control parlamentario. Con este DNU, el gobierno de Milei enfrenta no solo la resistencia política, sino también un posible conflicto legal sobre la validez de la medida.

La entrada La oposición criticó el acuerdo por decreto con el FMI: “Es un escándalo” se publicó primero en Nexofin.

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La oposición criticó el acuerdo por decreto con el FMI: “Es un escándalo”

El Gobierno confirmó que presentará un DNU para sellar el programa con el organismo internacional y exigió un respaldo «urgente» del Congreso.

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La decisión del gobierno de Javier Milei de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y luego enviarlo al Congreso generó sorpresa y malestar en la oposición. Mientras algunos legisladores aliados se mostraron dispuestos a acompañar la medida, los sectores más críticos denunciaron una maniobra inconstitucional para eludir el debate parlamentario. El decreto deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo antes de su tratamiento en ambas Cámaras.

El senador Luis Juez, del Frente PRO e integrante de la bicameral, reconoció que la estrategia del Ejecutivo lo tomó por sorpresa, aunque confirmó su respaldo. En contraste, desde el peronismo hubo un rechazo categórico. El senador Martín Doñate afirmó: “No vamos a reconocer este endeudamiento ilegal. Si Milei y Caputo creen que pueden atar a la Argentina a una nueva deuda con el FMI con un DNU inconstitucional, están equivocados”. Argumentó que la medida “viola la Ley 27.612” y carece de “legitimidad y cumplimiento legal”.

Martín Doñate

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Desde Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot calificó la medida como “un escándalo” y advirtió que el Gobierno “ha ido demasiado lejos con sus atropellos institucionales”. Su compañero de bloque, Oscar Agost Carreño, cuestionó que Milei use un DNU “para autorizarse a sí mismo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI” y evitar el control parlamentario. “Apela a una herramienta de dudosa constitucionalidad para esquivar al Congreso, al que desprecia”, sentenció.

Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto

En el bloque Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal criticó la falta de diálogo y la tendencia del Gobierno a actuar unilateralmente. “Milei elige la patoteada en vez del camino de la institucionalidad”, afirmó. Su compañero Pablo Juliano acusó al Presidente de hipotecar el futuro del país: “Tu DNU implica que la fiesta de gasto público sea financiada por generaciones que no solo no han votado, sino que no han nacido”.

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El Frente de Izquierda también expresó su rechazo. El diputado Christian Castillo recordó que Milei había prometido enviar el acuerdo al Congreso y ahora lo impone por decreto. “O sea, su intención es que haya CERO debate en el Congreso. Frente a esta maniobra ilegal hay que voltear este DNU de entrega y saqueo”, escribió en sus redes sociales.

La controversia se enmarca en la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021, que exige la aprobación del Congreso para los acuerdos con el FMI. La norma fue impulsada por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, con el objetivo de garantizar que las negociaciones de deuda sean políticas de Estado y cuenten con control parlamentario. Con este DNU, el gobierno de Milei enfrenta no solo la resistencia política, sino también un posible conflicto legal sobre la validez de la medida.

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«Voltear los dos pliegos»: la orden que bajó Cristina a los senadores del PJ tras el revés del Gobierno en la Corte

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En el momento en que la Corte Suprema rechazó la licencia de Ariel Lijo como juez federal, por los despachos del Senado ya circulaba el dictamen de Manuel García-Mansilla. De ese modo el kircherismo ratificó su plan de acelerar para dejar listo el escenario para llevar los dos pliegos al recinto (el de Lijo ya había reunido las firmas necesarias), pese a las diferencias internas en el bloque de Unión por la Patria.

Cristina Kirchner no se movió de su silencio ante la designación de ambos postulantes por decreto, pero instruyó a los senadores para avanzar hacia una sesión en la que se discutan ambas nominaciones. “Vamos a voltear los dos pliegos”, adelantó un referente de la bancada conducida por José Mayans y Juliana Di Tullio.

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El peronismo buscó abrir una negociación con el Gobierno, que incluyera la postulación para la Corte de una candidata mujer afín al espacio y otros lugares clave como el Procurador, aunque la propuesta no prosperó y con la asunción de García-Mansilla en comisión el bloque decidió apurar los tiempos.

Para concretar el rechazo de ambos pliegos, además de reunir las firmas para el dictamen de García-Mansilla, Unión por la Patria necesitará juntar 37 senadores para abrir la sesión y luego 25 voluntades en contra -de esa manera se asegurará que ninguno de los dos tendrá el apoyo de los dos tercios-, más allá de que para que la votación se concrete también tendrá que haber en ese momento al menos 37 legisladores en sus bancas para evitar que el debate se caiga por falta de quórum.

La discusión en el interior del PJ

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Las diferencias internas en el bloque de senadores peronistas generaron dudas sobre la posibilidad de conseguir esos números, aunque los nombramientos en comisión achicaron las posiciones encontradas. Antes del decreto de Javier Milei, un sector estaba decidido a avalar el pliego de Lijo (tres senadores de Unión por la Patria firmaron su dictamen) y algunos incluso iban a hacerlo con el de García Mansilla. En el caso del juez federal habían transmitido que tendría 14 votos a favor.

“El decreto cambió todo, dinamitó el acuerdo con los gobernadores. No se puede sostener ese método, porque después te mete el Procurador y todo en comisión”, dijo este jueves a Clarín uno de los senadores peronistas que estaba dispuesto a aprobar ambas nominaciones. “No sé hasta qué punto los quisieron favorecer o joder con el decreto”, cuestionó la estrategia elegida por la Casa Rosada.

Más allá de que Victoria Villarruel podrá demorar la convocatoria a la sesión, con el propósito de ganar tiempo, y del margen de maniobra del Gobierno para negociar y torcer voluntades como sucedió con la fallida creación de la comisión investigadora por la estafa de $LIBRA, por el momento en el peronismo descuentan que los pliegos no tendrán los apoyos para ser aprobados.

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“Lijo tiene 40 votos en contra y García-Mansilla más, unos 44 como mínimo. Es mucho”, calcularon en el despacho de un legislador con terminal en un gobernador peronista. Un senador alineado con Cristina Kirchner tenía la misma impresión: “Todos firmamos que nos comprometíamos a rechazar cualquier designación por decreto”.

Aun cuando algunos aclararon ante este diario que no habían suscripto el documento, entre los díscolos la mayoría entiende que en este caso no tendría margen para tomar una postura a contramano de la conducción del bloque. “Todo se complica cada vez más”, reconoció un senador que pretendía votar a favor de Lijo, luego de la resolución de los cuatro integrantes de la Corte sobre su licencia.

El kirchnerismo, a su vez, deberá superar el obstáculo de que senadores de otros bloques acepten plegarse a la iniciativa que implicaría un fuerte golpe al Gobierno, aunque miembros del radicalismo y del PRO ya se pronunciaron en contra de los nombramientos por decreto. “Considero que hay que ir al recinto a tratar los dos pliegos, como manda la Constitución”, aseguró a este diario Guadalupe Tagliaferri, titular de la Comisión de Acuerdos.

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