Sancionada bajo la administración de Javier Milei a partir de argumentos tales como la disminución de costos de los procesos electorales, desactivación del papel de punteros y administraciones oficialistas o eliminación de las cuestionadas listas sábana, sus consecuencias no son tan inmediatas ni tan claras como lo pretendía el proyecto aprobado. Al presente, todas son dudas.

La primera controversia surge a partir de la aparente determinación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de mantener el actual sistema de boleta sábana partidaria para las elecciones provinciales. “¿Para qué cambiar lo que funcionaba bien?”, se preguntan en su entorno. En realidad, más allá de algunas denuncias sin sustento legal, el sistema tradicional ha garantizado la transparencia electoral desde la restauración de la democracia en nuestro país, en 1983.

La objeción del gobierno nacional, en este caso, es que con este argumento se pretende mantener con vida al sistema de intermediarios y punteros que beneficia a los oficialismos y a las fuerzas políticas más poderosas. Pero aquí surgen dos cuestiones de peso en términos de realpolitik: por un lado, Kicillof no está solo en su negativa a aplicar en la provincia el nuevo sistema, ya que los partidos y coaliciones que integran la Legislatura bonaerense y administran prácticamente todos los municipios provinciales, se verían perjudicados en el caso de adoptarse la boleta única de papel. Por otro, está en vigencia aún la restricción legal a la reelección indefinida de intendentes, cuya aplicación fue postergada en la última elección. A esta altura, la mayoría de los alcaldes provinciales de las diversas fuerzas políticas -sobre todo el panperonismo, la UCR y el Pro- quedarían fuera de la posibilidad de encabezar sus listas sábana, por lo que la adopción del nuevo sistema implicaría el estallido de una bomba de tiempo dentro de la mayoría de los municipios. Conservándose la lista sábana, aún en el caso de que la vigencia de esa restricción quedara firme, los actuales intendentes podrían aparecer en las boletas partidarias en otras categorías electorales, favoreciendo así la aglutinación de votos, ya sea por su reconocimiento o bien por el aporte de los intermediarios políticos. Pero, si se pegara el salto al nuevo sistema, los resultados serían imprevisibles, sobre todo porque se prevé un alto nivel de anulación de boletas o de categorías que quedarían vacantes, no sólo por la impericia de los electores al momento de escoger sus acciones sino que también desconocerían a la mayoría de los candidatos.

Además, lo que pretende ser un beneficio para las fuerzas políticas sin mayor inserción territorial, como es el caso de LLA, podría jugarles en contra. En las elecciones de 2023, al diferenciarse los calendarios electorales, los candidatos de Javier Milei registraron pésimos resultados en todos los distritos electorales en las provinciales y municipales, y sólo consiguieron acceder a algunas bancas por el efecto arrastre del candidato presidencial. Nada autoriza a pensar que, en esta ocasión, el resultado sería diferente.

Tampoco está confirmado que el nuevo sistema implique una disminución de costos del proceso electoral. La BUP tiene mucha mayor dimensión que las partidarias tradicionales, y, en caso de mantenerse la duplicidad de sistemas, haría falta fabricar el doble de urnas. Los costos no se reducirían tampoco en el caso de que las PASO y las generales nacionales y provinciales se realizaran en fechas diferenciadas, por lo que habría que duplicar los operativos electorales. Si bien en muchas provincias ya vienen realizándose de este modo, en la de Buenos Aires siempre tuvieron lugar de manera sincrónica. Esto podría cambiar ahora para el 38 por ciento del padrón electoral.

Tal cual es su costumbre, el gobierno nacional presionó a las autoridades provinciales advirtiendo que, en caso de desdoblamiento de cronograma, la provincia tendría que correr con los costos de los comicios. El tema aquí es que no hubo consulta alguna a la gobernación bonaerense al momento de elaborar el proyecto de BUP. En la provincia, y no sólo en el oficialismo, hay preocupación por la probable dispersión de votos, anulaciones, impugnaciones y casilleros vacíos, ya que esto podría significar un debilitamiento aún mayor de la institucionalidad política, al generar un extrañamiento o alejamiento mayor de la sociedad respecto de sus autoridades  y representantes.

Aquí es donde puede advertirse el fin último del cambio de sistema electoral propiciado por el gobierno: impulsar una devaluación mayor de la política, que permita fortalecer aún más la incidencia del poder económico más concentrado y de sus operadores mediáticos en el proceso de toma de decisiones. ALLA no le afectaría demasiado la eventual pérdida de posiciones institucionales, ya que tiene muy pocas y se las ha arreglado para gobernar por DNU y vetos, consiguiendo en el mercado persa los votos legislativos necesarios para sostenerlos. Para las fuerzas políticas tradicionales la situación es muy diferente, ya que sufrirían fuertes coletazos que afectarían significativamente sus posiciones institucionales.

Nada está definido aún, pero se trata de un tema que ya está instalado en las mesas políticas, y que incrementará su protagonismo a medida que se acerque el proceso electoral del año próximo. “No habrá definición en breve, es algo que se va a estudiar. Básicamente, porque Milei acaba de romper un sistema que andaba, que funcionaba, que nunca tuvo inconvenientes”, insisten en provincia. Pero el río ha comenzado a sonar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

COMENTÁ / VER COMENTARIOS