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Hun Manet, la nueva cara de la autocracia en Camboya

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Camboya es un país marcado por una de las tragedias más desgarradoras del siglo XX: el genocidio bajo el régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979). Este movimiento, liderado por Pol Pot, implementó una versión extrema del maoísmo, buscando convertir a Camboya en una sociedad agraria completamente autosuficiente. En su afán por lograr esta utopía igualitaria, se llevaron a cabo políticas que devastaron al país. La abolición de la propiedad privada, la eliminación del dinero y el desplazamiento forzoso de millones de personas hacia campos de trabajo causaron la muerte de aproximadamente 1.700.000 de camboyanos. Intelectuales, educadores e incluso aquellos que usaban anteojos eran asociados con la intelectualidad por consiguiente fueron asesinados, bajo la lógica de que eran una amenaza para la visión rural del régimen.

Este período oscuro, conocido como el «genocidio camboyano», no solo exterminó a una cuarta parte de la población, sino que también desmanteló las estructuras sociales y culturales de Camboya. Familias destruidas, religiones prohibidas y minorías perseguidas definieron la esencia del régimen. La situación se volvió insostenible y, a finales de 1978, Vietnam invadió Camboya, derrocando a los Jemeres Rojos en enero de 1979.

Tras la caída de los Jemeres Rojos, Camboya fue gobernada por el Partido Revolucionario del Pueblo de Kampuchea (PRPK), que más tarde se transformaría en el Partido Popular de Camboya (CPP), con el respaldo de Vietnam. En 1985, Hun Sen, ex miembro de los Jemeres Rojos que desertó, asumió el liderazgo del país. Aunque bajo su mandato Camboya adoptó algunas reformas económicas, la política continuó dominada por un régimen autoritario que consolidó el poder en manos del CPP. Este sistema ha dejado a Camboya funcionando como una democracia de partido único, donde las elecciones han sido regularmente acusadas de manipulación.


Hun Sen, presidente del Senado de Camboya (Foto: AP / Heng Sinith).

En el contexto actual, la figura de Hun Manet, hijo de Hun Sen, ha dado continuidad al control absoluto del CPP. Su ascenso al poder en 2023 no ha significado un cambio en la política represiva. Las voces disidentes, tanto de la sociedad civil como de los movimientos de oposición, continúan siendo neutralizadas mediante detenciones arbitrarias y un sistema judicial controlado por el partido. Aunque la economía ha experimentado cierto crecimiento, las libertades fundamentales permanecen restringidas, y los medios independientes han sido cerrados o silenciados, como el caso de Voice of Democracy este año.

El CPP ha mantenido su hegemonía desde los años 80, neutralizando cualquier oposición política. Un ejemplo reciente es el caso del líder opositor Kem Sokha, condenado en 2023 a 27 años de prisión bajo cargos de traición. La represión constante y el control de las instituciones, especialmente del poder judicial, han permitido que el CPP controle la política de manera incontestable. Las elecciones de 2023 fueron otro ejemplo de cómo el gobierno ha utilizado tácticas de intimidación y arrestos arbitrarios para eliminar cualquier desafío político, denunciado por organizaciones como Human Rights Watch.


El líder opositor Kem Sokha (Foto: Heng Sinith / Associated Press).

Este panorama evidencia la transición de Camboya, de un régimen comunista radical a una autocracia, en la que el poder sigue concentrado en un solo partido. La sombra del pasado genocida sigue presente, y aunque el país ha hecho avances en la reconstrucción económica, las heridas del autoritarismo y la falta de libertades políticas continúan abiertas.

El economista austriaco Ludwig von Mises, en su obra Socialismo, ofrece una explicación que ayuda a entender parte del autoritarismo que hoy se vive en Camboya. Mises argumentaba que el socialismo debe ser intrínsecamente autoritario porque no puede permitir que las personas elijan su propio destino; su objetivo es reorganizar la sociedad según una idea preconcebida, lo que requiere suprimir la libertad individual para lograr sus metas. Esto se reflejó claramente en el genocidio llevado a cabo por los Jemeres Rojos.

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Si bien el gobierno actual en Camboya no se compara directamente con el régimen de los Jemeres Rojos, Hun Manet y el CPP han replicado muchas de las tácticas autoritarias al perseguir la disidencia, controlar los medios de comunicación y mantener un sistema de poder centralizado. Este pasado septiembre, 94 personas fueron arrestadas por protestar contra un acuerdo económico con Vietnam y Laos; sin embargo, oficialmente se dijo que estas personas intentaban derrocar al gobierno. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Bryony Lau, directora adjunta de Asia en Human Rights Watch, criticó duramente las detenciones arbitrarias recientes, señalando que estas acciones muestran el desprecio del primer ministro Hun Manet por los derechos de los camboyanos y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. De manera similar, el profesor Neil Loughlin, de la Universidad de Londres, ha señalado que Hun Manet ha heredado no solo el cargo de primer ministro, sino un sistema autoritario profundamente arraigado que promueve la supervivencia del poder familiar a través de la represión política y el nepotismo. Todos estos indicios alejan al país de poder desarrollar una democracia estable.

De la vergüenza histórica que significaron los Jemeres Rojos hasta el actual autoritarismo, podemos concluir que lo que conecta ambos regímenes son las ideas colectivistas que inspiraron a unos y a otros, así como el mal uso del poder. Los primeros llevaron su visión al extremo, culminando en la destrucción masiva, mientras que los actuales, aunque más abiertos en temas económicos, siguen asaltando las libertades individuales, perpetuando así el fantasma del autoritarismo en Camboya. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Vietnam, Ludwig von Mises, Anderson N. Riverol, Human Rights Watch, Pol Pot, Camboya, Partido Revolucionario del Pueblo de Kampuchea, Partido Popular de Camboya, Hun Manet, Hun Sen, Kem Sokha, Jemeres Rojos, Bryony Lau, Neil Loughlin

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Milei arremetió contra Cristina Kirchner y Martín Lousteau por la marcha universitaria

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Este miércoles, Argentina vive una jornada de intensas protestas en el ámbito universitario, donde miles de estudiantes, docentes y representantes del sector educativo se manifestarán contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo.

En medio de la controversia, el mandatario no perdió oportunidad de apuntar a figuras de la oposición, señalando en particular a Cristina Kirchner y Martín Lousteau como los responsables de agitar las aguas detrás de las movilizaciones.

La ley de financiamiento educativo, que buscaba asegurar un presupuesto garantizado para las universidades públicas, fue sancionada hace unas semanas en el Congreso con amplio apoyo, tanto del oficialismo como de sectores de la oposición. Sin embargo, el mandatario libertario anunció rápidamente su intención de vetarla, argumentando que el proyecto es insostenible para las finanzas públicas en el contexto de un déficit fiscal que su administración busca revertir.

El rector de la UBA confirmó la adhesión a la marcha del 2 de octubre

Protestas y polémicas

Estudiantes, docentes, gremios y gran parte de la sociedad prometieron asistir hoy a los alrededores del Congreso de la Nación en defensa de la educación pública y el salario percibido en las distintas casas de Altos Estudios.

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Según lo anunciado, a partir de las 14, las distintas columnas comenzarán a congregarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo cerca del escenario que estará ubicado sobre la plaza, a la altura de Paraná y Sáenz Peña, para que el acto central comience a las 17 horas.

 

El rol de Cristina Kirchner y Lousteau en la narrativa oficial

En su mensaje, Milei dejó en claro que considera que la protesta no es un reclamo genuino por la educación, sino una maniobra política orquestada por la oposición. “Esto no es por la educación, es por el poder”, afirmó el presidente en uno de sus mensajes más resonantes. En ese sentido, acusó a Cristina Kirchner y a Martín Lousteau de estar utilizando a los estudiantes y docentes para atacar su gestión y socavar su programa de ajuste económico, que busca reducir el gasto público de manera drástica.

Esta postura se alinea con la narrativa que el gobierno de Milei ha sostenido desde que asumió el cargo: que gran parte de las críticas y protestas que enfrenta no son más que intentos de desestabilización política liderados por sectores que no aceptan el cambio que propone. En este contexto, la marcha universitaria se presentó como otro frente de batalla en una disputa mayor entre el oficialismo libertario y las fuerzas opositoras.

La ley de financiamiento educativo y sus implicancias

El veto de Milei a la ley de financiamiento educativo es un tema que ha generado amplio debate. El proyecto original, impulsado por sectores de la oposición y aprobado en ambas cámaras, establecía un incremento gradual del presupuesto destinado a las universidades públicas, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentaron que este incremento es inviable en un contexto de ajuste fiscal, donde el gobierno busca reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.

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Milei defendió su decisión de vetar la ley, calificándola como “populista” y señalando que incrementaría el gasto sin garantizar una mejora real en la eficiencia del sistema educativo. De hecho, el Ministerio de Educación difundió un informe en las últimas horas que cuestiona la eficiencia del gasto en universidades y señala que, pese a las crecientes inversiones de años anteriores, los resultados en términos de calidad educativa y graduación de alumnos no han mejorado significativamente.

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