El dictamen favorable en el Senado para que avance el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema motiva un realineamiento de fuerzas dentro del máximo tribunal, que funciona con tres jueces en la actualidad y que está atravesado por una fuerte interna desde hace años entre Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

La llegada de Lijo es apuntalada desde el inicio por Lorenzetti, ex presidente del máximo tribunal, que fue quien recomendó su nombre al gobierno de Javier Milei y que, con el actual juez federal con una silla asegurada en la Corte, lograría una posición mayoritaria en buena parte de los fallos que se firmen.

Fuentes tribunalicias que responden al magistrado santafesino se mostraron muy confiadas en diálogo con Clarín de que Lijo sea confirmado la semana que viene, una vez que el Senado trate su pliego. «Está hecho, ahora o después de marzo, pero Ariel va a entrar», deslizan. Argumentan, además, que Lijo sigue siendo el único candidato en condiciones de lograr los dos tercios de los votos, es decir, 48.

En la oficina del cuarto piso de Lorenzetti argumentan que la llegada de Lijo se va a dar porque el contexto político resulta mucho más favorable para el Gobierno que, por ejemplo, el que tuvo que atravesar el macrismo en 2017, cuando tuvo que aprobar los ingresos de Rosatti y Carlos Rosenkrantz. «Si ellos entraron en ese momento, con Cristina adentro del Senado, por qué el kirchnerismo no daría votos ahora. Siempre los primeros dos años los gobiernos de alguna manera logran consenso para estas decisiones», contextualizan.

El caso de Manuel García-Mansilla, el otro candidato, parece de más compleja solución y de diferente análisis también. En la Corte toma cada vez más fuerza la hipótesis de que su nombramiento saldrá por decreto y que para que el mismo se oficialice debería darse antes del 1° de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias y, en paralelo, se active definitivamente el año judicial.

Para Lorenzetti, sostienen quienes forman parte de su mesa chica, la actualidad de la Corte, con tres miembros, es insostenible por el enorme número de casos que deben revisar y porque la intervención de conjueces lleva mucho tiempo y demoran todavía más algunas sentencias importantes que tienen que firmarse. «Les cuesta, lógicamente, un mes como mínimo ponerse en tema con las causas que tienen que tratar», dicen.

Por estas horas, más allá del affaire Lijo, en la Corte Suprema un tema central de preocupación es cómo resolver la crisis que enfrenta el máximo tribunal con las cámaras naciones que tienen asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Ya son tres los tribunales de alzada locales que se negaron a aceptar el denominado Fallo Levinas, que obliga a esas cámaras a remitir sus fallos ante el Tribunal Supremo de Justicia porteño y lo desvincula de Nación.

El tema genera rispideces dentro de la Corte por cómo se manejó. Cerca de Lorenzetti, responsabilizan por completo a Rosatti por ser titular del máximo tribunal. «Es un fallo que se podría haber resuelto hace tres años y se fue dilatando en el tiempo sin sentido», explican. Pero el motivo principal del fastidio tiene que ver con el momento en el que se firmó y se comunicó la decisión.

Fue el 27 de diciembre pasado, en la última acordada de la Corte, cuando el máximo tribunal se despachó con el fallo Levinas. Ese mismo día se jubiló el juez Juan Carlos Maqueda. Después de allí, aseguran, el tema generó fuertes discusiones en los chats de jueces porque desde las cámaras entendieron que el pronunciamiento salió con intencionalidad en fin de año, cuando inicia la feria judicial.

Fuentes tribunalicias sostienen que se evitó un fallo antes para no generar conflictos en el encuentro de fin de año de la Asociación de Magistrados. «El fallo está bien, es el que corresponde y se tiene que aplicar, pero no fue el momento oportuno el que se firmó. Nos manejamos mal», puntualizan desde una oficina en Talcahuano.